La Dirección Regional de Educación de Huánuco ratificó a seis directores de UGEL mediante una evaluación de desempeño que no consideró presuntas denuncias ni antecedentes funcionales durante el ejercicio del cargo, según reconoció Kelvin Augusto Álvarez Matos, titular de la DRE. El proceso se centró en cinco criterios técnicos definidos por el Ministerio de Educación y en 10 indicadores adicionales aplicados por el propio sector.
Álvarez Matos explicó que la evaluación tomó en cuenta la distribución de materiales educativos, el fortalecimiento de competencias docentes, el fortalecimiento de directivos, la convivencia escolar y el cierre de brechas. Según precisó, el comité estuvo integrado por representantes de la DRE y por un integrante del Ministerio de Educación, quienes aplicaron los criterios establecidos en la norma técnica vigente.
El director regional admitió que la evaluación actual no midió como criterio central el avance porcentual de los aprendizajes escolares, a diferencia de lo que ocurrió en 2020. En ese año, según recordó, sí existía un parámetro que otorgaba puntaje de acuerdo con el incremento de resultados, por ejemplo, cuando una jurisdicción registraba mejoras de 5% en determinados indicadores educativos.
La evaluación dejó fuera las denuncias
El punto más sensible apareció cuando se le preguntó si el proceso consideró presuntas denuncias o antecedentes vinculados al comportamiento de directores durante sus funciones. Álvarez Matos respondió que esos elementos no están contemplados en los criterios de evaluación y sostuvo que el procedimiento se limita a los cinco procesos críticos fijados por el Ministerio de Educación.
La respuesta del titular de la DRE abre una discusión sobre el alcance real de la evaluación aplicada a los directores de UGEL. De acuerdo con lo señalado por Álvarez Matos, el resultado favorable depende del promedio entre los cinco desempeños revisados por el comité regional y los 10 indicadores evaluados por el Minedu, sin incorporar necesariamente otros aspectos de idoneidad funcional.
El caso de la UGEL Huánuco expuso con mayor claridad las limitaciones del proceso. Su director, Pérez Naupay, señaló que su jurisdicción comprende 1193 instituciones educativas, de las cuales 982 son públicas y 209 privadas. Sin embargo, al ser consultado sobre cuánto mejoró la calidad educativa durante sus cuatro años de gestión, no presentó una cifra general consolidada.
Naupay indicó que los avances deben analizarse por áreas, como comunicación, matemática, ciencia y tecnología. Luego señaló que, “en números”, la UGEL habría avanzado “un par de dos puntos”, aunque no precisó el punto de partida, el indicador utilizado ni la meta prevista al cierre de su gestión. También sostuvo que la última evaluación de logros de aprendizaje recién estaba siendo procesada por el área técnica correspondiente.
Los aprendizajes quedan como deuda pendiente
El director de la UGEL Huánuco atribuyó parte de las dificultades a la dimensión de su jurisdicción. Según indicó, administrar 1193 instituciones educativas exige una capacidad operativa mayor que la de otras UGEL más pequeñas, especialmente en procesos como contratación docente, monitoreo pedagógico y desplazamiento hacia instituciones educativas alejadas.
Naupay también señaló que la UGEL Huánuco realizó más de mil contrataciones docentes y gestionó, hace aproximadamente dos años, más de 50 auxiliares de educación. No obstante, reconoció que la brecha continúa y que el trabajo depende también de aliados como los municipios, principalmente cuando existen déficits de personal o limitaciones presupuestales para atender todas las instituciones.
Desde la DRE, Álvarez Matos destacó avances en conectividad como parte del cierre de brechas. Según afirmó, cuatro UGEL han logrado progresos importantes en acceso a internet y mencionó los casos de Huacaybamba, Ambo y Huamalíes, provincias que —de acuerdo con su versión— se acercan al 100% de conectividad en instituciones educativas.
La ratificación de los seis directores deja abierta una pregunta central para la educación regional: si el cumplimiento administrativo de indicadores basta para sostener a una autoridad educativa en el cargo cuando no existen cifras claras sobre mejora de aprendizajes ni filtros que incorporen presuntas denuncias funcionales.
El nuevo periodo de los directores ratificados quedará bajo observación pública. La DRE deberá explicar con datos verificables cuánto avanzaron los estudiantes, qué brechas siguen abiertas y cómo responderá ante cuestionamientos que hoy no forman parte de la evaluación formal, pero que sí pesan en la confianza ciudadana sobre la gestión educativa.
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