Un informe de la Contraloría revela un perjuicio de más de S/ 3 millones en equipos biomédicos sin uso en el Hospital Hermilio Valdizán, caso que expone fallas estructurales en la gestión regional de la salud.
Más de S/ 3 002 331 en recursos públicos terminaron convertidos en equipos biomédicos almacenados y sin uso en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, según reveló la Contraloría General de la República en su Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 082-2026-CG/GRHC-AC. Las adquisiciones fueron realizadas por el Gobierno Regional de Huánuco entre 2021 y marzo de 2025, dentro de un proyecto de inversión sanitaria que alcanzó S/ 8 369 031. En una región con brechas persistentes en atención médica, la cifra refleja una paradoja preocupante: tecnología comprada con dinero público que no atiende a ningún paciente.
El caso más significativo corresponde a la compra de un equipo Eximer Láser para la Unidad de Oftalmología, realizada en 2023, cuyo perjuicio económico fue estimado en S/ 2 383 801. Según la Contraloría, el hospital no cuenta con el ambiente quirúrgico necesario para operarlo y la Norma Técnica de Salud vigente ya no contempla este equipamiento para hospitales de nivel III, categoría a la que pertenece el Hermilio Valdizán. A ello se suma que el mantenimiento semestral supera los S/ 91 000, mientras que las cirugías refractivas para las que se utiliza no están cubiertas por el Seguro Integral de Salud (SIS).
La auditoría también identificó irregularidades en la compra de equipos de anestesia para la Unidad de Cirugía, adquiridos en 2023. De acuerdo con el informe, estos dispositivos no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, pero aun así fueron recepcionados y pagados por la administración regional, generando un perjuicio adicional de S/ 215 600.
Un tercer episodio ocurrió en 2024, cuando el Gobierno Regional adquirió 37 coches de paro destinados a diferentes áreas hospitalarias. Las actas de recepción revisadas por la Contraloría indican que los equipos no fueron entregados con la marca de resucitadores ofertados, tampoco fueron instalados y no se brindó capacitación al personal médico. Este proceso generó un perjuicio estimado de S/ 402 930, completando el total de S/ 3 002 331 en recursos públicos observados por el órgano de control.
La Contraloría informó que identificó presunta responsabilidad penal, civil y administrativa en 10 funcionarios públicos involucrados en los procesos de adquisición y recepción de los equipos. Por ello, recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes. El informe ya fue incorporado al Buscador de Informes de Servicios de Control, herramienta pública que registra las auditorías realizadas a entidades del Estado.
