Las recientes denuncias de presuntos hostigamientos y cobros irregulares vinculados a inspectores municipales han vuelto a exponer una fragilidad institucional que Huánuco arrastra desde hace años: la falta de un sistema de fiscalización del transporte que combine autoridad, transparencia y resultados. La propuesta del regidor Jhin Espinoza Caqui de eliminar la Oficina de Inspectores Municipales y devolver el control del tránsito a la Policía Nacional del Perú (PNP) no debe entenderse solo como una iniciativa política, sino como un síntoma de un problema mayor que la ciudad aún no ha resuelto.
El conflicto se produce luego del plantón protagonizado por transportistas, quienes denunciaron presuntas intervenciones arbitrarias de inspectores municipales. Las acusaciones —que según Espinoza deben ser sustentadas con pruebas— colocan bajo cuestionamiento la legitimidad de una oficina creada, paradójicamente, a pedido del propio sector transportista durante una gestión municipal anterior.
El problema, sin embargo, no se reduce a la existencia o no de una oficina municipal. La discusión de fondo es si el modelo de fiscalización aplicado en Huánuco ha logrado ordenar el transporte o si, por el contrario, ha reproducido los mismos problemas que buscaba resolver.
Huánuco vive desde hace más de una década un crecimiento desordenado del transporte urbano. La informalidad, la superposición de rutas, la competencia por pasajeros y la debilidad del control estatal forman parte de una realidad que ningún gobierno municipal ha logrado revertir completamente.
La creación de inspectores municipales buscaba llenar un vacío de control que la Policía no podía cubrir por sí sola. Sin embargo, los cuestionamientos actuales evidencian que fortalecer una estructura administrativa no necesariamente equivale a mejorar el sistema si no existe un marco claro de fiscalización, transparencia y coordinación institucional.
Eliminar la oficina, como propone el regidor Espinoza, podría abrir un debate necesario sobre los costos y la eficiencia del aparato municipal. Pero trasladar nuevamente toda la responsabilidad a la Policía tampoco garantiza, por sí solo, la solución de un problema estructural que involucra planificación urbana, regulación de rutas y formalización del servicio.
Lo que la ciudad necesita discutir no es únicamente quién controla el tránsito, sino cómo se construye un sistema de transporte que funcione para los ciudadanos. La fiscalización es apenas una pieza de un engranaje mayor que incluye ordenanzas claras, supervisión efectiva y una relación institucional transparente con los gremios del sector.
Huánuco enfrenta hoy una oportunidad para revisar con seriedad su modelo de transporte urbano. Las denuncias deben investigarse con rigor, las responsabilidades deben esclarecerse y el debate institucional debe darse sin simplificaciones. La pregunta que queda abierta es si esta crisis servirá para impulsar una reforma real del sistema o si terminará convirtiéndose en otro episodio más en una larga historia de desorden en el tránsito de la ciudad.
