Las denuncias sobre retrasos quirúrgicos y presuntos cobros indebidos a pacientes en hospitales de EsSalud en Huánuco revelan una crisis que trasciende casos individuales y pone en cuestión la integridad del sistema público de salud
La acumulación de denuncias sobre pacientes con fracturas de fémur y cadera que permanecen días sin ser operados en hospitales de EsSalud en Huánuco configura un escenario inaceptable. Adultos mayores —el grupo más vulnerable— soportan dolor prolongado en camillas mientras enfrentan un sistema que, según los testimonios recogidos, responde con dilaciones, contradicciones y, en algunos casos, exigencias económicas fuera de los canales formales.
No se trata de hechos aislados, sino de un patrón que refleja una falla estructural. La atención de emergencias traumatológicas —como fracturas de cadera, que requieren intervención en menos de 48 horas según estándares médicos internacionales— no puede quedar supeditada a decisiones discrecionales ni, menos aún, a la capacidad de pago informal de los pacientes.
Las denuncias que apuntan a que algunos profesionales actúan con celeridad únicamente cuando el paciente acude a su consulta privada o realiza pagos “adicionales” en los consultorios de los médicos, constituyen una práctica que desnaturaliza el servicio público. Este comportamiento, además de éticamente reprochable, podría configurar responsabilidades administrativas y penales que las autoridades no pueden ignorar.
La reiteración de estas prácticas durante la última década ha erosionado el vínculo entre ciudadano y sistema de salud. Cuando un asegurado percibe que su atención depende de pagos informales, el principio de universalidad del servicio queda comprometido y el sistema se aproxima peligrosamente a una lógica de mercado informal.
Desde este Diario, la responsabilidad no puede diluirse. La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) tiene el mandato de supervisar y sancionar irregularidades, mientras que la propia EsSalud debe activar mecanismos internos de control. La ausencia de respuestas visibles hasta ahora abre interrogantes sobre la eficacia de estas instancias.
El impacto no es solo sanitario. En el plano social, afecta directamente a adultos mayores y familias con recursos limitados. En el plano económico, genera costos adicionales —consultas privadas, medicamentos, traslados— que distorsionan el propósito del seguro. En el plano político, erosiona la legitimidad de las instituciones públicas en un contexto ya marcado por desconfianza.
La pregunta que queda abierta no es menor: ¿cuántos casos más deberán acumularse para que el sistema reaccione con la contundencia que la situación exige? Lo que ocurra en las próximas semanas —investigaciones, sanciones o silencios— marcará no solo el rumbo de EsSalud en Huánuco, sino el mensaje que el Estado transmite a millones de ciudadanos que dependen de él en los momentos más críticos.
