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Hay cifras que no mienten, pero se quedan cortas. En todo el primer semestre, la Defensoría del Pueblo recibió unas veinticinco quejas por bullying de colegios de la ciudad. En lo que va del año, hasta agosto, el portal SíseVe del Ministerio de Educación acumuló 353 reportes de violencia escolar en la región. Son registros distintos y no se pueden sumar. Pero juntos dicen algo que cualquier padre de familia en Huánuco ya intuía: lo que llega a una oficina es apenas la parte que alguien se atrevió a contar. Lo reconoce el propio representante de la Defensoría, Marco Durand Rocca. El acoso escolar, admitió, muchas veces "no trasciende los muros del colegio", porque se maneja "de una manera reservada" para "no afectar la imagen de la institución". Esa confesión describe a colegios que, frente a un alumno humillado o golpeado, eligen cuidar su prestigio antes que al chico. En Diario Ahora creemos que eso tiene un nombre, y no es discreción. Es abandono. No hay vacío legal que sirva de excusa. Desde 2011, la Ley 29719 obliga al director de cada colegio a informar cada mes a la Defensoría sobre los casos de violencia y acoso entre estudiantes. También debe avisar a los padres de la víctima y del agresor y convocar de inmediato al consejo educativo. La norma cumple quince años. Aun así, cuando se le preguntó por los colegios privados, la Defensoría mencionó uno solo como ejemplo de los que informan. Si la ley existe y la entidad que recibe los reportes solo puede citar un ejemplo de quien la cumple, el problema ya no está en las reglas. Está en la voluntad de cumplirlas y en quienes deberían hacerlas cumplir. El resto del país ya da la advertencia. Entre enero y agosto, el SíseVe registró 11 805 reportes a nivel nacional, un récord. Casi uno de cada tres involucra al personal de los propios colegios, y la violencia sexual entre escolares creció 35,4 %. En Huancayo, el 23 de agosto, un escolar de 13 años murió apuñalado en plena calle; su madre contó que antes había sufrido bullying en su colegio. Nadie podrá decir después que no sabía hasta dónde puede llegar esto. Nuestra posición no admite matices. Un colegio que esconde el acoso para proteger su nombre no merece la confianza de los padres que le entregan a sus hijos. La Dirección Regional de Educación y las UGEL deben revisar, colegio por colegio, quién está informando como manda la ley, y hacer pública esa lista. A la Defensoría le pedimos lo mismo: que diga cuántos directores cumplen y cuántos no, en vez de citar una excepción. Y los padres tienen todo el derecho de preguntar en cada reunión qué se hizo con el último caso. Durand advirtió que, si docentes y funcionarios no asumen su responsabilidad, asistiremos a un "triste espectáculo". Tiene razón, aunque llega tarde: ese espectáculo ya empezó. Ocurre cada vez que un niño cambia de camino para no cruzarse con quien lo golpea, o cuando un apellido basta para volverlo blanco de burlas. Ese niño no aparece en ninguna estadística. Por él escribimos hoy, y por él vamos a seguir preguntando.