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La controversia por la instalación de puestos comerciales en la primera cuadra del jirón 2 de Mayo ya no es un simple desacuerdo administrativo. Es la consecuencia de una gestión municipal que decide primero, comunica después y escucha únicamente cuando los vecinos recurren a la justicia. Ese modo de gobernar no fortalece la autoridad: la aleja de la ciudadanía y convierte problemas previsibles en conflictos innecesarios. Los vecinos de Viña del Río tienen razones legítimas para exigir que su sector no sea utilizado como un espacio disponible para cualquier actividad temporal. Allí existen viviendas, negocios, tránsito cotidiano y rutas que deben permanecer libres para ambulancias, unidades de bomberos, vehículos policiales y personas con movilidad reducida. Ninguna celebración, aniversario o interés comercial puede colocarse por encima de la seguridad y del derecho de una comunidad a vivir con orden. Desde Diario Ahora rechazamos la costumbre de llamar “feria” a cualquier ocupación improvisada de una vía pública. Una feria verdadera exige planificación, servicios higiénicos, manejo de residuos, accesos de emergencia, control del comercio, horarios definidos y respeto por el entorno. Cuando esos elementos no están garantizados, lo que se instala no es una actividad organizada, sino un mercado temporal que traslada sus costos y molestias a los vecinos. La Municipalidad Provincial de Huánuco parece no haber comprendido todavía que gobernar no consiste en repartir autorizaciones desde un escritorio. Cada decisión sobre el espacio público afecta a personas concretas. Si una calle queda restringida, alguien pierde acceso a su vivienda. Si una ruta de emergencia se bloquea, toda la zona queda expuesta. Si aumentan los residuos, el ruido y el desorden, son los residentes quienes soportan las consecuencias. Lo más grave es que el sector haya tenido que acudir a una acción de amparo y solicitar una medida cautelar para ser escuchado. La justicia determinará si corresponde suspender la instalación de los puestos y si existe una amenaza a derechos fundamentales. Pero, más allá del resultado judicial, la gestión municipal ya enfrenta una derrota política: permitió que la falta de diálogo convirtiera una decisión administrativa en una disputa constitucional. No se trata de enfrentar a comerciantes con vecinos. Ambos grupos merecen respeto y soluciones. La obligación de la municipalidad es encontrar espacios apropiados, establecer condiciones técnicas y evitar que una actividad comercial altere la convivencia de todo un sector. Trasladar el problema a una calle y esperar que los residentes se resignen no es gestión; es improvisación. Huánuco necesita autoridades que consulten antes de imponer, que prevengan antes de ocupar y que respondan antes de ser demandadas. Viña del Río no puede seguir siendo tratada como un terreno disponible para decisiones tomadas sin suficiente consideración por quienes habitan allí. La municipalidad todavía puede corregir. Pero debe hacerlo con hechos: suspender cualquier medida cuestionada, dialogar con el sector y demostrar que el interés público incluye también la tranquilidad, la seguridad y la dignidad de los vecinos. Porque una ciudad no se gobierna contra su gente. Se gobierna escuchándola.