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Diario Ahora sostiene con claridad que la presunta presentación de certificados falsos de discapacidad para acceder a contratos docentes no puede ser tratada como una irregularidad administrativa más. Si se confirma que catorce docentes utilizaron documentos médicos indebidos para obtener ventaja en procesos de adjudicación, estaríamos frente a una práctica grave que golpea simultáneamente a la educación pública, a los maestros que compiten honestamente y, sobre todo, a las personas con discapacidad que sí enfrentan barreras reales para ejercer sus derechos. La discapacidad no es un privilegio ni una herramienta para acumular puntaje. Es una condición protegida por la ley precisamente porque históricamente muchas personas han sido excluidas del trabajo, de la educación y de la vida pública. Por eso resulta moralmente inadmisible que alguien pretenda instrumentalizar esa protección para desplazar a otros postulantes y ocupar plazas en el magisterio mediante documentos presuntamente fabricados. El caso de Pachitea debe investigarse hasta el final. No basta separar temporalmente expedientes, pedir informes o trasladar responsabilidades entre oficinas. La Dirección Regional de Educación, la UGEL, el Colegio Médico, el Ministerio Público y las instancias de control deben actuar con rapidez, rigor y transparencia. Si hubo certificados falsos, debe sancionarse a quienes los usaron. Si hubo emisión irregular desde el sector salud, debe investigarse al profesional involucrado. Y si existió una red organizada para burlar los procesos de contratación, debe desarticularse sin contemplaciones. La indignación ciudadana tiene fundamento. Mientras miles de docentes esperan una oportunidad laboral con esfuerzo, méritos y años de preparación, cualquier fraude en la adjudicación destruye la confianza en el sistema. Además, cuando quien accede irregularmente a una plaza llega a un aula, el daño no termina en el contrato: alcanza directamente a los estudiantes, que merecen docentes seleccionados por capacidad, honestidad y vocación de servicio. Este caso también obliga a revisar los filtros institucionales. No es razonable que documentos médicos con diagnósticos sensibles sean aceptados sin verificación oportuna. Las entidades educativas deben contar con mecanismos de validación cruzada, control posterior efectivo y alertas tempranas cuando varios certificados provienen de una misma fuente, con características similares o con indicios de uso masivo. Diario Ahora defiende la inclusión verdadera. Precisamente por eso rechaza cualquier intento de convertir la discapacidad en una coartada. Proteger los derechos de las personas con discapacidad exige impedir que terceros se apropien indebidamente de beneficios diseñados para corregir desigualdades reales. Huánuco necesita un mensaje firme: la función pública no puede construirse sobre engaños. La educación requiere maestros íntegros, instituciones vigilantes y autoridades capaces de sancionar sin miedo. Si este caso queda impune, el mensaje será devastador. Si se investiga y sanciona correctamente, puede marcar un precedente necesario contra las mafias que contaminan la contratación docente.