La salud pública se sostiene sobre una promesa elemental: quien llega a un hospital debe encontrar cuidado, capacidad y verdad. Cuando esa promesa se rompe, o cuando una familia siente que se rompió, el Estado no puede responder con silencio, trámites lentos ni explicaciones incompletas. La vida de un niño no puede quedar atrapada entre versiones médicas, archivos ausentes y familiares obligados a rogar por respuestas.
Consideramos que no corresponde condenar a ningún profesional sin investigación, pero sí corresponde exigir una investigación inmediata, transparente e independiente. Defender la presunción de inocencia no significa abandonar a las familias. Respetar el trabajo médico no significa encubrir errores. Una sociedad seria protege al buen médico y, al mismo tiempo, protege al paciente frente a cualquier abuso, negligencia u omisión.
Los casos conocidos en esta edición, el de la bebé Georgina Marisol Cruz Morales y el del menor Santhiago Mathias Núñez Vilca, golpean la conciencia pública porque involucran a menores de edad, cirugías cuestionadas y padres que dicen no haber recibido explicaciones suficientes. Allí donde hay una niña postrada y un adolescente fallecido, la respuesta institucional no puede ser burocrática. Tiene que ser humana, técnica y verificable. Esa exigencia no es negociable porque la salud pública administra vidas, no expedientes, y porque cada omisión destruye la confianza de toda una comunidad.
El sistema de salud debe entender que la confianza no se exige: se construye. Se construye entregando historias clínicas completas, explicando cada procedimiento, registrando cada decisión, informando cada complicación y activando auditorías médicas cuando algo grave ocurre. La ciudadanía no pide venganza; pide verdad. No pide linchamiento; pide responsabilidad. No pide titulares; pide garantías para que ninguna familia vuelva a vivir la misma angustia sin saber qué pasó.
Por eso, exigimos la intervención de las autoridades competentes: Diresa en Huánuco, y SuSalud, Ministerio Público, Colegio Médico, Ministerio de la Mujer y las direcciones hospitalarias involucradas. Cada una debe actuar dentro de sus funciones, sin cálculo político ni espíritu de cuerpo. Si hubo una complicación inevitable, que se demuestre con documentos. Si hubo demora, mala práctica, falla de protocolo, ausencia de información o negligencia, que se sancione conforme a ley.
También es momento de revisar el modo en que los hospitales se comunican con los familiares. Una cirugía no termina en el quirófano. Termina cuando la familia comprende qué ocurrió, qué riesgos se presentaron, qué decisiones se tomaron y qué cuidados seguirán. El dolor se agrava cuando la información llega tarde, a medias o envuelta en tecnicismos.
Huánuco necesita hospitales fuertes, equipados y respetados. Pero ningún hospital será fuerte si no rinde cuentas. La salud pública no se defiende cerrando puertas, sino abriendo expedientes. No se defiende negando problemas, sino corrigiéndolos. Y cuando se trata de niños, la obligación moral del Estado es todavía mayor.
Hoy, Diario Ahora se coloca del lado de la vida, de la verdad y de las familias que exigen justicia. Que se investigue. Que se explique. Que se corrija.
