Huánuco no puede administrar su basura sobre una carretera deteriorada, una comunidad cansada y actas que cada parte interpreta a su conveniencia. El ultimátum de 30 días dado por Santo Domingo de Nauyán para retirar el botadero de Chilepampa no debe leerse como una amenaza aislada, sino como el síntoma de una crisis que la provincia dejó crecer hasta poner en riesgo la limpieza pública de Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle.
La posición de Diario Ahora es clara: ninguna ciudad puede sostener su sistema de residuos sacrificando a una comunidad rural. Si Chilepampa recibe 250 toneladas diarias, la vía que soporta ese tránsito pesado debe tener mantenimiento real, verificable y permanente. No basta hablar de 95% de avance si la población que convive con el impacto denuncia raspados superficiales, falta de compactación y compromisos incumplidos.
También debe decirse con firmeza: el diálogo no puede convertirse en una rutina para ganar tiempo. La mesa convocada por la Prefectura solo tendrá sentido si produce verificación técnica, cronograma público y responsabilidades concretas. La presencia de la Defensoría del Pueblo, el OEFA y la Oficina de Conflictos Sociales del Ministerio del Interior debe servir para ordenar el conflicto, no para decorar una nueva acta.
El reclamo de Nauyán tiene una dimensión vial, ambiental y política. Manuel Salvador Martínez exige mantenimiento al 100% de la ruta principal y de 5 ramales, mientras la Municipalidad Provincial de Huánuco sostiene que intervino hasta el kilómetro 23 y que tramita un expediente de asfaltado mediante Obras por Impuestos. Entre ambas versiones hay una brecha que ya no puede resolverse con discursos.
El presunto cobro indebido de S/ 120 mil por derechos de extracción de materiales agrava el problema. Si ese dinero correspondía al centro poblado, la provincia debe transparentar documentos, vouchers, ordenanzas y decisiones administrativas. Si la acusación no se sostiene, también debe quedar claro. Lo inadmisible es mantener una zona gris mientras la confianza pública se desmorona.
La gestión de Antonio Jara tiene razón en advertir que cerrar Chilepampa podría generar una emergencia sanitaria. Pero esa advertencia pierde fuerza si no va acompañada de soluciones inmediatas para quienes cargan con el costo territorial del botadero. Huánuco no puede pedir paciencia infinita a una población que denuncia deterioro vial, afectación ambiental y promesas repetidas.
El plazo de 30 días debe ser asumido como una alarma institucional. La provincia necesita una salida técnica para Chilepampa, una ruta alterna o definitiva para la disposición de residuos y una intervención vial que pueda ser medida en centímetros de compactación, maquinaria desplegada, kilómetros intervenidos y fechas cumplidas.
Diario Ahora considera que el interés ciudadano está por encima de la pelea entre alcaldes. La basura de la ciudad no desaparece con comunicados, pero tampoco puede seguir trasladándose sobre acuerdos débiles. En los próximos 30 días se sabrá si Huánuco corrige el rumbo con seriedad o si vuelve a esperar que el conflicto estalle para recién actuar.
