El proyecto de los llamados “camioncitos”, valorizado en S/61 millones, ha dejado de ser una iniciativa de apoyo a centros poblados para convertirse en un síntoma preocupante de cómo se gestionan los recursos públicos en el Gobierno Regional de Huánuco. Las observaciones técnicas, sumadas a la sospecha de un expediente replicado desde otra región, evidencian un problema de fondo: la debilidad en los filtros de calidad antes de comprometer inversión pública.
No se trata únicamente de errores administrativos. La devolución del expediente el 27 de febrero por parte de la Comisión de Desarrollo Económico, tras su ingreso el 9 de febrero de 2026, revela que aspectos esenciales —como la identificación de beneficiarios o la sostenibilidad del servicio— no estaban resueltos. En proyectos que buscan impactar a decenas de centros poblados, estas omisiones no son menores: son señales de una formulación deficiente.
El anuncio del gobernador Antonio Pulgar, que proyectaba la entrega de los vehículos entre junio y julio de 2026 bajo Obras por Impuestos, contrastó con un expediente que no superó una primera revisión técnica. La brecha entre discurso político y sustento técnico vuelve a aparecer como un patrón que debilita la confianza en la gestión regional.
La respuesta del Ejecutivo regional, que atribuye la responsabilidad a la consultoría externa, resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. Externalizar la elaboración de expedientes no implica delegar la responsabilidad final. El Estado tiene la obligación de verificar, validar y garantizar que cada documento cumpla estándares mínimos antes de ser presentado.
Si se confirma que el expediente presenta similitudes con uno de Challhuahuacho, Apurímac, el problema escala. No solo se trataría de deficiencias técnicas, sino de una práctica que compromete la pertinencia de la inversión. Un proyecto copiado desconoce variables locales clave como geografía, demanda real o condiciones logísticas, afectando directamente su utilidad.
En los últimos 3 años, Huánuco ha mostrado dificultades persistentes en la estructuración de proyectos. Este caso no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una tendencia donde los errores se detectan tarde, cuando los proyectos ya están en fase de priorización. La actuación del Consejo Regional por fin evidencia un rol fiscalizador activo. Sin embargo, también expone una falla estructural: los problemas se identifican en etapas avanzadas, cuando deberían prevenirse desde el origen.
Mientras tanto, los alcaldes de centros poblados continúan esperando soluciones concretas. El retraso del proyecto no solo implica un desfase administrativo, sino la postergación de necesidades reales en territorios donde la conectividad sigue siendo limitada.
