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Una obra de más de S/30 millones que ya habría entrado en ejecución no puede avanzar rodeada de preguntas básicas sobre su expediente, sus autorizaciones y las modificaciones realizadas al proyecto. Ese es, para Diario Ahora, el verdadero problema que hoy enfrenta la intervención en Viña del Río. No se trata de estar a favor o en contra de recuperar este espacio. Se trata de algo elemental: saber con claridad qué se está haciendo, con qué documentos y bajo qué condiciones. El expediente técnico fue aprobado el 21 de agosto por S/30 443 386,37 y contempla un plazo de 540 días. El gobernador Antonio Pulgar asegura que la obra ya comenzó y afirma, además, que la geomembrana fue retirada después de las observaciones ciudadanas. Si ambas cosas son así, corresponde que esas decisiones estén reflejadas con absoluta claridad en la documentación oficial del proyecto. Y ahí aparece la preocupación. El Colegio de Arquitectos sostiene que no ha podido acceder al expediente integral. El fiscal ambiental César Gonzales Ramos también ha señalado que no puede pronunciarse sobre el fondo sin conocer ese documento. No estamos hablando de grupos que pretendan paralizar una obra por capricho. Estamos hablando de una organización profesional que pide revisar sus componentes técnicos y de una autoridad que necesita documentación para determinar qué exigencias corresponden. La transparencia, por tanto, no puede ser presentada como un obstáculo. Cuando desde el poder se afirma que se escucha a la población, esa disposición tiene que demostrarse abriendo la información, no únicamente anunciando cambios. Retirar una geomembrana puede responder a una observación ciudadana, pero una modificación de esa naturaleza debe quedar incorporada técnicamente al proyecto. La gestión pública no puede descansar en declaraciones. Debe descansar en documentos que cualquier órgano competente pueda revisar. También es necesario evitar confusiones. Viña del Río y la Alameda de la República enfrentan exigencias ambientales distintas, según la información disponible. El Ministerio del Ambiente determinó que la Alameda requiere certificación ambiental previa, mientras que para Viña del Río el especialista presentado por el Gobierno Regional sostuvo que no corresponde ese procedimiento. Pero que no se requiera determinada certificación no significa que desaparezcan las demás obligaciones vinculadas con áreas verdes, agua, residuos, ruido, suelos o autorizaciones municipales y sectoriales. Diario Ahora considera legítimo que una gestión quiera ejecutar obras y transformar espacios públicos. Lo que no resulta aceptable es que la velocidad de la ejecución termine corriendo por delante de la transparencia que una inversión de esta magnitud exige. Si Viña del Río ya está en obra, la discusión puede resolverse de una manera sencilla: mostrando el acta de inicio, el expediente completo, las autorizaciones aplicables, los reportes de supervisión y la documentación que formaliza las modificaciones anunciadas. Ninguna de esas exigencias debería incomodar a una administración convencida de que está actuando correctamente. Los ciudadanos no están obligados a elegir entre desarrollo y fiscalización. Tienen derecho a ambos. Y cuando se administran más de S/30 millones de recursos públicos, preguntar, revisar y exigir documentos no significa poner tropiezos. Significa cuidar lo que pertenece a todos.