La vía Walker Soberón no puede seguir atrapada entre informes incompletos, plazos vencidos y comisiones que investigan sin herramientas. Lo que ha revelado este nuevo episodio en el Consejo Regional de Huánuco es más grave que una controversia sobre una obra específica: ha quedado expuesta la precariedad con la que se fiscaliza el uso del dinero público en una intervención vial presentada como prioritaria para Pillco Marca. Y eso, para Diario Ahora, no es una falla menor ni un detalle administrativo. Es una señal alarmante de debilidad institucional.
Aquí no estamos ante una simple diferencia de opiniones entre una consejera y el aparato ejecutivo regional. Estamos frente a un problema de fondo: la fiscalización regional no puede descansar solo en declaraciones políticas, intuiciones personales o visitas de inspección sin respaldo técnico suficiente. Si una comisión investigadora llega a su fin sin haber agotado el análisis de fondo, porque se le venció el tiempo antes de concluir el trabajo, entonces el sistema falló. Falló en la planificación, falló en la asignación de recursos y falló en la comprensión de lo que significa controlar una obra pública de más de S/ 11.9 millones.
Ese es el punto central. No basta con anunciar una nueva comisión. No basta con decir que el caso volverá a revisión. Lo esencial es reconocer que en Huánuco no se puede seguir investigando obras de ingeniería sin ingenieros, contratos sin especialistas en ejecución pública y expedientes sin peritos capaces de leer técnicamente lo que está en juego. Cuando la propia revisión depende de apoyo externo de colegios profesionales, lo que queda al descubierto es que el Estado regional no ha construido capacidades suficientes para vigilar sus propios proyectos. Y esa carencia no puede normalizarse.
Más aún: cuando una consejera admite que su formación no le permite abordar sola la complejidad técnica del caso, lo que corresponde no es convertir esa limitación en una anécdota, sino asumirla como evidencia de una falla estructural. El problema no es personal. El problema es institucional. Porque si el Consejo Regional necesita comenzar de nuevo cada vez que encuentra una barrera técnica, entonces la fiscalización llega tarde, débil y a merced de interpretaciones parciales.
Diario Ahora sostiene con claridad que la obra Walker Soberón debe ser revisada hasta el fondo, pero con seriedad, rigor y autonomía técnica. La ciudadanía de Pillco Marca y de Huánuco no necesita otro capítulo de ruido político. Necesita saber si los recursos públicos se ejecutaron correctamente, si las condiciones contractuales se cumplieron y si la obra responde de verdad al interés general. Todo lo demás —las excusas, los plazos vencidos, la falta de especialistas— solo confirma una vieja enfermedad regional: la incapacidad de controlar con firmeza aquello que se anuncia con grandilocuencia. Si esta nueva revisión no corrige esa fragilidad de origen, el problema ya no será solo Walker Soberón. Será el descrédito mismo de la fiscalización pública.
