Las acusaciones de pagos durante operativos de control no pueden quedar en el terreno de declaraciones. La Fiscalía y la municipalidad están obligadas a esclarecer si existió corrupción o si se trata de denuncias sin sustento.
Las recientes denuncias sobre presuntos cobros indebidos durante operativos de transporte en Huánuco colocan nuevamente bajo cuestionamiento la forma en que se ejerce la fiscalización municipal. Las declaraciones del empresario Clever Crespo Picón, gerente de la empresa La Merced, quien aseguró haber entregado montos de S/200, S/400 y S/500 para evitar intervenciones, abren un escenario que no puede ser ignorado por las autoridades ni por la ciudadanía.
Según el propio transportista, los pagos se habrían producido en diversas oportunidades y bajo presión durante operativos municipales. En su testimonio señaló directamente al inspector José Luis Albornoz como la persona que, según afirma, le habría solicitado dinero para permitir que sus unidades continúen operando. Incluso indicó que el conflicto escaló cuando —según su versión— se le exigió un pago de S/800, monto que dijo haber rechazado.
La gravedad del caso no se limita a la acusación contra un funcionario. También se encuentra en la admisión pública de pagos para evitar sanciones administrativas. Ese reconocimiento revela un problema mayor: un sistema de fiscalización que, de confirmarse los hechos, podría haber sido distorsionado por prácticas irregulares que afectan la competencia entre empresas y debilitan la autoridad municipal.
El empresario aseguró además que cuenta con entre cinco y siete audios que, según manifestó, entregará a la Fiscalía Anticorrupción para sustentar su denuncia. En ese material —afirmó— se escucharían conversaciones vinculadas a presuntos cobros durante operativos y referencias a otros pagos en el sistema de transporte. La veracidad y el contenido de esos audios deberán ser evaluados por el Ministerio Público.
Frente a una acusación de esta naturaleza, el silencio institucional no es una opción. La Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar con rapidez y rigor. La municipalidad, por su parte, está obligada a ofrecer explicaciones claras sobre cómo se realizan los operativos y cuáles son los mecanismos de supervisión interna que existen para evitar abusos o irregularidades.
Las consecuencias de este caso van más allá de un conflicto entre un transportista y un inspector municipal. Lo que está en discusión es la confianza en el sistema de control del transporte urbano, un servicio que diariamente moviliza a miles de ciudadanos en Huánuco y que depende de reglas claras para funcionar con equidad.
Si existen audios, testimonios y evidencias, deben presentarse formalmente ante la Fiscalía. Si las acusaciones resultan infundadas, también deberá esclarecerse con la misma transparencia. Lo que no puede ocurrir es que denuncias de esta gravedad queden suspendidas entre declaraciones públicas y procesos inconclusos.
