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Hay imágenes que explican mejor una crisis que cualquier comunicado. Centenares de pobladores de Tirishuanca permaneciendo bajo la lluvia, frente a la Municipalidad Provincial de Pachitea, para preguntar cuándo continuará una carretera paralizada es una de ellas. No estamos solamente ante el retraso de una obra. Estamos ante algo más profundo y peligroso para cualquier gestión pública: la pérdida de confianza de la población. La carretera Molino-Huascapampa no apareció ayer en la agenda de estos vecinos. El proyecto tiene expediente técnico, presupuesto, contrato y un plazo de ejecución establecido. La obra fue adjudicada al Consorcio Huascapampa por más de S/4,3 millones y, según la información publicada, permanece formalmente suspendida desde diciembre de 2025. Los pobladores, mientras tanto, aseguran llevar meses esperando respuestas. Ese contraste resulta difícil de justificar políticamente. Una autoridad puede enfrentar problemas técnicos, contractuales o administrativos. Una obra puede detenerse por razones que, llegado el caso, podrían ser legítimas. Lo que no debería detenerse nunca es la obligación de informar. Cuando una comunidad tiene que trasladarse de madrugada, ocupar los exteriores de una municipalidad y permanecer allí pese al frío y la lluvia para conocer qué ocurre con una inversión pública, algo está fallando en la relación entre la autoridad y sus ciudadanos. Y hay un elemento todavía más delicado. La Contraloría advirtió que, pese a la suspensión formal, durante inspecciones realizadas entre junio y julio encontró trabajadores y maquinaria ejecutando determinadas actividades en la vía. También señaló riesgos vinculados con la calidad de los trabajos, eventuales reconocimientos de pagos por partidas no ejecutadas y dificultades para aplicar penalidades por retrasos. Son observaciones que merecen explicaciones documentadas, no respuestas improvisadas. Diario Ahora considera que la Municipalidad Provincial de Pachitea tiene la obligación política y moral de despejar esas dudas con absoluta transparencia. Los vecinos no están pidiendo un favor. Están reclamando información sobre una obra financiada con recursos públicos y destinada a comunicar a sus propias comunidades. Tampoco basta con decir que el proyecto continuará. Después de meses de paralización, las promesas pierden valor si no vienen acompañadas de documentos, fechas y responsabilidades claramente establecidas. La población tiene derecho a conocer cuánto se ha avanzado física y financieramente, por qué se mantiene la suspensión, qué trabajos se realizaron durante ese periodo y cuándo existe una posibilidad real de reinicio. La protesta de Tirishuanca debería servir además como una advertencia para todas las autoridades: el silencio institucional siempre termina llenándose con desconfianza. Y recuperar esa confianza cuesta mucho más que convocar oportunamente a una reunión y mostrar los papeles. Los pobladores siguen esperando una respuesta del alcalde Nilson Roger Venancio Jorge. La pregunta ya no es solamente cuándo volverán las máquinas a la carretera. La pregunta es cuánto tiempo más tendrá que esperar una población para recibir explicaciones que debieron llegar antes que la protesta. Ese es, hoy, el verdadero problema de Tirishuanca.