Chilipampa ya no puede seguir siendo tratado como un problema rutinario de limpieza pública. Lo que ha quedado expuesto es bastante más grave: un espacio que debía operar como relleno sanitario aparece hoy rodeado de señales de abandono, con residuos sin soterramiento, lixiviados al borde del desborde y fallas que comprometen la lógica misma de su funcionamiento. Cuando una infraestructura creada para controlar el riesgo empieza a parecerse al riesgo que debía evitar, lo que fracasa no es solo una operación técnica, sino una forma de gobernar.
El punto más inquietante de este caso es que la degradación ya no se presenta como una falla puntual, sino como una cadena. No se trata únicamente de basura expuesta a la intemperie o de malos olores, que ya de por sí retratan una gestión deficiente. Se trata de la sospecha de que el sistema de tratamiento de lixiviados no estaría funcionando como corresponde y de que incluso la zona destinada a procesarlos presenta deficiencias estructurales. Es decir, el corazón del relleno está bajo duda. Y cuando el corazón falla, el resto deja de ser un detalle administrativo.
Aquí conviene decirlo con claridad: Huánuco no puede acostumbrarse a convivir con infraestructuras degradadas hasta que el problema se vuelva escándalo. Esa cultura del “todavía aguanta” es una de las expresiones más dañinas de la precariedad pública. Porque un relleno sanitario no está diseñado para reaccionar cuando el daño ya se ve, sino para impedir que ocurra. Si hoy se discute incluso si Chilipampa conserva o no esa condición, entonces hubo controles que fallaron, supervisiones que no llegaron a tiempo y decisiones que alguien prefirió postergar.
La responsabilidad, por eso, no debe encerrarse en un solo momento ni en un solo funcionario. Este caso obliga a mirar la cadena completa: cómo se entregó la obra, en qué condiciones fue recibida, cómo se autorizó su funcionamiento y de qué manera se operó después. Sería cómodo atribuir todo al presente inmediato, pero también sería incompleto. Cuando una infraestructura pública termina convertida en amenaza, rara vez se explica por un solo error; casi siempre es el resultado de varias omisiones acumuladas.
Lo más serio es que el costo de ese deterioro no lo pagan los expedientes, sino los ciudadanos. La ubicación de Chilipampa y el eventual desborde de lixiviados o la dispersión de residuos por el viento convierten esta crisis en una amenaza concreta para la población. Por eso esta no es una discusión técnica encerrada en oficinas. Es una prueba de si las autoridades entienden que gestionar residuos también es proteger salud, territorio y confianza pública. Y esa confianza, en Huánuco, hace tiempo que también empezó a desbordarse.
