La disputa entre usuarios y SEDA Huánuco ha dejado de ser un conjunto de reclamos aislados para convertirse en una crisis de confianza institucional. La verificación difundida de un medidor que habría registrado 17 litros frente a 10 ingresados no solo cuestiona un equipo, sino el sistema de medición que impacta directamente en la economía de los hogares. La convocatoria a una movilización regional este jueves 19 de marzo a las 9:00 a.m. confirma que el conflicto ha superado la vía administrativa.
Los reportes de recibos entre 130 y 178 soles en viviendas de bajo consumo, así como facturaciones en predios desocupados o con consumo mínimo, configuran un patrón que no puede ser reducido a errores individuales. Cuando usuarios en distintas zonas registran incrementos similares en pocas semanas, el problema adquiere una dimensión estructural que exige respuestas verificables.
La posición de SEDA Huánuco, al señalar que los reclamos deben seguir la vía administrativa y que existe un margen de error en las mediciones, introduce un argumento técnico válido pero insuficiente. La legitimidad del servicio no depende solo del procedimiento, sino de la confianza que este genera en el usuario.
El conflicto tiene un antecedente claro: el acuerdo del 4 de diciembre de 2025 entre SEDA Huánuco, la Defensoría del Pueblo y la Sunass para revisar reclamos por facturación irregular. Más de dos meses después, la persistencia de denuncias sugiere que la respuesta ha sido parcial o insuficiente.
Cuando organizaciones civiles advierten que solo algunos casos han sido resueltos y otros continúan acumulándose, se instala un problema de gestión. La falta de información sobre cuántos reclamos existen, cuántos se resolvieron y en qué plazos debilita la transparencia y amplifica la desconfianza.
El impacto es múltiple. En el plano económico, recibos de 130 o 178 soles afectan directamente a hogares de bajo consumo. En el plano social, la incertidumbre sobre la medición erosiona la relación entre usuario y servicio. Y en el plano institucional, la acumulación de reclamos compromete la credibilidad de la empresa.
La movilización convocada para el 19 de marzo en la Alameda de la República y el jirón 28 de Julio evidencia que el conflicto ha escalado del reclamo individual a la presión colectiva. Las demandas incluyen revisión de medidores, corrección de facturación y rendición de cuentas.
El escenario plantea un punto de inflexión. Si la empresa mantiene un enfoque estrictamente técnico frente a un malestar social creciente, el conflicto podría profundizarse. Si articula una respuesta que combine revisión, transparencia y comunicación, podría iniciar una recomposición de la confianza.
Lo que ocurra tras la jornada del jueves será clave. No solo para resolver casos concretos, sino para definir si el servicio de agua en Huánuco logra sostener un principio básico: que cada usuario paga por lo que realmente consume y entiende cómo se calcula.
