El botadero de Chilepampa no es solo un problema técnico: es la evidencia de una forma irresponsable de administrar lo público, donde la improvisación termina filtrándose al suelo, al ambiente y a la confianza ciudadana.
Huánuco no puede seguir pagando las consecuencias de expedientes mal hechos, obras heredadas sin control y autoridades que recién reaccionan cuando interviene el OEFA. Si el diseño de 2017 fue un “copia y pega”, como reconoció el gerente Lorenzo Silva, entonces la pregunta central no es quién lo dijo, sino quién responderá por haber condenado a la provincia a operar bajo riesgo sanitario.
La basura de 200 toneladas diarias no desaparece por decreto ni por discurso. Se acumula, contamina y expone a Amarilis, Pillco Marca, Santa María del Valle y Huánuco a una crisis ambiental que pudo evitarse con planificación seria. Que hoy se hable de filtraciones internas, lixiviados, colapso de celdas y 30 días de plazo impuesto por el OEFA revela una falla institucional, no un accidente aislado.
El argumento de la herencia tiene límite. La actual gestión puede señalar errores anteriores, pero ya administra el problema. Y administrar no significa explicar tarde, sino corregir a tiempo, transparentar informes, publicar responsabilidades y garantizar que la población sepa si el lugar donde se depositan sus residuos es seguro o no.
El caso también desnuda una costumbre dañina: inaugurar, recibir o mantener infraestructura sin verificar si sirve para la realidad de Huánuco. Una planta de residuos no puede diseñarse ignorando pendientes, lluvias, geografía y capacidad operativa. Cuando eso ocurre, el daño no queda en papeles: llega al suelo, al agua, a las comunidades y al presupuesto público.
La ciudadanía no necesita más comunicados tranquilizadores. Necesita saber qué observó exactamente el OEFA, qué corregirá la municipalidad, cuánto costará, quién firmó el expediente original, quién supervisó la obra y qué medidas se tomarán si el botadero representa un peligro inminente para el ecosistema local.
Diario Ahora considera que este caso debe marcar un punto de quiebre. Huánuco no puede normalizar que sus servicios básicos funcionen en emergencia permanente. La gestión de residuos requiere técnica, presupuesto, fiscalización y responsabilidad política. Todo lo demás es maquillaje administrativo.
El plazo de 30 días no debe servir para ganar tiempo, sino para abrir una rendición de cuentas completa. Chilepampa ya no admite excusas: admite decisiones, nombres, documentos y consecuencias. Porque cuando la basura se maneja mal, no solo contamina el terreno; también contamina la credibilidad de quienes gobiernan.
