La serie 500 anunciada para identificar llamadas comerciales llega tarde y resulta insuficiente frente a un problema que dejó de ser una simple molestia: para miles de ciudadanos, contestar un número desconocido se ha convertido en un riesgo cotidiano de estafa, extorsión o robo de información.
Diario Ahora sostiene que el Estado no puede presentar como avance lo que debió prevenir hace años. Si en 2025 se promulgó la Ley 32323 para prohibir llamadas comerciales no consentidas, según informó Indecopi, la pregunta ciudadana es inevitable: ¿por qué las llamadas no disminuyeron con la fuerza que se prometió?
El problema no se resuelve con identificar al que llama. La verdadera protección empieza cuando se impide que llame quien no tiene autorización. Un prefijo puede advertir, pero no bloquea el abuso. Puede ordenar el mercado formal, pero no enfrenta por sí solo a quienes usan chips anónimos, bases de datos filtradas o números descartables.
El Congreso aprobó por insistencia una norma que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor para ampliar la prohibición de comunicaciones spam, con 101 votos a favor, según Canal N. Sin embargo, la experiencia ciudadana muestra una brecha preocupante entre la ley escrita y la vida real.
Esa brecha golpea más a quienes menos herramientas tienen. Hay usuarios que pagan aplicaciones para filtrar llamadas sospechosas. Pero muchos adultos mayores, comerciantes, estudiantes y trabajadores no pueden costear esos servicios ni distinguir entre una oferta insistente, una cobranza irregular o una amenaza encubierta.
Por eso, reducir el debate a Osiptel, Indecopi o el MTC sería quedarse corto. El acoso telefónico revela una falla compartida: empresas que abusan, operadoras que no controlan lo suficiente, autoridades que reaccionan tarde y un mercado informal de chips que sigue alimentando delitos.
No es aceptable que la recomendación principal sea bloquear, denunciar o revisar líneas cuando el daño ya ocurrió. La prevención debe estar antes de la llamada, no después del susto. Cada número activo debe tener titular verificable, cada campaña comercial debe tener consentimiento probado y cada infracción debe generar sanción visible.
La ciudadanía no pide privilegios. Pide algo básico: que su teléfono no sea usado como instrumento de hostigamiento. Si el Estado permitió que el problema creciera, ahora le corresponde demostrar que la ley no fue solo un titular.
La serie 500 puede ser un primer filtro, pero no debe venderse como solución final. Huánuco necesita control real sobre la venta de chips, fiscalización sostenida y castigo efectivo a quienes convierten la comunicación en amenaza. La pregunta que queda abierta es si esta vez la autoridad actuará antes de que el próximo número desconocido vuelva a traer miedo.
