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Lo ocurrido en Yarowilca, si se confirma en los términos que muestran los videos recibidos por Diario Ahora, es profundamente lamentable. Quemar material electoral, irrumpir en un local de votación o golpear a personas no puede entenderse como una forma legítima de protesta, mucho menos como una expresión de defensa del voto. Es exactamente lo contrario: cuando el fuego, la fuerza y el miedo reemplazan a las reglas, lo primero que se pone en riesgo es la voluntad de los ciudadanos. Las imágenes difundidas son graves. Se observa a varias personas arrojando cajas y papeles a una fogata dentro del patio de un colegio, mientras otras aparecen tendidas en el suelo y son agredidas. También se escuchan frases de protesta. Sin embargo, hay algo que todavía debe decirse con absoluta claridad: los videos no permiten determinar por sí solos cuándo fueron grabados, quiénes participaron, si las cajas contenían votos o actas ya contabilizadas, ni cuál fue exactamente el lugar de los hechos. Hasta el cierre de la información publicada por este diario, tampoco existía una confirmación oficial de las autoridades electorales sobre lo ocurrido en Jacas Chico. Esa ausencia de confirmación no vuelve irrelevantes las imágenes. Al contrario, obliga a las instituciones responsables a esclarecerlas con rapidez. En una elección, cada hora de silencio alimenta rumores, versiones interesadas y sospechas. La población necesita saber qué ocurrió, qué material fue afectado, si el proceso electoral quedó comprometido y qué medidas corresponden dentro de la ley. Lo más preocupante es que Yarowilca ya conoce las consecuencias de un episodio semejante. En octubre de 2022, unas 300 personas quemaron material electoral en un colegio de Chupán, incluidas actas firmadas, según la información publicada entonces. El Jurado Nacional de Elecciones terminó anulando la elección municipal de Aparicio Pomares. Cuatro años después, volver a observar escenas relacionadas con fuego, material electoral y violencia debería encender todas las alarmas. No podemos normalizarlo. Una elección no pertenece al candidato que gana ni al grupo que se siente perjudicado. Pertenece a los ciudadanos que acudieron a votar, hicieron una fila, marcaron una opción y confiaron en que esa decisión sería respetada. Destruir material electoral —si finalmente se confirma que eso ocurrió— no castiga a una autoridad ni corrige una supuesta irregularidad: puede terminar anulando el esfuerzo de centenares de vecinos que ejercieron pacíficamente su derecho. Si existen cuestionamientos al proceso, la democracia tiene mecanismos para plantearlos. Hay actas, personeros, observaciones, pedidos de nulidad y autoridades electorales llamadas a resolver las controversias. Nada justifica que una discrepancia se transforme en agresión. Desde Diario Ahora rechazamos cualquier intento de imponer resultados mediante violencia, intimidación o destrucción. También rechazamos los juicios apresurados. Ser firmes frente a la violencia no significa atribuir responsabilidades sin pruebas. Significa exigir que se investigue, se identifique a quienes correspondan y se proteja hasta el último voto emitido legalmente. Yarowilca no merece repetir 2022. Sus ciudadanos tampoco deberían pagar nuevamente las consecuencias de decisiones tomadas al calor de una protesta. La democracia puede soportar reclamos, impugnaciones e incluso resultados incómodos. Lo que no puede aceptar como costumbre es que, cuando alguien no está conforme, aparezca nuevamente el fuego.