Dos hombres investigados por su presunta participación en una banda dedicada al robo de motocicletas fueron trasladados al penal de Potracancha, luego de que el Poder Judicial ordenara nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las diligencias en su contra. La medida fue dictada por el juez Leonardo Alipázaga Rivera, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, con sede en Pillco Marca. El magistrado declaró fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público contra Jorge Luis Damián Shaquia, conocido con el alias de “Shaquia”, y César Tarazona Mirado, apodado “Shisha”. Ambos son investigados por la presunta comisión de los delitos de banda criminal y hurto agravado. Tras conocerse la resolución judicial, fueron internados durante el fin de semana en el establecimiento penitenciario de Potracancha, donde permanecerán mientras avanza el proceso penal. Durante la audiencia virtual, el fiscal responsable del caso expuso los elementos reunidos en la investigación y explicó la supuesta modalidad utilizada por la organización denominada “Los remanentes de los Incorregibles”. De acuerdo con la tesis fiscal, sus integrantes habrían participado en la sustracción de vehículos menores en diferentes sectores de los distritos de Amarilis, Huánuco y Pillco Marca. Las autoridades sostienen que los presuntos implicados actuaban incluso en zonas donde existían cámaras de videovigilancia. Algunas de estas grabaciones formarían parte de los indicios recopilados para identificar los desplazamientos y acciones atribuidas a los investigados. Uno de los principales elementos del caso sería la declaración de un testigo protegido, quien habría brindado información detallada sobre el funcionamiento de la presunta banda. Según su versión, después de apoderarse de las motocicletas, los delincuentes se comunicaban con los propietarios para exigirles dinero a cambio de devolver las unidades. Cuando las víctimas no aceptaban pagar o no se concretaba la entrega del dinero solicitado, las motocicletas eran llevadas a zonas altoandinas. En esos lugares, presuntamente eran comercializadas a precios reducidos entre compradores que, en algunos casos, desconocerían su procedencia ilícita. La prisión preventiva no representa una sentencia ni determina la culpabilidad de los investigados. La medida busca garantizar su presencia durante las diligencias, evitar una posible fuga y prevenir cualquier intento de obstaculizar la investigación. El Ministerio Público y la Policía continuarán reuniendo testimonios, registros de cámaras, comunicaciones y otros elementos que permitan determinar si existen más personas involucradas en esta presunta red de robo y comercialización ilegal de motocicletas.
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