El Poder Judicial confirmó la sentencia de cadena perpetua contra un hombre hallado culpable de los delitos de secuestro y violación sexual en agravio de una menor de edad, en un caso ocurrido en la provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. La decisión fue ratificada en segunda instancia tras la apelación presentada por el Ministerio Público.
Según informó la Fiscalía Superior Mixta de Leoncio Prado, la medida alcanza a Frank Nolasco, cuya responsabilidad penal fue acreditada durante el proceso judicial mediante diversos elementos de convicción presentados por la representación fiscal.
Apelación fiscal y ratificación de la condena
De acuerdo con la información oficial, la fiscal adjunta provincial Kelly Mirnelly Ventura Álvarez interpuso el recurso de apelación con el objetivo de que se confirme la máxima sanción prevista en la ley. Tras la evaluación del caso, el órgano jurisdiccional resolvió ratificar la cadena perpetua, considerando la gravedad de los delitos y la condición de vulnerabilidad de la víctima.
El Ministerio Público sostuvo que los hechos constituyen una grave afectación a la libertad personal y a la integridad sexual de la menor. Asimismo, precisó que se configuró un concurso real de delitos, lo que permitió que se imponga la pena más severa contemplada en el ordenamiento jurídico.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas y testimonios que, según indicó la institución, permitieron demostrar la participación del acusado como autor de los hechos investigados.
Reparación civil y medidas complementarias
Como parte de la sentencia, el Poder Judicial dispuso el pago de una reparación civil de 6,500 soles por cada delito cometido, monto que deberá ser entregado a favor de la menor agraviada. Además, se ordenó la ubicación, captura e internamiento del sentenciado en un establecimiento penitenciario para el cumplimiento de la condena.
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles públicos sobre las circunstancias específicas del caso, debido a la protección de la identidad de la víctima.
Este fallo se produce en un contexto en el que las autoridades buscan reforzar la persecución de delitos graves contra menores de edad, mientras especialistas y colectivos sociales insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención a víctimas de violencia sexual.
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