La intervención en la laguna Viña del Río no puede tratarse como una simple controversia entre autoridades, comerciantes y vecinos. Lo que está en discusión es algo más serio: si una entidad pública puede ocupar, cercar o transformar un espacio de uso ciudadano sin acreditar previamente que cuenta con un expediente concluido, permisos vigentes y certificación ambiental. Para Diario Ahora, la respuesta es clara: ninguna autoridad está por encima de esas obligaciones.
La actuación de la Fiscalía, que dispuso una verificación urgente ante la posible alteración del ambiente o del paisaje, confirma que las dudas planteadas no son menores. El requerimiento fiscal busca establecer quién ordenó el cercado, qué funcionarios y contratistas participaron y qué documentos respaldan la intervención. Mientras esas respuestas no aparezcan, el Gobierno Regional de Huánuco no puede pretender que la ciudadanía acepte la obra como un hecho consumado.
No se trata de rechazar por principio la remodelación de Viña del Río ni de negar la necesidad de recuperar un espacio deteriorado. Se trata de exigir que cualquier proyecto público empiece por donde corresponde: estudios, expediente técnico, autorizaciones, evaluación ambiental y medidas de seguridad. La improvisación no se vuelve legal por llevar un logotipo institucional ni por presentarse como una obra destinada al desarrollo.
El problema se agrava porque el cercado coincidió con la instalación de una feria que redujo los accesos y volvió a poner en debate el ingreso de ambulancias y unidades de emergencia. El auxilio brindado a un adulto mayor mostró que no estamos ante una discusión abstracta. Cuando los corredores se estrechan, los accesos se bloquean o no existen rutas claramente señalizadas, la vida de una persona puede depender de decisiones tomadas con anticipación.
También resulta preocupante que una intervención de esta magnitud avance mientras continúan las preguntas sobre el instrumento ambiental y el expediente definitivo. Si los documentos existen, deben ser exhibidos de manera completa, pública y comprensible. Si todavía están en trámite, corresponde explicar por qué comenzaron los trabajos. El silencio, las respuestas parciales y las explicaciones tardías solo alimentan la desconfianza.
Huánuco no necesita autoridades que actúen bajo la lógica del más fuerte. Necesita instituciones que entiendan que administrar recursos públicos no otorga licencia para saltarse procedimientos. La ley no es un obstáculo que se cumple cuando conviene; es la garantía mínima frente al abuso, la improvisación y el uso arbitrario del espacio común.
La Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de verificar los hechos con independencia y celeridad. El Gobierno Regional, por su parte, debe entregar toda la documentación solicitada y explicar quién autorizó cada actuación. Y la municipalidad debe responder por las condiciones de seguridad de la feria.
Viña del Río pertenece a la ciudad, no a una gestión pasajera. Recuperarla exige transparencia, planificación y respeto por la ciudadanía. Cualquier obra que empiece ocultando papeles o cerrando preguntas termina debilitando aquello que dice querer mejorar.
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