Las fallas registradas en la jornada electoral del 12 de abril han vuelto a poner bajo sospecha la legitimidad del proceso, en un escenario marcado por la renuncia del entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Durante una entrevista, el abogado Handy Cruz Jaramillo sostuvo que lo ocurrido “no solo se trata de una simple irregularidad administrativa”, sino de un hecho que golpea la confianza ciudadana.
Cruz Jaramillo señaló que alrededor de 63 mil ciudadanos no pudieron votar el domingo por problemas de organización y debieron hacerlo al día siguiente. A su juicio, esa situación alteró las condiciones del sufragio, porque quienes acudieron el lunes ya tenían una idea preliminar de los resultados, lo que, según manifestó, pudo influir en la decisión final del elector.
El abogado también cuestionó que, según se informó en medios de comunicación, algunas actas y ánforas habrían sido trasladadas sin resguardo policial. Aunque no afirmó una manipulación consumada, advirtió que ese tipo de denuncias agrava la percepción de desorden y erosiona la credibilidad de un proceso que, al 94% del conteo, todavía no definía con claridad al rival de Keiko Fujimori para la segunda vuelta del 7 de junio.
La investigación sigue abierta
Sobre la dimisión de Corvetto, Cruz Jaramillo precisó que esa decisión no lo exime de responsabilidad funcional. Recordó que la Junta Nacional de Justicia aceptó su renuncia en una sesión extraordinaria, pero aclaró que la investigación preliminar continuará no solo contra el exjefe de la ONPE, sino también contra otros funcionarios involucrados en la organización electoral.
Respecto a una eventual nulidad, el abogado sostuvo que primero tendría que acreditarse una intención dolosa de alterar el resultado. Según explicó, sin ese elemento no bastan las irregularidades para invalidar todo el proceso. Añadió, además, que unas nuevas elecciones supondrían un gasto millonario para el Estado en instalación de mesas, elaboración de ánforas, impresión de cédulas y contratación de personal temporal.
La incertidumbre, sin embargo, ya se ha instalado en el escenario político. Cruz Jaramillo advirtió que la segunda vuelta se desarrollará en medio de suspicacias y desconfianza, mientras el Poder Judicial evalúa un pedido de detención preliminar mencionado por el entonces fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Lo que resuelva la justicia podría marcar no solo el futuro del proceso, sino también la estabilidad política inmediata del país.
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