Alameda avanza sin aclarar su priorización ciudadana ni el impacto real sobre los árboles

El proyecto de la Alameda de la República avanza en su etapa de elaboración sin que hasta ahora se hayan mostrado públicamente todos los documentos que acrediten su viabilidad, aprobación ambiental y priorización por la sociedad civil. A las observaciones sobre el traslado de árboles y la reducción de carriles se suma una pregunta central: si la intervención fue incorporada formalmente en el presupuesto participativo regional de 2024 o 2025. Fernando Espinoza Soto, presidente del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros, informó que el proyecto se encuentra dentro de un segundo entregable contractual y que aún presenta pendientes capaces de retrasar su culminación. Entre ellos mencionó la certificación ambiental y la factibilidad vinculada a los servicios de Seda Huánuco. El dirigente profesional recordó que el perfil ya había sido observado por la falta de especialistas sanitarios, eléctricos y de tránsito. Aunque la consultora habría incorporado posteriormente a esos profesionales, el Colegio de Ingenieros considera necesario que su participación quede formalizada mediante una adenda, resolución u otro documento contractual, sin que ello genere un gasto adicional. La legitimidad del proyecto también está en discusión Las dudas no se limitan al contenido técnico. Gustavo Alvarado, exgerente regional, sostuvo que la presentación realizada por el Gobierno Regional no acreditaría todavía la existencia de un expediente técnico aprobado y que lo expuesto correspondería a una propuesta en desarrollo. Alvarado planteó que la entidad entregue el Código Único de Inversiones registrado en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, la ficha de formulación y evaluación, la declaración de viabilidad y la resolución que la aprueba. También pidió el expediente técnico completo, con planos, memoria descriptiva, metrados, presupuesto y su respectiva resolución de aprobación. Dentro de ese paquete documental incluyó el acta del presupuesto participativo de 2024 o 2025 en la que debería constar que el proyecto fue priorizado por la sociedad civil. Este punto resulta determinante porque permitiría conocer si la Alameda ingresó a la programación regional mediante un proceso participativo o si su incorporación respondió a una decisión posterior de la gestión. El pedido también alcanza al contrato y al acta de buena pro otorgada al Consorcio Alameda Huánuco. Sin esos documentos, no es posible establecer con claridad qué producto fue contratado, cuál es el alcance exacto del segundo entregable, qué obligaciones asumió la consultora y en qué etapa administrativa se encuentra realmente el proyecto. Árboles, tránsito y ambiente sin respuestas definitivas La intervención ambiental continúa rodeada de versiones diferentes. El senador electo Serafín Andrés afirmó que el gobernador Antonio Pulgar le aseguró que no se talaría ningún árbol, pero no le informó que los ejemplares podrían ser trasladados. Posteriormente, Andrés conoció que el proyecto contemplaría la reubicación de árboles adultos. Desde su experiencia vinculada a la agricultura, advirtió que mover ejemplares de gran tamaño puede comprometer su supervivencia, aunque reconoció que la conclusión debe sustentarse en una evaluación de especialistas. Espinoza señaló que la tala habría sido descartada, pero anunció que los capítulos de ingeniería forestal, ambiental, agronómica, sanitaria, eléctrica y de tránsito revisarán el diseño. El pronunciamiento colegiado deberá analizar la metodología de traslado, las probabilidades de supervivencia, los costos y los riesgos de cada intervención. Alvarado pidió además un plan de gestión ambiental que identifique la cantidad exacta de árboles que permanecerán, serán trasladados o podrían retirarse, las especies involucradas, su ubicación y el mecanismo de compensación previsto. También solicitó el estudio ambiental y la certificación emitida por la autoridad competente. El otro componente pendiente es el tránsito. El exfuncionario reclamó un informe que sustente cualquier reducción de carriles y demuestre que el nuevo diseño no trasladará la congestión hacia calles alternas. La ausencia pública de ese estudio impide medir el impacto que tendría la intervención sobre una de las zonas urbanas más transitadas de Huánuco. Municipio transfiere ejecución, pero el convenio debe conocerse El alcalde provincial Antonio Jara afirmó que no participó en la elaboración del expediente técnico y que su intervención se limitó al perfil y al convenio aprobado por el Concejo Municipal para que el Gobierno Regional ejecute el proyecto. Jara sostuvo que el gobernador y su equipo deberán asumir las responsabilidades que pudieran derivarse del inicio de la obra. También rechazó que la municipalidad pueda ordenar que el proyecto no continúe únicamente porque existan sectores que se oponen. Sin embargo, el deslinde del alcalde no cierra la discusión. El convenio debe establecer qué responsabilidades fueron transferidas, cuáles conserva la Municipalidad Provincial y qué condiciones técnicas, urbanísticas o ambientales fueron exigidas antes de autorizar la intervención. El propio Jara planteó que los equipos técnicos del Gobierno Regional y quienes formulan observaciones deberían confrontar sus argumentos en una reunión. Esa discusión solo será útil si se desarrolla sobre la base del expediente, las resoluciones, el contrato, los estudios ambientales, el informe de tránsito y el acta de priorización ciudadana. La controversia sobre la Alameda ya no consiste únicamente en decidir si los árboles serán talados o trasladados. El problema de fondo es establecer si el proyecto cuenta con viabilidad, aprobación, respaldo ambiental, sustento vial y legitimidad participativa. Mientras esos documentos no sean publicados, el Gobierno Regional mantendrá abierta la duda sobre qué está realmente aprobado y qué continúa siendo solo una propuesta.