La emblemática obra del anillo vial de Huánuco, que recorre los sectores de Aparicio Pomares, Jactay y Las Moras, ha quedado paralizada por tiempo indefinido ante la falta de factibilidad técnica en servicios de saneamiento. La medida, oficializada por la empresa ejecutora, revela una desconexión crítica entre el Gobierno Regional de Huánuco y la entidad prestadora de servicios, SEDA Huánuco, dejando a miles de ciudadanos atrapados entre el polvo y la incertidumbre.
La suspensión de labores en el proyecto de "Mejoramiento de los servicios de transitabilidad de la avenida Héroes de Jactay y Circunvalación" fue comunicada mediante un reporte del ingeniero residente del Consorcio Cruz Verde, Edwin Patricio Cisneros Rojas. El documento precisa que la paralización se mantendrá vigente hasta que la EPS SEDA Huánuco otorgue la factibilidad para las redes de agua y alcantarillado, un requisito básico que debió resolverse antes del inicio de la pavimentación.
El impacto para los vecinos es inmediato y severo. Los residentes de las zonas altas, que esperaban el fin de años de aislamiento, denuncian ahora que maquinaria pesada ha comenzado a destruir tramos de veredas y pavimento recientemente construidos para intentar corregir las omisiones en el sistema de tuberías. Esta situación no solo representa un perjuicio económico al erario público, sino que agrava las condiciones sanitarias por la polvareda constante en el sector.
Errores técnicos y presión social en las zonas altas
La crisis técnica pone en entredicho la viabilidad de las promesas del gobernador regional, Antonio Pulgar Lucas, quien aseguró que el anillo vial culminaría durante su actual periodo de gestión. La paralización en el tramo crítico entre Cruz Verde y el Puente Vía Crucis confirma las advertencias previas sobre la precariedad de un expediente técnico que, al parecer, no contempló adecuadamente la infraestructura subterránea preexistente antes de verter el concreto.
Desde el ámbito institucional, SEDA Huánuco no ha emitido un cronograma claro para la entrega de la factibilidad técnica, lo que mantiene en vilo no solo la continuidad de la obra, sino también la estabilidad laboral de los obreros del consorcio. Hasta el cierre de este informe, la sede regional no ha detallado cómo subsanará el vacío técnico ni quién asumirá los costos adicionales por la reconstrucción de los componentes demolidos en esta fase de "corrección".
Los dirigentes vecinales de Jactay y Las Moras han manifestado su malestar ante lo que consideran una falta de respeto a la población. Según los testimonios recogidos en la zona, la desconfianza radica en que la obra se ha convertido en un foco de contaminación y un riesgo para la transitabilidad peatonal, amenazando con quedar inconclusa debido a la improvisación en la coordinación entre los niveles de gobierno y la empresa privada.
El costo de la improvisación administrativa
El caso del anillo vial no es un hecho aislado en la región, sino que refleja un patrón de debilidad en la supervisión de proyectos de inversión pública de alto impacto. Ejecutar obras de superficie sin garantizar previamente el saneamiento básico es una falta administrativa recurrente que termina siendo pagada por los contribuyentes y por la paciencia de los ciudadanos que transitan diariamente por estas rutas de la periferia urbana.
La continuidad del proyecto depende ahora de un acuerdo técnico-administrativo que hoy parece lejano. Mientras el Gobierno Regional no transparente el estado real del expediente y las responsabilidades por la destrucción de la infraestructura ya avanzada, el anillo vial seguirá siendo el símbolo de una gestión atrapada entre la urgencia de los anuncios políticos y la rigurosidad de la ingeniería urbana.
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