La proyección de los servicios de salud pública en la provincia de Ambo enfrenta un retroceso técnico de consecuencias críticas. La infraestructura del nuevo Centro de Salud valorizada en S/ 32 millones y diseñada para elevar su capacidad resolutiva a la categoría 1.4, sufre hoy una demolición parcial en áreas estratégicas por parte de ciudadanos privados. El avance de estas acciones ocurre ante la ausencia de una respuesta jurídica efectiva por parte de la Municipalidad Provincial de Ambo, entidad responsable del saneamiento y custodia del inmueble.
Iván Palomino, actual director del Centro de Salud de Ambo, confirmó que la incursión de terceros ha alcanzado el núcleo operativo del proyecto. Según el médico, los muros derribados corresponden al área de emergencias y urgencias, componente indispensable para que el establecimiento sea habilitado para la atención de pacientes en estado de gravedad. Sin este pabellón, la inversión física pierde su capacidad resolutiva esencial y se degrada funcionalmente antes de su inauguración.
La crisis patrimonial se ha agravado con la alteración de las redes de servicios básicos y la instalación de cercos informales. La dirección del establecimiento reportó que los responsables de la demolición han bloqueado los sistemas de desagüe, lo que imposibilitaría la certificación sanitaria del recinto. Este escenario motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo, que califica el hecho como una vulneración al derecho de acceso a la salud de la población andina.
Sabotaje técnico y negligencia en la defensa legal
Para el director Iván Palomino, el daño trasciende lo material y se convierte en un problema de salud pública. "Esta área es de emergencias y urgencias, lo que significa que el centro de salud no va a poder atender a toda esta población en una situación de emergencia", sostuvo el funcionario. Palomino explicó que el diseño original contemplaba una distribución técnica rigurosa para garantizar flujos de atención rápida, los cuales quedan anulados tras la destrucción del pabellón de cuidados críticos.
El personal médico y técnico del establecimiento observa con incertidumbre cómo trabajadores contratados por presuntos propietarios colindantes avanzan sobre la propiedad estatal. Los operarios en el lugar alegan seguir órdenes de los "dueños del costado", quienes han procedido a derribar paredes de ladrillo y concreto. El director Palomino advirtió que no existe actualmente un equipo de asesoría jurídica local en el centro de salud capaz de frenar estas acciones, dejando la infraestructura en una situación de orfandad legal.
Además de la demolición, la inspección técnica ha revelado la existencia de forados en muros perimetrales de la nueva construcción. Según los reportes defensoriales, estos huecos habrían sido abiertos por particulares para integrar áreas del centro de salud a patios o depósitos privados. Esta ocupación de hecho representa un obstáculo para la futura liquidación y transferencia de la obra a las autoridades sanitarias regionales, al no coincidir la realidad física con los planos aprobados.
La raíz del conflicto, según la Defensoría del Pueblo, se encuentra en la gestión de la Municipalidad Provincial de Ambo. Marco Durán Rocca, comisionado de la Defensoría en Huánuco, señaló que existe una "situación temeraria" en la Procuraduría Pública Municipal. De acuerdo con el representante, el abogado encargado de defender los intereses del municipio no habría presentado oportunamente los documentos de descargo ni los recursos de apelación en los procesos judiciales que afectan el predio.
"El procurador debe estar atento; tenemos entendido que ha habido un proceso judicial y recomendamos que se iniciien investigaciones contra este funcionario por no haber presentado la apelación oportunamente", precisó Durán Rocca. Para el organismo defensorial, el hecho de que el terreno no esté saneado a estas alturas del proyecto revela una cadena de omisiones que compromete los recursos públicos invertidos en la edificación de los pabellones médicos.
La inacción municipal permite la pérdida de metros cuadrados de terreno y pone en tela de juicio la viabilidad de toda la inversión estatal. Durán Rocca fue enfático al señalar que, si la autoridad local no detiene la demolición, la obra corre el riesgo de ser declarada como una "inversión tonta para el Estado". El comisionado advirtió que la desidia oficial está pavimentando el camino para que el centro de salud se convierta en un activo inservible por el deterioro y la inseguridad jurídica.
Impacto ciudadano y responsabilidades políticas
La consecuencia más tangible de este conflicto recae sobre los usuarios de la provincia que requieren atención urgente. Actualmente, los pacientes en estado crítico deben ser trasladados hacia la ciudad de Huánuco, lo que incrementa los riesgos de complicaciones durante el trayecto. La puesta en marcha del nuevo centro de salud buscaba descentralizar estas atenciones y ofrecer servicios de parto y estabilización las 24 horas del día a través de su nueva infraestructura.
Con la mutilación del área de emergencias, la meta de recategorización ante la Dirección Regional de Salud (DIRESA) se vuelve técnicamente inalcanzable. El director Iván Palomino subrayó que la población es la principal afectada por esta disputa, ya que el establecimiento actual se encuentra rebasado. La destrucción de la nueva infraestructura condena a los ciudadanos a seguir dependiendo de una red asistencial limitada mientras los muros de la zona de emergencias son reducidos a escombros.
La responsabilidad de fiscalización también alcanza directamente al Concejo Municipal de Ambo. La Defensoría del Pueblo ha instado al alcalde y a los regidores a cumplir con su deber de vigilancia sobre el patrimonio provincial. Durán Rocca cuestionó el silencio de las autoridades electas frente a lo que considera un "disimulo" ante la usurpación de propiedad pública, señalando que la falta de convicción funcional está permitiendo un perjuicio social de gran magnitud.
En términos administrativos, el estancamiento del proyecto impide la contratación de especialistas y la instalación definitiva de equipos médicos que ya cuentan con presupuesto asignado. Al no existir un ambiente físico seguro y saneado legalmente, el Ministerio de Salud no puede proceder con la recepción de la obra. Este estancamiento burocrático, derivado de la negligencia en la procuraduría, mantiene el derecho a la salud en un estado de suspensión indefinida para miles de huanuqueños.
El futuro del Centro de Salud de Ambo queda supeditado a la celeridad de las acciones del Ministerio Público y la Prefectura Regional. Se espera que en los próximos días se determine si la Procuraduría Regional puede intervenir para solicitar una medida cautelar de cese de daños, supliendo la inoperancia de la instancia provincial. Mientras tanto, el avance de las calaminas y la caída de los muros de la zona de emergencias dictan el ritmo de una crisis que amenaza con dejar a la provincia sin su proyecto sanitario más relevante.
La desarticulación del área de cuidados inmediatos obliga a replantear todo el flujo de atención del centro médico. Sin un espacio para el triaje, la estabilización y la observación de pacientes, la infraestructura restante queda reducida a un centro de consultas externas. El director Palomino reiteró que la pérdida de un solo pabellón invalida la lógica sistémica de un centro de categoría 1.4, lo que representaría un fracaso en la planificación de la salud pública regional si no se revierte la demolición.
Finalmente, el caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las obras públicas frente a la presión de intereses privados cuando no existe una defensa jurídica sólida. La Defensoría del Pueblo mantendrá la supervisión del caso hasta que se garantice la integridad del inmueble y se identifiquen las responsabilidades administrativas por la pérdida de infraestructura. La pregunta que queda abierta en Ambo es si el Estado será capaz de recuperar lo destruido o si la desidia municipal habrá firmado la sentencia de muerte de la nueva área de emergencias.
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