La empresa prestadora de servicios Seda Huánuco ha judicializado el descontento social al enviar una carta notarial por presunta difamación contra Alfredo Quispe, representante de un frente de defensa local. La medida legal surge tras la exposición pública de presuntas irregularidades en la facturación y el funcionamiento de los medidores en diversos sectores de la ciudad. El conflicto pone bajo la lupa la transparencia administrativa de una entidad que, en los últimos meses, ha enfrentado cuestionamientos por la precariedad de su servicio.
El detonante de la acción legal fue la difusión de casos críticos, como el de Benita Cecilio Huerta, una usuaria cuyo recibo mensual saltó de un promedio de S/ 2.20 a S/ 107.10 sin variación en su consumo. Según Quispe, este no es un hecho aislado, sino un patrón que afecta a miles de ciudadanos que ven sus reclamos declarados "infundados" por la propia empresa. Para el dirigente, la carta notarial es un mecanismo de amedrentamiento que busca frenar la fiscalización ciudadana sobre la gestión del agua.
La tensión se agrava ante la evidencia de que Seda Huánuco solo ha rectificado montos tras la presión mediática o denuncias en redes sociales. El caso de Sinésio Rivera, cuya tarifa fue reducida de S/ 160 a S/ 57.50 tras una inspección forzada por la queja pública, refuerza la tesis ciudadana de que los instrumentos de medición podrían estar alterados. Esta falta de predictibilidad en los cobros ha generado un clima de desconfianza que ya trasciende el ámbito administrativo.
Evidencias técnicas y el vacío de fiscalización
El reclamo de los usuarios apunta directamente a la necesidad de un peritaje técnico independiente sobre los nuevos medidores instalados en Amarilis y Huánuco. Quispe sostuvo que pruebas empíricas realizadas en presencia de los usuarios demuestran discrepancias de hasta el 150% entre el consumo real y el registrado por la empresa. Pese a estas señales, organismos como la Sunass y la Defensoría del Pueblo aún no han logrado establecer una mesa de diálogo que garantice soluciones técnicas definitivas.
A este escenario se suma el impacto colateral en la salud de los involucrados; el dirigente reportó complicaciones médicas en su entorno familiar derivadas de la presión legal ejercida por la empresa. Por su parte, los usuarios afectados advierten que la falta de un plan de contingencia durante los cortes de servicio —como el registrado recientemente por tres días— agota la paciencia de una población que exige pagar "lo justo" por un servicio básico indispensable.
La respuesta de los colectivos sociales no se ha hecho esperar. Organizaciones como el Frente Patriótico Huánuco y el Frente Chinchaysuyo han anunciado que se sumarán a la defensa legal de Quispe y Benita Cecilio. La exigencia es clara: que el gobernador regional Antonio Pulgar y el alcalde provincial Antonio Jara intervengan en el directorio de la empresa para frenar lo que consideran un atropello contra el bolsillo de las familias más humildes.
Un conflicto social en vías de escalada
Más allá de los montos económicos, la disputa revela una fractura sistémica en la gobernabilidad de los servicios públicos en la región. La estrategia de Seda Huánuco de responder a las críticas con procesos legales, en lugar de auditorías técnicas transparentes, parece estar alimentando una movilización de mayor envergadura. El silencio de las autoridades municipales frente a la gestión de sus representantes en el directorio de la empresa profundiza el vacío de liderazgo.
El siguiente paso en esta crisis dependerá de la respuesta que brinde el Colegio de Abogados de Huánuco y la posible intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito ante las denuncias por omisión de funciones. Mientras tanto, el anuncio de una movilización masiva de los frentes de defensa sugiere que el conflicto dejará pronto las notarías para trasladarse a las calles. La pregunta queda instalada: ¿podrá Seda Huánuco sostener sus cifras de facturación frente a un peritaje técnico imparcial?
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