Informe sobre la gestión de Pulgar llega al 90%, según Elizabeth Medina

Una investigación congresal relacionada con la gestión del gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, tendría un avance del 90%, pero su conclusión y eventual aprobación podrían quedar en manos del próximo Congreso. La congresista Elizabeth Medina sostuvo que el expediente ya cuenta con un informe y que parte de la documentación fue remitida a la Fiscalía ante las presuntas irregularidades detectadas en proyectos regionales. La legisladora indicó que el trabajo fue desarrollado por una comisión investigadora vinculada con la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, afirmó que el documento no habría seguido oportunamente el procedimiento necesario para ser debatido en el pleno, lo que impidió que el caso llegara a una decisión parlamentaria antes de la etapa final de su mandato. Según Medina, el expediente se encuentra prácticamente concluido y solo faltaría elevarlo para su evaluación. La congresista expresó que los futuros representantes por Huánuco deberían recoger el trabajo pendiente y promover su aprobación. No precisó, sin embargo, la fecha del informe, el número completo del expediente ni las conclusiones documentales alcanzadas. Obras reformuladas entran en el cuestionamiento La parlamentaria centró sus acusaciones en obras sometidas a reformulaciones presupuestales que, según sostuvo, continuaron sin concluir. Entre los proyectos mencionó el hospital de Tingo María y establecimientos ubicados en Cachicoto, Monzón y Crespo Castillo, además de intervenciones correspondientes al sector Transportes. Medina afirmó que identificó proyectos con más de diez reformulaciones económicas y cuestionó que los incrementos o cambios presupuestales no hubieran estado acompañados por soluciones técnicas capaces de asegurar la culminación de las obras. También incluyó en sus señalamientos al anillo vial de Jactay, sobre el cual dijo que fue reformulado sin que se resolvieran sus deficiencias. Estas declaraciones constituyen la versión de la congresista y no acreditan por sí mismas la existencia de responsabilidad administrativa o penal. En el material proporcionado no figura el informe congresal, los documentos de la Fiscalía, las resoluciones citadas ni la respuesta del Gobierno Regional de Huánuco, del gobernador Antonio Pulgar o de los funcionarios comprendidos. La legisladora aseguró que durante la investigación fueron encontradas “diferentes presuntas” irregularidades y que los documentos correspondientes ya fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público. También señaló que la comisión se encontraba a la espera de información de la Contraloría General de la República. Medina dirige sus acusaciones al gobernador Durante la entrevista, Medina atribuyó responsabilidad política al gobernador porque, según su versión, las reformulaciones y ejecuciones cuestionadas necesitaron resoluciones o autorizaciones emitidas desde la máxima autoridad regional. La congresista llegó a afirmar que Pulgar debía responder por los hechos al encontrarse al frente de la institución. La parlamentaria mencionó una resolución que identificó como “495”, aunque advirtió que no recordaba con precisión el número. Según su interpretación, ese documento demostraría la intervención del gobernador en decisiones vinculadas con los proyectos investigados. La resolución no fue adjuntada al material, por lo que su contenido y alcance quedan pendientes de verificación. Medina también cuestionó la actuación de la Contraloría y afirmó que el control concurrente no habría funcionado oportunamente mientras las obras registraban problemas de ejecución. No detalló qué informes sustentan esa crítica ni identificó a los funcionarios de control que habrían intervenido en cada proyecto. La congresista sostuvo que podrían existir consecuencias administrativas y penales, pero no precisó si esta afirmación se basa en una recomendación formal de la comisión, en un informe definitivo de la Contraloría o en su propia evaluación política. Tampoco señaló qué personas serían investigadas por la Fiscalía ni el estado de las diligencias. El futuro del expediente dependerá de que el informe sea formalmente presentado, debatido y aprobado por las instancias correspondientes. Hasta entonces, quedará pendiente determinar qué hallazgos están respaldados documentalmente, qué proyectos fueron incluidos y si el Ministerio Público abrió investigaciones a partir de la información enviada.