Ley para convertir el Fausto Figueroa en materno infantil sigue sin ejecución tras casi cuatro décadas

La Ley N.° 24702, promulgada en 1987 para declarar de necesidad y utilidad pública la reconstrucción y equipamiento del antiguo hospital Fausto Figueroa como establecimiento materno infantil, continúa sin concretarse casi cuatro décadas después. El senador electo Serafín Andrés señaló que revisará la situación legal del inmueble una vez que asuma funciones. Durante la entrevista realizada por el periodista Hevert Laos Visag, Andrés reconoció que el caso exige revisar la vigencia de la norma, su eventual reglamentación y las condiciones actuales del predio. La discusión ya no está marcada por un desalojo inmediato, luego de que la Dirección Regional de Salud y la Beneficencia alcanzaran un acuerdo para que los trabajadores permanezcan en el local hasta diciembre. Ese entendimiento reduce temporalmente la tensión por la ocupación del inmueble, pero no resuelve su destino definitivo. El local continúa siendo utilizado por dependencias del sector Salud, mientras la ley mencionada en la entrevista plantea una finalidad asistencial orientada a madres y niños. Según la reseña presentada por Laos Visag, en el predio funcionaron establecimientos sanitarios desde la época colonial. En 1560 habría operado allí el Hospital Real de la Misericordia y, posteriormente, el establecimiento pasó a denominarse San Juan de Dios. A comienzos del siglo XX, la infraestructura se encontraba deteriorada. El filántropo Fausto Figueroa aportó S/52.000 para su reconstrucción, y su nombre quedó asociado al hospital. Después de la apertura del Hospital Hermilio Valdizán, en 1964, el antiguo local fue destinado a funciones administrativas del sector Salud. El acuerdo posterga el conflicto, pero no lo resuelve El pacto entre Diresa y la Beneficencia permite que los trabajadores continúen en el inmueble hasta diciembre y descarta, por ahora, una salida forzada. Sin embargo, el insumo no incorpora el documento completo del acuerdo ni precisa qué ocurrirá cuando venza el plazo. Tampoco se conoce si existe una propuesta para trasladar las oficinas, qué entidad asumirá los costos ni qué uso se dará al local después de diciembre. Estas decisiones serán determinantes para evitar que el conflicto reaparezca al cierre del año. Andrés sostuvo que el caso debe ser revisado con responsabilidad y que la existencia de una ley obliga a determinar qué acciones quedaron pendientes. Añadió que, si la norma no cuenta con reglamentación suficiente, correspondería evaluar una medida complementaria. La revisión legislativa, sin embargo, no bastará para poner en funcionamiento un hospital. Será necesario conocer el estado estructural del inmueble, su saneamiento físico-legal, las dimensiones disponibles y el costo de una eventual reconstrucción. La necesidad sanitaria requiere sustento actualizado Durante la entrevista se planteó que Huánuco necesita un establecimiento materno infantil de alta especialidad y que numerosas mujeres son atendidas en centros periféricos con limitaciones. El compromiso de Serafín Andrés abre una posibilidad de revisión parlamentaria, pero el resultado dependerá de documentos concretos: el texto de la Ley N.° 24702, su estado normativo, el acuerdo vigente hasta diciembre y los estudios que determinen si el inmueble puede volver a prestar servicios asistenciales.