Codo de Pozuzo exige investigar presuntas extorsiones atribuidas a policías

Presuntos cobros ilegales, revisiones arbitrarias y amenazas atribuidas a efectivos policiales fueron denunciados en Codo de Pozuzo por un representante de la población, quien reclamó la intervención del Ministerio Público y de la Inspectoría de la Policía Nacional. El denunciante afirmó que existe un comprobante de depósito por S/7 mil dirigido a la cuenta de un policía que presta servicios en el distrito. La acusación no fue acompañada en el material entregado por una copia del comprobante, números de denuncia, identificación de los efectivos señalados ni una respuesta de la Policía Nacional. Por esa razón, los hechos deben ser tratados como denuncias pendientes de verificación y no como responsabilidades establecidas. El representante aseguró que la directiva local tiene una copia del supuesto comprobante y que varias personas habrían reportado cobros, pérdida de dinero durante intervenciones y amenazas para evitar que presenten denuncias. También sostuvo que parte de la población teme acudir ante las autoridades por la posibilidad de sufrir represalias o la colocación de pruebas incriminatorias. Piden el cambio de todos los efectivos La demanda principal es el relevo total del personal policial asignado a Codo de Pozuzo. El declarante sostuvo que una simple reubicación no sería suficiente y pidió que los casos sean investigados penal y administrativamente para determinar si existieron cobros indebidos, apropiación de bienes u otros abusos durante intervenciones. El poblador señaló que los presuntos hechos afectarían principalmente a campesinos que transitan o trabajan en la zona. Según su testimonio, durante algunas intervenciones los agentes no se limitarían a solicitar documentos, sino que revisarían mochilas, billeteras y pertenencias personales. La denuncia adquiere mayor gravedad por la advertencia de una posible confrontación entre ciudadanos y policías. El representante manifestó que la población intenta canalizar el reclamo de manera pacífica y mediante coordinación con las autoridades, pero advirtió que la tensión podría aumentar si no existe una respuesta oportuna. Investigación debe establecer responsabilidades Las afirmaciones sobre extorsión, robo, corrupción y amenazas requieren documentos, testimonios individualizados y actuaciones fiscales que permitan determinar qué ocurrió. El comprobante de S/7 mil, de existir, deberá ser examinado para identificar al titular de la cuenta, el origen del pago y la razón por la que se efectuó. También resulta indispensable conocer cuántas denuncias fueron presentadas formalmente, en qué fechas, contra qué efectivos y ante qué dependencias. El testimonio no precisa esos datos ni identifica al representante que formula la acusación, vacíos que reducen la posibilidad de contrastar inmediatamente los señalamientos. La Policía Nacional y su órgano de Inspectoría deberán informar si recibieron denuncias relacionadas con la comisaría o el personal destacado en Codo de Pozuzo. El Ministerio Público, por su parte, deberá determinar si existen elementos que justifiquen una investigación penal. La denuncia expresa un deterioro grave de la confianza entre una parte de la población y quienes tienen la función de brindar seguridad. La solidez del caso dependerá ahora de que los denunciantes entreguen los comprobantes y formalicen sus testimonios, y de que la Policía responda públicamente a los señalamientos.