Defensoría alerta que desalojo de Diresa puede golpear servicios críticos de salud

El desalojo de la Dirección Regional de Salud de Huánuco ya no aparece solo como un conflicto por el uso de un inmueble. La Defensoría del Pueblo alertó al Primer Juzgado Civil de Huánuco que la diligencia programada para el viernes 10 de julio de 2026 podría interrumpir servicios esenciales de salud pública, desde la vigilancia epidemiológica hasta la preservación de vacunas y productos biológicos que dependen de cadena de frío. La advertencia fue remitida por el Programa de Litigio Estratégico de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales, en relación con el local ocupado por la Diresa en el jirón Dámaso Beraún 1017. Según la Defensoría, la posible paralización afectaría también la supervisión sanitaria y la realización de pruebas diagnósticas vinculadas a enfermedades de relevancia epidemiológica como tuberculosis, VIH/Sida, dengue, sífilis y hepatitis B. El pronunciamiento elevó el caso a un terreno más sensible: el derecho a la salud de la comunidad huanuqueña. La Defensoría llamó la atención sobre la actuación del procurador público del Gobierno Regional de Huánuco y de la “Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la resolución judicial n.° 00544-2019-0-1201-JR-CI-01”, porque, según indicó, no habrían ejercido hasta la fecha la defensa judicial ante la diligencia ni remitido información sobre un plan de contingencia. Una sede con funciones sensibles La Dirección Regional de Salud no funciona únicamente como oficina administrativa. Según el director regional de Salud, Gustavo Barrera Sulca, la institución concentra direcciones técnicas que sostienen parte de la respuesta sanitaria regional. Entre ellas, mencionó al laboratorio regional, al que calificó como único en Huánuco y acreditado para procesar muestras de establecimientos de salud, hospitales, sanidad policial, Fuerzas Armadas y clínicas particulares. Barrera sostuvo que ese laboratorio procesa muestras relacionadas con tuberculosis, sida, cáncer, sarampión y tos ferina. También advirtió que allí se conservan cepas sensibles, entre ellas de tuberculosis multidrogo resistente, que podrían generar riesgo si son manipuladas de manera inadecuada durante una diligencia accidentada. La Defensoría no se pronunció sobre la propiedad del inmueble ni sobre el fondo del conflicto patrimonial, pero sí puso énfasis en la continuidad del servicio público. Su exhortación fue dirigida a los funcionarios involucrados para que adopten acciones que garanticen la atención sanitaria, especialmente porque la cadena de frío exige condiciones específicas de almacenamiento para vacunas y productos biológicos. El caso se agravó después de que el directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huánuco rechazara la propuesta de alquiler presentada por la Diresa y el Gobierno Regional. De acuerdo con Barrera, la oferta inicial fue de S/20 mil mensuales y luego se elevó a S/30 mil. El funcionario sostuvo que ese monto sería asumido con apoyo presupuestal del Gobierno Regional. El reloj judicial sigue corriendo El conflicto económico no está cerrado. Barrera indicó que la Beneficencia plantea además el reconocimiento de una deuda cercana a S/4 millones por el periodo comprendido desde 2019 hasta la actualidad. Sin embargo, el director regional sostuvo que la Diresa no puede reconocer ese monto sin mandato judicial, peritaje o sustento formal que acredite la obligación. La posición de la Diresa es separar ambos caminos: por un lado, aceptar un alquiler inmediato para evitar el desalojo; por otro, dejar que una instancia correspondiente determine si existe deuda, cuánto asciende y bajo qué condiciones debería ser pagada. Según Barrera, si la deuda se acredita legalmente, el Gobierno Regional honraría el pago o evaluaría un fraccionamiento. La cuenta regresiva deja poco margen. El desalojo está previsto para el 10 de julio a las 9:30 de la mañana, según lo señalado por Barrera en entrevista. El funcionario afirmó que todavía se busca una reconsideración de la Beneficencia y que, si se logra un acta de acuerdo antes de la diligencia, esa solución podría ser presentada ante el juzgado para suspender la medida. El desenlace queda ahora en manos de varias instancias: el directorio de la Beneficencia, el Gobierno Regional, la Procuraduría, el juzgado y la propia Diresa. Si no aparece una salida formal antes del viernes, Huánuco podría enfrentar una diligencia judicial con consecuencias que, según la Defensoría y la autoridad sanitaria regional, exceden ampliamente la disputa por un local.