El polvo levantado por los camiones pesados del proyecto Rancho–Panao–Chaglla terminó por desbordar la paciencia de los vecinos de Chuncacuna Baja. La población bloqueó la vía alterna utilizada por los vehículos que trasladan material excedente y exigió la presencia directa de representantes de la empresa ejecutora, denunciando que la polvareda diaria ingresa a sus viviendas, cubre alimentos y pertenencias, y afecta la salud de niños, adultos mayores y familias que viven a lo largo del recorrido.
El reclamo vecinal se produce en una obra que, según el alcalde de Pachitea, Roger Venancio, apenas registra un 4% de avance después de más de 10 meses de ejecución. El contrato inicial era de 18 meses, pero el propio burgomaestre calificó el avance como “lento” y “preocupante”, aunque sostuvo que el proyecto no se encuentra paralizado.
Los sectores Macorgoto, Nueva Esperanza y Chuncacuna Baja se declararon en plantón para exigir una solución inmediata. Según denunciaron los pobladores, los camiones circulan de manera constante por las vías vecinales y dejan una nube de polvo que se mantiene durante el día. “Ya no podemos ni respirar en nuestras casas”, señalaron vecinos durante la protesta, reclamando que la contaminación también alcanza sus utensilios, ropa, alimentos y ambientes familiares.
Agua antes que más promesas
La exigencia principal es concreta: riego permanente, frecuente y efectivo en las vías afectadas. Los vecinos sostienen que no basta con intervenciones ocasionales ni con promesas generales, sino con un plan diario de control de polvo mediante cisternas. Para la población, el problema dejó de ser una incomodidad del tránsito y se convirtió en una afectación directa a la salud.
Venancio indicó que la empresa trabaja actualmente con cuatro cisternas de agua y que se solicitó implementar cuatro más para cubrir todo el tramo hasta Chaglla. Según el alcalde, existe un compromiso de la empresa para ampliar ese servicio en un plazo de 15 días. Sin embargo, el bloqueo demuestra que el riego disponible no está respondiendo a la magnitud del problema en las zonas habitadas.
Durante la protesta también llegaron representantes del Frente de Defensa, pero algunos manifestantes los rechazaron y pidieron conversar directamente con los responsables de la empresa. Ese gesto revela el nivel de molestia de la población: los vecinos ya no quieren intermediarios, sino compromisos verificables sobre horarios de riego, número de cisternas, rutas de tránsito pesado y medidas de mitigación.
Una obra lenta y con varios frentes abiertos
El problema ambiental se suma a las dificultades administrativas y técnicas que ya arrastra la carretera. Venancio explicó que uno de los retrasos está relacionado con los botaderos previstos en el expediente, debido a que algunos propietarios se habrían retractado de los permisos otorgados. También señaló que los pagos por afectación de predios avanzan lentamente.
Según el alcalde, unas 150 casas ya fueron pagadas, pero existen más de 600 viviendas comprendidas en el proceso. Además, indicó que Provías Nacional interviene en los pagos de viviendas y terrenos, y que esa demora también estaría afectando el ritmo de ejecución. Para este mes, según su versión, se espera un nuevo paquete de pagos que permitiría liberar más frentes de trabajo.
El tránsito en el tramo principal también permanece condicionado. De acuerdo con Venancio, la vía se cierra de 7:00 a. m. a 12:00 m. y vuelve a cerrarse desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m., aunque existen rutas alternas. El problema es que esas rutas, usadas para sostener la circulación durante la obra, ahora son parte del conflicto por la polvareda que soportan los vecinos.
Algunas vías que debían habilitarse para aliviar el tránsito, como la ruta por La Esperanza y otra vinculada a Umari, Chullqui y Churubamba, aún dependen de coordinaciones con el Gobierno Regional, según indicó el alcalde. Mientras esas alternativas no estén plenamente operativas, la presión sobre las vías vecinales continuará afectando a las familias asentadas en el recorrido.
Para Pachitea, la carretera Rancho–Panao–Chaglla es una obra clave porque conecta zonas agrícolas y permite la salida de productos. Pero, con solo un 4% de avance, más de 10 meses consumidos y una población que ahora bloquea la vía por contaminación, el proyecto entra en una fase más crítica. Ya no se trata únicamente de cumplir un cronograma, sino de evitar que la obra siga trasladando sus costos diarios a quienes viven junto al camino.
El siguiente punto será verificar si la empresa cumple el compromiso de aumentar cisternas y si las autoridades supervisan un riego permanente en los sectores afectados. Si la respuesta vuelve a ser insuficiente, la protesta de Chuncacuna Baja podría convertirse en el primer aviso de un conflicto mayor alrededor de una obra lenta, necesaria y cada vez más incómoda para la población.
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