Una ley que podría beneficiarlo personalmente fue rechazada por Marco Antonio Barrueta Vega. El actor, director y maestro de teatro se pronunció en contra de la Ley 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, porque considera que la norma podría excluir o limitar a creadores autodidactas, artistas populares y maestros con trayectoria que no cuentan con título profesional formal.
Barrueta afirmó que su posición es "tajante" contra la ley, aunque reconoció que, desde una perspectiva individual, él podría resultar beneficiado por su formación. Según relató, es actor de profesión, estudió arte dramático en Argentina, cuenta con formación pedagógica para la enseñanza del arte dramático y realizó estudios universitarios en San Marcos. Sin embargo, sostuvo que el centro del debate no debe ser su caso, sino el de quienes han construido una carrera artística fuera de escuelas o universidades.
El principal cuestionamiento del artista se dirige a la naturaleza misma del arte. Barrueta señaló que el talento, la creatividad y la capacidad escénica no pueden medirse únicamente por un título. En su opinión, una regulación profesional aplicada de forma rígida podría afectar a músicos, actores, danzantes, pintores, docentes empíricos y artistas populares cuya legitimidad proviene de la práctica, la trayectoria y el reconocimiento del público.
El título frente a la trayectoria
El actor expresó su preocupación por el caso de artistas nacionales y regionales con carreras consolidadas que podrían quedar en desventaja si la colegiatura se convierte en requisito para enseñar, actuar o ejercer actividades artísticas. Según su interpretación, la norma corre el riesgo de desmerecer a creadores autodidactas o formados en espacios comunitarios, familiares y populares, especialmente en provincias donde el acceso a escuelas profesionales de arte es limitado.
Barrueta también advirtió que el problema no se limita al teatro. Señaló que la medida alcanzaría a diversas expresiones artísticas, como danza, música, dibujo, pintura y artes escénicas. Por ello calificó como arbitrario pretender ordenar todo el campo artístico bajo una lógica profesionalizante sin considerar las distintas formas de aprendizaje y transmisión cultural que existen en el país.
El entrevistado fue más contundente al afirmar que la ley podría convertirse en una forma de condicionamiento sobre el ejercicio independiente del arte. Esa afirmación debe entenderse como su valoración política. Barrueta expresó su temor de que canciones de protesta, parodias teatrales o expresiones críticas terminen expuestas a mecanismos de control. No presentó documentos que prueben esa intención, pero señaló que esa es una preocupación compartida por diversos artistas.
Una modificatoria antes que una derogatoria total
A pesar de su rechazo, Barrueta no planteó únicamente eliminar la idea de organización profesional. Su propuesta fue modificar la ley para incorporar por única vez a artistas con trayectoria comprobada, especialmente aquellos con diez años o más de experiencia. Según dijo, ese reconocimiento evitaría dejar atrás a “grandes maestros” que han enseñado, actuado o formado generaciones sin pasar por una universidad.
El artista también propuso un plazo de cinco años para que los creadores puedan capacitarse y formalizarse progresivamente. A su juicio, el Estado debería impulsar escuelas, institutos y universidades artísticas antes de exigir credenciales a quienes no tuvieron acceso a esos espacios. En el caso de Huánuco, mencionó la necesidad de fortalecer la formación en música, teatro, danza y artes escénicas, incluso tomando como referencia instituciones existentes como la Universidad Daniel Alomía Robles.
Barrueta no rechazó la educación artística ni la capacitación. Por el contrario, sostuvo que ambas son necesarias. Su objeción está en imponer requisitos de manera inmediata sin reconocer la realidad del sector. También planteó que una organización profesional podría servir para previsión social, defensa de derechos, jubilación, asesoría legal y mejores condiciones laborales, siempre que incluya a los artistas ya activos y no los excluya.
El pronunciamiento abre una discusión más amplia: cómo proteger los derechos laborales y sociales de los artistas sin convertir la colegiatura en una barrera de entrada. Para Barrueta, la solución no está en negar la formación profesional, sino en reconocer que el arte peruano también se sostiene sobre trayectorias populares, aprendizajes empíricos y maestros que hicieron escuela antes de que existiera un título que los certifique.
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