Margarita Calixto Soto, de 75 años, permanece excluida de los programas sociales del Estado debido a la imposibilidad de tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI). El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) supedita el trámite a la entrega de una partida de nacimiento original, documento desaparecido durante la incursión terrorista en el distrito de Chavín de Pariarca, Huamalíes.
La ciudadana padece una discapacidad física de nacimiento que le impide movilizarse y realizar actividades básicas. Según denunció su sobrino, Hilder Trinidad, la falta de identidad legal bloquea su afiliación a Pensión 65 y al programa Contigo, agravando su situación de extrema pobreza tras el derrumbe de su vivienda ocurrido en el año 2016.
Trinidad sostuvo que la oficina registral ha rechazado gestiones realizadas durante los últimos cuatro años de manera sistemática. "Nos piden la partida original, pero en la municipalidad nos dicen que no existe porque los subversivos quemaron el local entre 1990 y 1995", precisó el familiar, quien custodia a la mujer ante la ausencia de hijos o pareja.
Documentación perdida y abandono municipal
El caso de Calixto Soto revela la persistencia de brechas de identidad en zonas rurales golpeadas por el conflicto armado interno. Al contar únicamente con una libreta electoral de tres cuerpos —documento ya caduco—, la ciudadana se encuentra en un limbo administrativo que las soluciones estándar de Reniec no han logrado resolver hasta la fecha.
La precariedad de la adulta mayor se profundizó hace ocho años, cuando la Municipalidad Distrital de Chavín de Pariarca demolió su domicilio para la apertura de una carretera. Pese a la firma de un acta de compromiso para su reubicación, Trinidad afirmó que la comuna no cumplió con la construcción de una nueva vivienda para la afectada, dejándola en el abandono.
Actualmente, la mujer sobrevive en una estructura precaria de calaminas habilitada por comuneros de la zona. Su traslado hacia centros urbanos para insistir con el trámite resulta inviable por su estado de salud; según su familia, los viajes en vehículos le provocan descompensaciones críticas que ponen en riesgo su integridad física.
Pendientes institucionales y riesgo vital
La situación de Calixto Soto requiere la intervención de oficio de la Defensoría del Pueblo para mediar ante el Reniec y facilitar una inscripción extemporánea basada en registros supletorios. La normativa permite procedimientos especiales para casos de archivos siniestrados, aunque la aplicación de estos mecanismos suele enfrentar barreras burocráticas en las oficinas provinciales.
El destino de Margarita Calixto depende ahora de una flexibilización en los requisitos registrales que considere la desaparición histórica de sus documentos de origen. Queda pendiente determinar si el Estado podrá restituirle el derecho a la identidad y a una asistencia mínima antes de que su condición de salud alcance un punto irreversible.
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