La viabilidad del Centro de Salud de Ambo ha recibido un golpe de gracia desde el Poder Judicial. Una sentencia emitida por el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, y confirmada por la Sala Civil de la Corte Superior en agosto de 2024, ha declarado fundada la demanda de "Mejor Derecho de Propiedad" interpuesta por la ciudadana Magda Teresa Milla de Beraun. El fallo ordena la cancelación parcial del asiento registral del predio hospitalario, restándole una extensión de 219.209 metros cuadrados, un área crítica que ahora pertenece legalmente a un particular y no al Estado.
Este revés judicial transforma el "vicio de origen" denunciado por especialistas en una realidad irreversible: el hospital fue diseñado y licitado sobre un terreno que el Gobierno Regional de Huánuco (DIRESA) no poseía en su totalidad. Al perder más de 200 metros cuadrados del área matriz, el diseño arquitectónico original del centro de salud queda físicamente desfasado, convirtiendo cualquier intento de continuar la construcción en una usurpación de propiedad privada. La obra, que ya enfrentaba cuestionamientos por falta de estudios geodésicos, se encamina ahora a un rediseño forzado o a una parálisis definitiva por inviabilidad legal.
El fallo que desnudó la improvisación del sector salud
La resolución N° 31, firmada por la jueza Juana Silvia Cercedo Falcón, es lapidaria para la gestión de infraestructura regional. El documento de SUNARP, inscrito finalmente en julio de 2025, detalla que el área de 219.209 m² debe ser segregada de la partida electrónica N° 11094278, la cual servía de base para el proyecto de inversión. Esta "amputación" del terreno matriz de 3,971.21 m² demuestra que el saneamiento físico-legal, exigido por el sistema Invierte.pe desde la etapa de preinversión, nunca fue ejecutado con rigor técnico.
El arquitecto Walter Vladimir Bruno Solero, exdecano del Colegio de Arquitectos de Huánuco, sostiene que este escenario de derrota judicial es la consecuencia directa de haber omitido el informe de compatibilidad de terreno. “Para hacer un proyecto de inversión se necesita tener saneamiento físico-legal desde la priorización”, puntualizó Bruno Solero. Para el experto, el hecho de que una ciudadana haya ganado el mejor derecho de propiedad sobre el área de la obra evidencia que la municipalidad y la unidad formuladora trabajaron con planos desactualizados, ignorando los antecedentes dominiales que hoy el juzgado ha validado.
La sentencia judicial no solo afecta el metraje, sino que invalida la cadena de aprobaciones técnicas. Al perderse el control sobre una franja del terreno, los estudios de suelos, el diseño de cimentaciones y la distribución de ambientes hospitalarios pierden su sustento técnico. Bruno Solero advierte que ejecutar una obra bajo estas condiciones es una falta grave: “¿Vamos a trabajar sobre un terreno que está en litigio? Primero resolvemos el tema, de manera conciliatoria”, cuestionó el arquitecto, señalando que la soberbia administrativa de ignorar los reclamos de los colindantes ha terminado en un desastre patrimonial para el Estado.
Responsabilidades administrativas tras la pérdida del predio
La inscripción de la sentencia bajo responsabilidad de la magistrada Cercedo Falcón, tras apercibimiento de denuncia penal al registrador, subraya la resistencia institucional que hubo para aceptar la realidad del terreno. La Municipalidad Provincial de Ambo y el Gobierno Regional de Huánuco avanzaron con la licitación de millones de soles sabiendo que existía un proceso judicial en curso sobre el "mejor derecho de propiedad". Esta negligencia expone hoy a los funcionarios a procesos por malversación y omisión de funciones, al haber comprometido presupuesto público en un predio sin seguridad jurídica.
Este vacío legal no es un error de cálculo, sino una vulneración sistemática del ciclo de inversión. Bruno Solero explicó que la normativa de salud de 2015 obliga al ente rector a verificar la libre disponibilidad del área antes de aprobar el expediente técnico. Sin embargo, en Ambo, la obra se inició sin haber cerrado el conflicto con Magda Teresa Milla de Beraun. El resultado es un edificio a medio construir que hoy colisiona con una propiedad privada protegida por una sentencia de la Corte Superior, dejando a la Red de Salud de Ambo sin una sede funcional.
El calvario de la espera: de Ambo a La Unión
Mientras los tribunales devuelven el terreno a sus dueños legítimos, la crisis de salud se ensaña con la población de las provincias más alejadas. La imposibilidad de culminar el hospital de Ambo repercute en toda la red regional, que hoy muestra signos de agotamiento en establecimientos como el de La Unión, en Dos de Mayo. Allí, la falta de infraestructura adecuada obliga a los pacientes a soportar esperas inhumanas bajo temperaturas extremas, una realidad que el nuevo hospital de Ambo debía ayudar a descongestionar.
“Venimos desde lejos, madrugamos, pero no nos atienden. Tenemos que regresar más tarde y seguir esperando, incluso en el frío”, relata un usuario en La Unión. Esta escena de desprotección es el rostro humano de la ineficiencia técnica en Ambo. La exposición al frío de niños y ancianos con cuadros bronquiales es el costo directo de los 219 metros cuadrados que el Estado perdió en el juzgado por no realizar un estudio geodésico y un saneamiento responsable hace diez años.
La brecha entre la necesidad médica y la respuesta administrativa es cada vez más profunda. En Ambo hay cemento paralizado por litigios; en La Unión hay pasillos gélidos por falta de gestión. Para la ciudadanía, la promesa de salud se ha convertido en un expediente judicial. La resolución del conflicto en Ambo ya no depende de la voluntad política, sino de un rediseño técnico integral que acepte la nueva realidad del terreno, una tarea que podría retrasar la atención especializada por otra década más.
Un elefante blanco con sentencia judicial
El Centro de Salud de Ambo se proyecta hoy como un monumento a la impericia. La cancelación parcial del asiento registral ordenada por el juzgado deja a la obra en una situación de "inviabilidad sobrevenida". Sin el área de Magda Milla de Beraun, el proyecto ya no cumple con el programa médico arquitectónico original aprobado por el MINSA. La responsabilidad ahora recae en la Contraloría, que deberá identificar a los responsables de haber autorizado una inversión millonaria sobre una propiedad ajena.
El futuro del proyecto es incierto. La única salida técnica viable, según el análisis del arquitecto Bruno Solero, sería un replanteo total de la obra o una expropiación por necesidad pública que requeriría una ley del Congreso, proceso que tardaría años. Mientras tanto, la infraestructura actual seguirá deteriorándose y la población de Ambo continuará acudiendo a locales precarios, confirmando que en Huánuco, la salud pública sigue siendo la principal víctima de la improvisación y el desprecio por la legalidad técnica.
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