La inviabilidad del Centro de Salud de Ambo ha dejado de ser una sospecha técnica para convertirse en un conflicto de propiedad entre instituciones del Estado. La inscripción registral de 2001 confirma que la Municipalidad Provincial de Ambo donó un predio de 2,211 metros cuadrados a la Dirección Regional de Salud (Diresa), pero lo hizo arrastrando vicios legales que hoy, tras una sentencia judicial adversa, han amputado el corazón del proyecto hospitalario. Gustavo Barrera, actual director de la Diresa, ha reconocido que la aceptación de esta donación fue el "vicio de origen" que hoy condena la inversión pública.
El documento registral (Asiento C-2 de la Partida 3058000063) detalla que el Ministerio de Salud, representado por Justo Agustín Tamayo Dueñas, adquirió el dominio del terreno mediante donación de la comuna ambina el 14 de mayo de 2001. Sin embargo, este título de dominio se sustentó en descripciones de 1940 y 2000 que nunca fueron contrastadas con la realidad física del Jr. Mariscal Castilla. El resultado es una infraestructura moderna de millones de soles levantada sobre un predio que, legalmente, contenía áreas de propiedad privada no advertidas por el sector salud.
Una donación de "papel" frente a la realidad jurídica
El contraste entre el documento de SUNARP y la realidad operativa es demoledor. Mientras el registro de 2001 otorga la posesión a la Red de Salud de Ambo por un valor referencial de S/ 20,652.70, el director Gustavo Barrera admite que la transferencia fue deficiente. “Si bien es cierto ellos han hecho la donación del terreno a la Diresa, es una donación que tenía muchos problemas legales y eso desde un inicio estuvo mal planteado”, sostuvo el funcionario, señalando que la municipalidad entregó un activo "envenenado" judicialmente.
Esta admisión de Barrera desbarata la defensa técnica de la obra. Al reconocer que hubo tres etapas de donación y que la última —de aproximadamente 400 metros cuadrados— nunca fue saneada, el director de la Diresa confirma que el Estado construyó a sabiendas de la precariedad legal del sitio. Para el arquitecto Walter Bruno Solero, exdecano de los arquitectos, esta situación es inaceptable bajo el sistema Invierte.pe, que exige saneamiento físico-legal desde la priorización del proyecto para evitar, precisamente, el escenario de litigio actual.
La sentencia judicial de la magistrada Juana Silvia Cercedo Falcón, que restituye 219.209 metros cuadrados a Magda Teresa Milla de Beraun, es la prueba de que la donación de la municipalidad invadió propiedad ajena. Barrera fue enfático al responsabilizar al donante original: “La municipalidad tenía que haber hecho una solución extrajudicial... comprar el terreno, porque se supone que ellos han donado ese terreno”. Esta declaración traslada la carga financiera de la crisis de vuelta al municipio, que ahora debería pagar por áreas que ya "regaló" al Ministerio de Salud.
El deslinde de responsabilidades en la Diresa
La crisis ha tomado un cariz violento con denuncias de "actos vandálicos" y sustracción de equipos biomédicos en la obra. Gustavo Barrera ha utilizado la situación de la donación incompleta para marcar distancia de la custodia del proyecto, alegando que, al no haber sido entregada formalmente la obra a la Diresa, la vigilancia recae exclusivamente en la Municipalidad de Ambo y la empresa contratista. “No sé por qué motivos no tiene seguridad esta obra; eso no hubiese ocurrido si hubiese seguridad”, cuestionó el titular de salud.
La pugna entre procuradores —el municipal y el regional— sobre quién debe liderar las denuncias penales por la destrucción de infraestructura revela una fractura institucional profunda. Mientras la Diresa intenta protegerse mediante una acción de amparo, los documentos de SUNARP de 2011 muestran que la partida matriz ya había sido clausurada por acumulación de áreas, un cambio registral que ninguna de las instituciones involucradas parece haber procesado a tiempo para rectificar los linderos del hospital.
Esta cadena de negligencias impacta directamente en los usuarios de provincias como Dos de Mayo. Mientras en Ambo el presupuesto se diluye en procesos judiciales por terrenos mal donados, en La Unión los pacientes deben esperar bajo temperaturas extremas en centros de salud que carecen de la capacidad resolutiva que este nuevo hospital debía ofrecer. "Venimos desde lejos, madrugamos, pero no nos atienden... seguimos esperando incluso en el frío", relata un paciente, evidenciando que el costo real de los vicios legales en Ambo se paga con la salud de la población más vulnerable.
Un elefante blanco con sentencia firme
El futuro del Centro de Salud de Ambo es hoy una incógnita jurídica. La sentencia de "Mejor Derecho de Propiedad" a favor de la ciudadana Milla de Beraun no solo reduce el metraje del hospital, sino que invalida el expediente técnico actual. Gustavo Barrera ha sido claro al calificar la ejecución iniciada en 2018 como "incorrecta" debido a los problemas judiciales preexistentes. “¿Cómo se hace una obra en un terreno que tiene problemas judiciales?”, se preguntó el funcionario, asumiendo un "pasivo" que ahora amenaza con paralizar la atención médica por años.
El próximo paso será determinar si la Municipalidad de Ambo asumirá la compra de los 219 metros cuadrados perdidos en juicio o si el Estado optará por el abandono de la infraestructura construida en zona ajena. La lección de este colapso es amarga para la gestión pública de Huánuco: la fe registral de una donación de 2001 no fue suficiente para suplir la falta de un estudio geodésico moderno. Mientras la técnica y la legalidad sigan moviéndose en cuerdas separadas, la salud pública seguirá siendo un proyecto en litigio permanente.
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