La visita de la presidenta del Poder Judicial a la región Huánuco ha puesto de relieve la fragilidad de un sistema que opera al límite de su capacidad operativa y técnica. Entre una carga procesal inmanejable y un presupuesto que apenas alcanza el 25% de lo solicitado, la administración de justicia enfrenta una crisis estructural que, según especialistas, es agravada por decisiones influenciadas por la presión mediática y un persistente abandono financiero del Poder Ejecutivo.
Hernán Cajusol, jurista y analista del sistema de justicia, sostuvo que el déficit de recursos no es un fenómeno reciente, sino una carencia histórica que limita la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. Según precisó, el Ministerio de Economía suele otorgar apenas una cuarta parte de lo que el sector Justicia requiere anualmente, lo que sugiere una falta de voluntad política para fortalecer la autonomía y eficiencia del sistema.
Este escenario de precariedad impacta directamente en la respuesta estatal ante delitos de alta sensibilidad, como la violencia sexual, donde la falta de inversión en salud mental impide un abordaje integral de los trastornos que originan estas conductas. La brecha entre la demanda ciudadana y la capacidad de los juzgados sigue ensanchándose, dejando a provincias como Leoncio Prado en una espera de años por la consolidación de infraestructuras clave.
El factor de la presión mediática y el hacinamiento
Uno de los puntos más críticos señalados por Cajusol es el fenómeno del "populismo judicial", donde los magistrados, ante el temor del cuestionamiento público o mediático, optarían por dictar prisiones preventivas de forma sistemática. Esta práctica, según advirtió, ha desvirtuado el carácter excepcional de la medida, convirtiéndola en una regla que asegura el puesto del juez pero colapsa el sistema penitenciario.
La consecuencia directa es una población penal que excede largamente la capacidad de los centros de reclusión. Cajusol recordó que existe una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en 2020, a raíz de la pandemia, que ordenó al Estado peruano ejecutar un plan de despoblamiento de las cárceles debido al hacinamiento crítico, estableciendo un plazo de cumplimiento que vence en 2025.
Pese al mandato del máximo intérprete de la Constitución, los criterios judiciales parecen no haber girado hacia la liberación de quienes no representan un riesgo real de fuga o entorpecimiento. Para el experto, la interpretación de la ley se ha vuelto rígida frente a "la tribuna", postergando soluciones técnicas como el uso de grilletes electrónicos, cuya implementación sigue estancada por falta de presupuesto.
Deudas territoriales y la sombra política
La crisis de infraestructura tiene un epicentro en Tingo María, donde la población y el foro jurídico exigen la creación de la Corte de Justicia del Alto Huallaga. El crecimiento demográfico de la zona ha desbordado la competencia de las actuales salas, obligando a los litigantes a traslados costosos y prolongando los tiempos de resolución de conflictos que son vitales para la paz social en una zona históricamente convulsa.
Finalmente, Cajusol sugirió que la debilidad del sistema podría responder a un cálculo político de los niveles más altos del Gobierno. Al mantener una administración de justicia desfinanciada y lenta, se garantiza que los procesos contra funcionarios y políticos no lleguen a término oportunamente, favoreciendo la impunidad al concluir sus gestiones.
Lo que queda pendiente tras la inspección de la presidencia del Poder Judicial es la respuesta del Ministerio de Economía sobre la ampliación de partidas para 2025. El plazo otorgado por el Tribunal Constitucional para reducir el hacinamiento carcelario expira el próximo año, y sin una reforma en los criterios de los jueces de investigación preparatoria, el Estado peruano se encamina a un incumplimiento de proporciones institucionales.
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