EL RETO DE LA GOBERNABILIDAD

La responsabilidad demócrata ante un país partido en dos.

El veredicto de las urnas ha dejado al Perú, una vez más, frente a su propio espejo: un país fracturado casi a la mitad, donde la geografía del voto dibuja dos realidades que parecen irreconciliables. Creo que el dato más revelador no es ese margen estrecho en el cómputo total, sino lo que ocurrió dentro del territorio peruano: Sánchez ganó por 32,014 votos en el país, y Fujimori revertió el resultado gracias al voto del exterior. Huánuco lo dijo con más claridad que muchas regiones: 64.75% para Sánchez, 35.25% para Fujimori, una brecha de 111,321 votos que no deja mucho espacio para la ambigüedad. La virtual presidenta electa no representa, por lo menos electoralmente, a esta región. Y eso tiene consecuencias. La pregunta medular ya no es cómo se ganó la elección, sino cómo se va a gestionar un Estado donde la mitad de la población, la que vive y trabaja en el territorio, se siente excluida del resultado. Mainwaring (2018) sostiene que cuando los sistemas políticos sufren una desafección democrática tan aguda, la fragmentación del voto no es casualidad: es el síntoma de una crisis de representación que amenaza la estabilidad de los regímenes democráticos en América Latina. Frente a este escenario, quienes nos situamos en la trinchera de la defensa democrática, hayamos votado o no por la opción ganadora, tenemos la obligación de asumir una postura de madurez institucional que se aleje tanto del aplauso servil como del sabotaje sistemático.

La estabilidad del país no puede seguir siendo el rehén de los revanchismos electorales. El verdadero comportamiento demócrata en esta nueva etapa exige entender que reconocer los resultados oficiales de la ONPE es el piso mínimo de la convivencia civil, pero que la gobernabilidad se construye en el día a día a través de la vigilancia. Sin embargo, hay una preocupación justificada que proviene de la memoria reciente: el comportamiento legislativo del fujimorismo que, amparado en mayorías o alianzas circunstanciales en el Congreso, priorizó normas con nombre propio y contrarreformas diseñadas para favorecer intereses estrictamente partidarios. Levitsky y Ziblatt (2018) caracterizan este fenómeno como una erosión democrática desde adentro: actores políticos que usan la letra estricta de la ley y las prerrogativas parlamentarias para socavar el espíritu de las instituciones, rompiendo la contención constitucional, esa regla no escrita de no usar el poder institucional de forma maximalista contra los adversarios. Para quienes no comulgamos con esas prácticas, la oposición no puede traducirse en la parálisis del país ni en azuzar la ingobernabilidad. Tiene que ser una fiscalización rigurosa e inflexible ante cualquier asomo de debilitamiento institucional, forzando al nuevo gobierno a respetar las reglas del juego democrático.

Por su parte, el partido de gobierno y la virtual presidenta electa deben comprender algo que no aparece en ningún cuadro de resultados: gobernar con una mayoría aritmética en el papel, pero con un enorme pasivo de desconfianza ciudadana en el territorio, es una fórmula directa hacia el desastre si se pretende imponer una agenda unilateral. El retorno de la bicameralidad y la fragmentación del nuevo Congreso obligarán al fujimorismo a abandonar la soberbia sectaria y a practicar la alta política de consensos. En este nuevo mapa político, el comportamiento de las regiones que votaron mayoritariamente por la oposición será determinante, y el caso de Huánuco es termómetro de lo que puede ocurrir a escala nacional. Al haber votado de forma tan contundente contra el partido ganador, los huanuqueños enfrentan el reto de asumir una oposición programática y vigilante, que no caiga en la confrontación ciega que paralice su propio desarrollo. Subirats (2020) advierte que la legitimidad de un gobierno central depende de su capacidad para articular políticas con los actores subnacionales de manera horizontal, reconociendo el conflicto inherente de los territorios marginados. Huánuco, entonces, debe exigir con firmeza técnica el cumplimiento de las inversiones y los derechos que por justicia le corresponden al territorio, sin permitir que la geografía del voto se traduzca en un castigo presupuestal.

Si fallamos en este esfuerzo de contención mutua, el horizonte es sombrío. Si la izquierda radical se atrinchera en un sabotaje sistemático que se niegue a dejar gobernar bajo la premisa de la insurgencia permanente, y en la otra orilla el gobierno responde con un ejercicio autoritario del poder, usando el aparato estatal para perseguir disidencias y blindar sus propios feudos, el Perú ingresará a lo que Cavalcante (2021) denomina un empate catastrófico: ese estado de parálisis orgánica donde ninguna fuerza es lo suficientemente fuerte para imponer un proyecto de país, pero ambas tienen el poder destructivo de anular a la otra. Las consecuencias no son abstractas: recesión económica agravada por el bloqueo de carreteras y la fuga de capitales, destrucción del empleo formal, precarización de la vida familiar. Puede ser que suene exagerado, pero Diamond (2021) lo documenta con claridad al analizar los procesos de recesión democrática global: la persistencia de un conflicto donde las instituciones se instrumentalizan de manera autoritaria termina por quebrar el pacto social, empujando al país hacia una crisis humanitaria y de seguridad ciudadana donde la anomia y la criminalidad organizada llenan el vacío dejado por un Estado disfuncional. Enfrentarnos a ese escenario de canibalismo político significa condenar a las generaciones siguientes a la desesperanza.

La contribución a la estabilidad nacional en este quinquenio pasa por desideologizar la gestión pública y exigir la descentralización real del Estado. Las demandas del ciudadano de a pie no tienen carné político; afectan por igual a quienes votaron por la derecha y a quienes lo hicieron por la izquierda. El país está harto de la pirotecnia mediática y del uso del poder para fines particulares. Desde el neoinstitucionalismo económico de North, Wallis y Weingast (2009), los Estados que perpetúan el acceso limitado a los recursos públicos para favorecer a las élites partidarias terminan por ahogar el desarrollo económico y exacerbar la violencia social, porque la población pierde toda fe en la neutralidad de las instituciones. El verdadero patriotismo hoy nos exige elevar el nivel del debate, obligando a las nuevas autoridades a rodearse de profesionales éticos y solventes, capaces de ejecutar con eficiencia en lugar de pagar favores de campaña o legislar para el blindaje propio. El destino del Perú está en juego. La democracia sobrevive cuando somos capaces de fiscalizar al gobernante con una mano, mientras con la otra sostenemos la institucionalidad del país. Todo está escrito; lo que falta es recordarlo.