La Alameda de la República no es un terreno vacío ni una maqueta disponible para ensayos políticos. Es un espacio público con valor urbano, ambiental e histórico para Huánuco. Por eso, cualquier intervención en esa zona exige algo elemental: expediente técnico cerrado, información clara, sustento legal y respeto estricto a las áreas verdes.
Lo ocurrido con el proyecto anunciado por el Gobierno Regional revela una preocupante improvisación. No puede hablarse de inicio de obra el 15 de julio si, al mismo tiempo, se reconoce que el expediente sigue abierto, sin cifra definitiva de árboles afectados y sin claridad sobre el verdadero impacto ambiental. Esa contradicción no es un detalle técnico: es una señal de alerta institucional.
Diario Ahora considera que ninguna obra pública, por más necesaria que se presente, debe avanzar sobre incertidumbres. Menos aún cuando existe una ordenanza municipal que declara intangibles las áreas verdes de uso público y prohíbe la tala o poda severa sin autorización expresa. La ciudad no puede aceptar que se primero se anuncie, luego se explique y recién después se intente justificar.
El desarrollo urbano no consiste en borrar árboles para colocar cemento. Tampoco en imponer diseños desde una oficina sin escuchar a vecinos, colegios profesionales, especialistas y autoridades competentes. Una obra bien concebida no teme a la transparencia; la necesita. Si el proyecto es viable, que se demuestre con documentos completos. Si afecta áreas protegidas, que se diga con precisión. Si requiere ajustes, que se corrija antes de entrar con maquinaria.
La ciudadanía tiene derecho a saber cuántos árboles serían intervenidos, qué componentes serán modificados, qué autorizaciones existen y cuál será el impacto real en la Alameda. No bastan aproximaciones de 100, 150, 200 o 206 árboles. En una obra pública, la diferencia entre una cifra y otra no es menor: puede significar daño ambiental, responsabilidad administrativa o vulneración de una norma municipal.
El Gobierno Regional tiene la obligación de ordenar su información y sincerar el estado del proyecto. La Municipalidad Provincial, por su parte, debe hacer respetar su propia ordenanza. Y los colegios profesionales cumplen un rol necesario cuando advierten vacíos técnicos antes de que el daño sea irreversible.
Huánuco necesita obras, sí. Pero no obras hechas a la carrera, sin expediente cerrado ni sustento transparente. La Alameda no puede convertirse en símbolo de una gestión que privilegia el anuncio sobre la planificación. El progreso no se mide por la velocidad con que empieza una obra, sino por la seriedad con que se protege lo que pertenece a todos.
La pregunta ya no es si la Alameda será intervenida. La pregunta es si las autoridades permitirán que se intervenga respetando la ley, el ambiente y la memoria urbana de la ciudad. Ahí se medirá la responsabilidad de quienes hoy tienen poder de decisión.
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