Viña del Río: Pulgar ordena empezar mientras el cerco llega al juzgado y el expediente sigue cuestionado

Antonio Pulgar puso fecha al inicio de Viña del Río, pero no identificó los documentos que deberían cerrar las dudas sobre la intervención. “Esta semana, gerente, arranque la laguna Viña del Río”, ordenó el lunes 3 de agosto, mientras el cerco metálico permanece bajo evaluación judicial y continúan los cuestionamientos al expediente y al sustento ambiental. Mediante la Resolución N.° 01, emitida el 30 de julio, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco admitió a trámite el hábeas corpus presentado contra la restricción del ingreso. La jueza Anabely Meza Pérez inspeccionó el lugar y constató que las planchas impiden el acceso, pero todavía no ha resuelto si el cierre vulnera derechos ni ha ordenado retirar el cerco o suspender los trabajos. No existe paralización, pero tampoco una vía libre automática Jhon Nalvarte Loya informó que también se tramitan dos demandas de amparo con pedidos cautelares y una denuncia penal vinculada con las intervenciones en Viña del Río. La sola presentación de esas acciones no paraliza el proyecto. Para detenerlo se necesita una resolución judicial expresa. Hasta el cierre de esta edición no se había acreditado una medida de ese tipo. Pero la ausencia de una orden de paralización tampoco funciona como autorización técnica, ambiental o administrativa. Son planos diferentes: un juez aún puede no haber detenido la intervención y, al mismo tiempo, el Gobierno Regional puede seguir obligado a demostrar que cuenta con todos los requisitos necesarios para comenzar. Durante las diligencias de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, el fiscal César González Ramos advirtió que la ejecución no debía comenzar sin expediente concluido, certificación ambiental y autorizaciones expresas. Esas observaciones no fueron contestadas documentalmente durante el discurso del gobernador. Pulgar afirmó que nadie frenará el desarrollo. Sin embargo, el desarrollo de una obra pública no se acredita con una orden pronunciada en una ceremonia, sino con resoluciones, estudios aprobados, permisos y responsabilidades claramente establecidas. Los colegios no gobiernan, pero sus preguntas tampoco desaparecen El gobernador endureció su posición frente a los colegios profesionales que han cuestionado la intervención. “Nosotros no tenemos que consultar a ningún colegio profesional”, afirmó. Admitió que podían formular comentarios o sugerencias, pero añadió que “ellos no son las autoridades indicadas para decir lo que debemos hacer”. Pulgar tiene razón en un punto: ningún colegio profesional sustituye al Gobierno Regional ni posee la facultad de ejecutar o paralizar la obra. Sus pronunciamientos no son vinculantes por sí mismos. Pero que no tengan la última palabra no vuelve irrelevantes sus observaciones. Abogados, arquitectos y otros especialistas han planteado dudas sobre el cerco, la documentación técnica, el tratamiento ambiental y las condiciones legales de la intervención. Esos cuestionamientos deben ser respondidos por su contenido, no desestimados por la identidad de quienes los formulan. El gobernador respondió quién toma la decisión, pero no explicó con qué documentos la está tomando. La discusión central no es si los colegios pueden gobernar en lugar del Gorehco. La discusión es mucho más concreta: cuál es la resolución que aprueba el expediente técnico, qué certificación ambiental corresponde, qué autorización permite cerrar un espacio público y qué documento habilita el inicio físico anunciado para esta semana. Si esos instrumentos están concluidos, el Gobierno Regional puede despejar la controversia publicando sus números, fechas y alcances. Si todavía están pendientes, una orden política no puede reemplazarlos. Una reunión no demuestra consenso Pulgar sostuvo que, durante una reunión con vecinos de Viña del Río, no encontró personas contrarias al proyecto. Después se refirió a quienes aparecieron cuestionándolo como “opositores” y preguntó: “¿Dónde se habrían enterrado?”. Una reunión sin voces discrepantes no demuestra que exista consenso ciudadano. Del mismo modo, dos amparos y un hábeas corpus tampoco prueban que la mayoría rechace la remodelación. Lo que sí demuestran los procesos judiciales, la inspección de la jueza, los pronunciamientos profesionales y la participación de colectivos ciudadanos es que existe un conflicto real que no puede borrarse calificando a una parte como enemiga del desarrollo. Pulgar también pidió a los trabajadores regionales que salieran a responder a quienes cuestionan la obra. Con ello, una controversia que debería resolverse mediante documentos comenzó a presentarse como una disputa entre quienes quieren el progreso y quienes supuestamente buscan impedirlo. Ese encuadre simplifica el conflicto, pero no lo resuelve. Fiscalizar una obra no equivale a rechazarla, así como respaldarla no significa aceptar que pueda iniciarse sin explicar sus documentos. La prueba inmediata será doble: si el Gobierno Regional comienza efectivamente los trabajos esta semana y qué decide el juzgado sobre el cerco. La prueba de fondo será más exigente: demostrar que Viña del Río puede ejecutarse sin atropellar las reglas que el propio Estado exige para proteger el ambiente, el espacio público y los recursos de todos los huanuqueños.