La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria por presunta colusión agravada contra exfuncionarios del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, tras revocar en parte el archivo dictado por una instancia provincial. El caso gira en torno a tres contrataciones realizadas en 2016 para el mantenimiento preventivo y correctivo de un caldero boiler, por un monto total aproximado de S/ 92,000.
La disposición fiscal comprende como presuntos autores a Elsy Vicente Anderson Motta, Betzi Verónica Doria Herrera, Elvis Enrique Saldaña Vela, Noe Derik Ortega Príncipe y Luisa Alva Ochoa. También incluye a Walter Gustavo Palma Ramírez, representante de Espley Group SAC, como presunto cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado y del propio hospital regional.
Según el Ministerio Público, las órdenes de servicio fueron emitidas por S/ 31,500, S/ 29,600 y S/ 30,900. La Fiscalía sostiene que estas contrataciones habrían sido divididas indebidamente para evitar un proceso de selección, pese a que correspondían a una misma necesidad institucional: la reparación y mantenimiento integral del sistema mecánico, eléctrico y electromecánico del caldero hospitalario.
El fraccionamiento bajo sospecha
La Fiscalía Superior advierte que el servicio no debía ser tratado como prestaciones aisladas, porque todas estaban vinculadas al funcionamiento del mismo equipo. En esa línea, el fiscal superior Jeremías Rojas Velásquez consideró que existen indicios suficientes para continuar la investigación y esclarecer si los funcionarios concertaron con el proveedor para eludir los controles previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.
El documento fiscal también señala que el caldero boiler era un equipo relevante para áreas sensibles del hospital, entre ellas esterilización, laboratorio y cocina. Por esa razón, la controversia no se limita al posible perjuicio económico, sino que alcanza la capacidad operativa del establecimiento, especialmente si se confirma que el equipo siguió inoperativo después de los pagos realizados.
De acuerdo con la disposición, Espley Group SAC habría recibido el pago por los servicios contratados, pero el caldero no habría quedado operativo. La Fiscalía menciona actas de conformidad, comprobantes de pago, informes administrativos y testimonios que deberán ser evaluados para determinar si se validaron trabajos que no habrían sido ejecutados conforme a los términos pactados.
Pagos, conformidades y responsabilidades
Uno de los puntos centrales de la investigación será establecer quién solicitó, autorizó, supervisó y dio conformidad a los servicios. El Ministerio Público apunta a funcionarios de áreas administrativas, logística, servicios generales y mantenimiento, cuyas intervenciones habrían permitido tramitar las órdenes de servicio y desembolsar los pagos a favor de la empresa contratista.
La disposición fiscal también recoge que algunos documentos de conformidad fueron emitidos con posterioridad a las órdenes de servicio y pese a observaciones sobre el estado del caldero. Ese extremo será clave para definir si hubo una simple deficiencia administrativa o una concertación destinada a favorecer indebidamente al proveedor privado.
El fiscal superior, además, declaró infundado un extremo del recurso relacionado con Soraya Olivas Figueroa, por lo que no se formaliza investigación preparatoria contra ella en esta disposición. Con esa precisión, el Ministerio Público delimitó el grupo de personas que continuará sometido a investigación por el presunto delito de colusión agravada.
La formalización no equivale a una condena ni determina responsabilidad penal. En esta nueva etapa, la Fiscalía deberá reunir declaraciones, pericias técnicas, documentos de contratación y elementos contables que permitan establecer si el hospital pagó por servicios realmente ejecutados o si se produjo un perjuicio económico al Estado.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de contratación pública en el sector salud de Huánuco. Las próximas diligencias deberán responder tres preguntas centrales: si el servicio fue fraccionado para evitar controles, si el caldero fue reparado conforme a contrato y quiénes permitieron que se pagaran cerca de S/ 92,000 por un equipo que, según la tesis fiscal, habría permanecido inoperativo.
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