El reclamo por un beneficio laboral reconocido en papel y aún discutido en la práctica escaló en la UGEL Dos de Mayo. Según la documentación remitida a este medio, la entidad emitió la Resolución Directoral N.° 002140-2025, fechada el 10 de octubre de 2025, que reconoce la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de 11 docentes contratados por el periodo 2024.
Entre los beneficiarios figura Juan Aníbal Piñán Rojas, quien, de acuerdo con el anexo de la resolución, debía recibir S/ 3,100.50. El docente sostuvo que, mientras otros profesores incluidos en la misma relación ya habrían cobrado, su caso no se habría ejecutado, pese a que la resolución lo consigna expresamente como beneficiario.
Según la propia resolución, el beneficio alcanza a docentes con contratos cuya sumatoria superó los seis meses al 31 de diciembre de 2024. En la lista adjunta aparecen 11 nombres y un solo monto distinto: Félix Huerto Valverde, con S/ 2,531.02, mientras los otros 10 docentes figuran con S/ 3,100.50.
La denuncia salió del escritorio al ámbito penal
Tras hacer público su reclamo en redes sociales, Piñán Rojas afirmó que la respuesta de la institución no fue el pago, sino una denuncia. En el parte policial fechado el 1 de abril de 2026, Ronald Alan Gómez Victorio y Roberto Teófilo Villarreal Domínguez señalaron ante la Comisaría PNP de Dos de Mayo-La Unión una presunta vulneración a la intimidad.
De acuerdo con esa denuncia, los funcionarios atribuyen al docente la difusión de fotografías, expresiones ofensivas y referencias a supuestas conversaciones de WhatsApp. El documento policial identifica como denunciado a Juan Aníbal Piñán Rojas, de 39 años, y precisa que el caso fue comunicado al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
En su versión, Piñán Rojas rechazó haber cometido un delito y sostuvo que su publicación buscaba exigir el cumplimiento de un derecho ya reconocido por resolución. La UGEL Dos de Mayo, por su parte, indicó en un pronunciamiento en redes sociales —según la información alcanzada a este medio— que cuestiona la forma del reclamo y que ha iniciado acciones legales.
El caso deja abiertas dos preguntas que ahora correrán en paralelo: por un lado, la ejecución efectiva de una CTS reconocida en octubre de 2025; por otro, el trámite de una denuncia policial presentada en abril de 2026. Entre ambos expedientes, lo que está en disputa ya no es solo un pago, sino la forma en que una institución responde cuando uno de sus docentes reclama públicamente.
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