Municipalidad de Ambo ingresa al amparo que definirá el futuro del centro de salud

La Municipalidad Provincial de Ambo fue incorporada como parte activa en la acción de amparo que busca dejar sin efecto la ministración de posesión ejecutada sobre parte del terreno del nuevo centro de salud. La decisión fortalece el frente legal de las entidades públicas en un proceso que podría determinar el futuro de una infraestructura sanitaria con más del 90% de avance y una inversión reportada de al menos S/26.7 millones.La jueza Juana Silvia Cercedo Falcón, titular del Segundo Juzgado Civil de Huánuco, declaró procedente el pedido de la municipalidad y ordenó incorporarla como litisconsorte facultativo activo. La comuna participará junto con el Gobierno Regional de Huánuco, que promovió el amparo para solicitar la nulidad del Acta de Ministración Provisional del 10 de abril de 2026. La Municipalidad de Ambo sostuvo que tiene un interés directo porque ejecuta la obra mediante los contratos de consultoría N.° 11-2021-MPA-GM y de ejecución N.° 01-2021-MPA-GM. También afirmó que no fue notificada oportunamente sobre la diligencia que entregó la posesión de una parte del predio, pese a haberse apersonado al proceso penal relacionado desde el 6 de mayo de 2025. La obra quedó atrapada en el litigio El conflicto se concentra en un área de aproximadamente 430 metros cuadrados ubicada dentro de un predio mayor de 3,971.21 metros cuadrados, inscrito en la partida registral N.° 11094278. El Gobierno Regional sostiene que la Dirección Regional de Salud figura como propietaria desde 2011 y que no fue parte del proceso penal que originó la entrega de la posesión a particulares. La diligencia cuestionada se relaciona con el expediente penal N.° 00028-2013-90-1202-JR-PE-01 y con una sentencia por usurpación agravada dictada contra Raúl Martel Aliaga. Según la documentación cautelar difundida, ese proceso concluyó con una pena de tres años y cuatro meses y una reparación civil de S/5,000, pero el Gobierno Regional argumenta que sus efectos no podían extenderse contra la Diresa sin haberle permitido ejercer su defensa. El caso escaló después de que se reportara la demolición parcial del área destinada al Servicio de Emergencia. Dirigentes de Ambo señalaron que los daños se produjeron el 27 de abril, mientras la obra estaba suspendida desde el 7 de noviembre de 2025 a la espera de la aprobación del Programa Médico Arquitectónico y del Programa Médico Funcional. Ante el riesgo de nuevas intervenciones, el Segundo Juzgado Civil dictó el 5 de mayo una medida cautelar de no innovar. La orden impide realizar actos de desposesión, demolición o alteración mientras se resuelve el amparo. El juzgado consideró que la afectación del inmueble podría comprometer servicios médicos esenciales y producir daños difíciles de revertir. Apelación no suspende la protección cautelar La Procuraduría del Poder Judicial apeló esa medida cautelar. Mediante Resolución N.° 02, del 2 de junio, el juzgado concedió el recurso sin efecto suspensivo y sin calidad de diferido. Esto implica que la apelación puede ser revisada por una instancia superior, pero no paraliza automáticamente la protección ordenada sobre el inmueble. La jueza dispuso formar el cuaderno de apelación, aunque reservó su envío al superior hasta resolver la oposición planteada contra la medida cautelar. Según la resolución, esta decisión busca evitar pronunciamientos contradictorios en caso de que el resultado de la oposición también sea impugnado. La controversia trasciende la disputa patrimonial. Reportes locales sitúan el avance físico de la obra en 91.3% y el avance financiero en S/26.7 millones. Otras informaciones mencionan una inversión global cercana a S/32 millones y señalan que más de 50 mil habitantes de la provincia dependen de la futura infraestructura sanitaria. Las cifras provienen de fuentes distintas y requieren una actualización oficial consolidada. El alcalde provincial Cayo Leonidas reconoció en mayo que el conflicto había puesto en riesgo la continuidad presupuestal. Según declaró, quedaría aproximadamente S/1 millón disponible, mientras el Ministerio de Salud habría mostrado preocupación y existirían dificultades para liberar nuevos recursos mientras no se resuelva la situación jurídica del terreno. La Resolución N.° 07, emitida el 15 de julio, también dejó constancia de una audiencia única programada para el 17 de julio. Sin embargo, la documentación revisada no contiene el resultado de esa diligencia ni una sentencia sobre el fondo. Por ahora, el ingreso de la municipalidad amplía la defensa institucional, pero no define quién tiene el mejor derecho sobre el área ni garantiza la reanudación de los trabajos. El siguiente punto decisivo será conocer si el juzgado declara fundada la demanda, mantiene la protección cautelar y ordena restituir la situación anterior a la ministración de posesión. Hasta entonces, la inversión permanece condicionada por un litigio que enfrenta derechos reclamados por particulares, títulos invocados por el Estado y la necesidad pública de concluir un establecimiento sanitario largamente esperado en Ambo.