La autorización para levantar el secreto de sus comunicaciones y la decisión de entregar su pasaporte al Ministerio Público marcaron un nuevo episodio en la situación del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, investigado por su actuación en las Elecciones 2026. Según un documento difundido por RPP, el funcionario pidió a la Fiscalía que le precise el día y la hora para formalizar ambas diligencias, en medio de rumores sobre una posible salida del país.
En el escrito remitido al quinto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, Corvetto manifestó que se encuentra a disposición de las pesquisas que se sigan en su contra. En ese texto, además, expresó que se allana a las investigaciones “en todos sus extremos” y que colaborará, de ser necesario, incluso en condición de testigo, de acuerdo con lo citado por la emisora.
Corvetto también señaló que adoptó dos medidas para facilitar el avance de las indagaciones. La primera, según indicó en su comunicación, consiste en autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones “en el periodo que se requiera”. La segunda pasa por entregar su pasaporte vigente, para lo cual solicitó que la Fiscalía fije la fecha, la hora y las actas correspondientes.
La presión escala en varios frentes
En paralelo, el jefe de la ONPE solicitó a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional reprogramar su declaración testimonial, inicialmente prevista para las 15:00 del viernes 17 de abril. Corvetto argumentó que el cronograma electoral aún requería su presencia institucional para la entrega de resultados oficiales al Jurado Nacional de Elecciones.
A la vez, la Junta Nacional de Justicia abrió una investigación preliminar y otorgó al funcionario 10 días hábiles para presentar sus descargos por las fallas logísticas y los retrasos registrados durante la jornada electoral. En ese contexto, la ONPE oficializó además el relevo del gerente de Gestión Electoral y designó provisionalmente a Gustavo García Hidalgo en reemplazo de José Samamé.
Antes de que Corvetto anunciara estas decisiones, la Dirección contra la Corrupción de la PNP ya había dispuesto medidas extraordinarias ante una posible solicitud de detención preliminar por 7 días. Según el documento citado, el director nacional de Investigación Criminal, teniente general Manuel Lozada Morales, ordenó acciones inmediatas para prevenir cualquier intento de evasión o salida del país. A ello se suma el pedido del congresista Segundo Montalvo para que la JNJ evalúe la suspensión temporal o la remoción del jefe de la ONPE mientras duren las investigaciones.
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