Extorsión golpea a uno de cada cuatro peruanos y se expande hacia regiones con menor protección

La extorsión se consolida como una de las principales amenazas a la seguridad en el Perú. Según el Observatorio del Crimen y la Violencia, el 25% de la población mayor de 18 años afirma haber sido víctima directa o conocer a alguien afectado por este delito en los últimos tres meses. Esta proporción equivale a más de seis millones de personas a nivel nacional, reflejando un fenómeno que, lejos de disminuir, continúa ampliando su alcance.

Delitos migran fuera de Lima y alcanzan zonas vulnerables
De acuerdo con el informe, la incidencia de la extorsión ha mostrado una leve reducción en Lima; sin embargo, el delito se ha desplazado hacia el interior del país. Regiones del centro, sur y oriente, así como zonas rurales, registran un incremento sostenido. Esta expansión territorial, según el Observatorio, responde a estrategias del crimen organizado que buscan operar en espacios con menor presencia estatal y limitado acceso a mecanismos de protección formal.
En estas zonas, comerciantes, transportistas y pequeños emprendedores enfrentan mayores dificultades para denunciar o acceder a sistemas de financiamiento, lo que incrementa su vulnerabilidad. “Aquí uno tiene miedo de denunciar porque no pasa nada”, relató un comerciante de una ciudad del norte, quien prefirió mantener su identidad en reserva.

Respuesta policial insuficiente frente a la magnitud del problema
El reporte también da cuenta de cerca de mil operativos policiales exitosos durante el 2025 contra redes criminales. No obstante, advierte que estos resultados no logran contener el avance del delito. Según el documento, las limitaciones estructurales dentro de la Policía Nacional afectan la eficacia de las intervenciones y la sostenibilidad de los operativos.
A ello se suma, de acuerdo con el análisis, la baja efectividad del sistema judicial en los casos de extorsión, evidenciada en el reducido número de condenas frente al volumen de denuncias.

Homicidios se concentran en zonas específicas del país
El informe identifica además patrones territoriales en los homicidios vinculados a economías ilegales. Lima, Callao y La Libertad concentran una proporción significativa de los casos, mientras que ciudades como Trujillo, Piura y Sullana se mantienen como focos persistentes de violencia.
A nivel distrital, la incidencia se ubica en áreas urbanas densamente pobladas, lo que permitiría diseñar intervenciones focalizadas. Sin embargo, el Observatorio señala que aún no se implementan estrategias sostenidas en estos territorios. También se advierten diferencias en los horarios: fuera de Lima, los homicidios nocturnos casi duplican a los diurnos.