Docentes cesantes y jubilados agrupados en el MACEP en Huánuco exigieron al Gobierno acelerar la reglamentación de la ley que permitirá aumentar sus pensiones, advirtiendo que, de no haber resultados en el corto plazo, intensificarán las protestas a nivel nacional.
El coordinador regional, Carlos Quispe Calero, explicó que la norma ya fue aprobada por el Congreso, pero aún no puede aplicarse porque falta su reglamentación en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (MINEDU). Señaló que este paso es clave para que los maestros accedan a una mejora real en sus ingresos.
Según indicó, con la implementación de la ley, las pensiones podrían alcanzar entre S/ 3,300 y S/ 3,500, en relación con los sueldos de docentes activos. Sin embargo, la realidad actual es muy distinta: muchos maestros jubilados reciben entre S/ 400 y S/ 800, montos que consideran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Reclamo es nacional
El pedido no es solo regional. El MACEP afirmó que la exigencia se replica en varias partes del país, donde docentes jubilados vienen realizando movilizaciones para que el Ejecutivo apruebe cuanto antes el reglamento.
Aunque la ley establece un plazo de 90 días para reglamentar, el dirigente señaló que la situación es urgente y no puede esperar. Además, advirtió que el contexto político podría retrasar el proceso, debido a posibles cambios de gobierno en los próximos meses.
En ese escenario, indicó que el gremio evalúa intensificar sus acciones de protesta, especialmente desde mayo, si no se concreta la reglamentación. También informó que se están realizando gestiones para dialogar con el presidente de la República y lograr una decisión política que acelere el proceso.
Miles de docentes afectados
El impacto de esta situación es amplio. En Huánuco se estima que existen entre 10,000 y 12,000 docentes cesantes, mientras que a nivel nacional la cifra supera los 165,000 maestros jubilados.
El dirigente sostuvo que muchos de ellos enfrentan condiciones económicas difíciles, con problemas para cubrir gastos básicos y acceder a medicamentos. Por ello, insistió en que la mejora de pensiones no es solo un tema económico, sino una demanda de dignidad para el magisterio.
Finalmente, el MACEP remarcó que la ley ya aprobada no tendrá efecto mientras no se reglamente, por lo que reiteró su pedido al Gobierno para que priorice el tema y evite que el proceso se retrase.
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