La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a una pareja señalada como presunta proveedora de información confidencial a la organización criminal liderada por Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, investigada por extorsión y otros delitos en Lima Norte. Según informó la institución, los intervenidos habrían accedido de forma ilícita a bases de datos estatales para comercializar información sensible de ciudadanos.
Los detenidos fueron identificados como Héctor Gabriel Vargas Escobar y Yanid Cassandra Quispe La Rosa, quienes, de acuerdo con la investigación policial, operaban desde una vivienda en el distrito de Comas. Durante el allanamiento, los agentes incautaron celulares, una laptop, un CPU, tarjetas bancarias y más de treinta tarjetas SIM, elementos que serán analizados como parte de las diligencias en curso.
Ofrecían acceso ilegal a registros del Estado
De acuerdo con la PNP, la pareja promocionaba sus servicios a través de redes sociales como TikTok, donde ofrecía acceso a información de entidades como Reniec, SUNAT, SUNARP, así como antecedentes policiales y judiciales. Chats intervenidos —según fuentes policiales— evidenciarían que respondían pedidos específicos de clientes vinculados a organizaciones criminales, incluyendo datos personales, información vehicular y hasta reconocimiento facial a partir de fotografías.
Un reportaje de América Noticias indicó que estos datos eran utilizados por la red de ‘El Monstruo’ para perfilar a posibles víctimas de extorsión. Las amenazas, según se reportó, incluían información detallada de las víctimas y sus familiares, lo que incrementaba el nivel de intimidación.
Investigación apunta a posible vulneración interna o hackeo
La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) investiga el origen de la filtración de datos. Según la entidad, no se descarta la participación de terceros dentro de instituciones públicas o el uso de técnicas de acceso ilegal a sistemas informáticos. Hasta el momento, no se ha precisado el nivel de vulnerabilidad de las plataformas comprometidas.
El Ministerio Público ha formulado cargos por delitos informáticos, extorsión, estafa, banda criminal y posesión ilegítima de SIM cards. Asimismo, solicitó nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red y la posible participación de otros implicados.
Este caso reabre el debate sobre la seguridad de la información en entidades estatales y el impacto directo que su filtración tiene en la seguridad ciudadana, especialmente en contextos de extorsión.
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