Pavel Durov: el magnate tecnológico perseguido por Rusia por presunto apoyo al terrorismo

Rusia emitió una orden de arresto internacional contra Pavel Durov, fundador de Telegram, a quien acusa de facilitar actividades terroristas por no retirar canales y servicios presuntamente utilizados por la inteligencia ucraniana para reclutar jóvenes y coordinar ataques en Rusia. Durov, de 41 años, nació en 1984 en Leningrado, hoy San Petersburgo. Es programador y empresario tecnológico. En 2006 fundó, junto con su hermano Nikolai, VKontakte, conocida como VK, la red social más popular de Rusia. Sin embargo, abandonó la compañía y salió del país en 2014, después de denunciar presiones del Kremlin para entregar información de usuarios y bloquear contenidos opositores. Un año antes había creado Telegram, aplicación de mensajería que ganó notoriedad por sus herramientas de privacidad, canales masivos y resistencia frente al control gubernamental. La plataforma supera los mil millones de usuarios y se convirtió en una fuente central de información sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, utilizada tanto por autoridades como por militares, periodistas y ciudadanos de ambos países. El Servicio Federal de Seguridad ruso sostiene que Telegram no eliminó chats, bots y canales empleados para sabotajes, asesinatos y fraudes informáticos. La acusación incluye un servicio de citas que, según Moscú, habría servido para captar a decenas de jóvenes. Si fuera condenado, Durov podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua. El empresario reside habitualmente en Dubái y posee ciudadanía francesa y emiratí. En 2024 fue detenido en Francia dentro de otra investigación relacionada con la supuesta falta de cooperación de Telegram frente a delitos cometidos mediante la plataforma. Durov niega haber actuado ilegalmente y defiende que su compañía combate contenidos criminales. La nueva orden profundiza el enfrentamiento entre Moscú y uno de los empresarios tecnológicos rusos más influyentes, convertido en símbolo de la disputa mundial entre seguridad estatal, libertad de expresión y privacidad digital.