El alza del combustible volvió a colocar al sector transporte en el centro de la agenda nacional. Gremios de carga y de pasajeros advirtieron que este 15 de abril podía convertirse en un punto de quiebre si el Ejecutivo no atendía su pedido de subsidios al diésel, en medio de denuncias por mayores costos operativos y pérdida de rentabilidad. Diversos reportes publicados hoy señalaron que la posibilidad de una paralización seguía sobre la mesa, aunque con posiciones distintas entre dirigentes sobre su alcance y fecha exacta de ejecución.
Los transportistas sostienen que el incremento del combustible ha deteriorado seriamente su economía. Algunas organizaciones afirman que operan con pérdidas desde hace varias semanas y que el encarecimiento del diésel ha impactado tanto al transporte urbano como al servicio de carga. Según esas versiones, el reclamo apunta a un “salvataje” temporal que les permita seguir operando sin trasladar todo el sobrecosto al pasajero o al precio final de los productos.
Presión sobre el bolsillo ciudadano
El conflicto no es menor. Si la protesta escala, podría afectar el abastecimiento, la movilidad urbana y el costo de bienes básicos en distintas ciudades. Para miles de peruanos, el problema deja de ser sectorial y pasa a sentirse en el gasto diario.
Hasta el cierre de esta jornada, el debate seguía abierto entre el pedido de apoyo estatal y la necesidad de evitar una mayor presión fiscal. Lo cierto es que el combustible volvió a convertirse en un factor sensible en la economía doméstica y en un frente que el Gobierno tendrá que atender con rapidez para evitar un conflicto mayor.
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