El cierre de una obra en Ambo sigue condicionado por vacíos documentales y trámites pendientes que, según el equipo técnico a cargo, se arrastran desde 2012. Durante una exposición ante medios locales, los responsables del proceso señalaron que el saneamiento físico-legal comenzó prácticamente desde cero y que la revisión financiera avanza en paralelo para facilitar la transferencia final al Gobierno Regional de Huánuco.
María del Pilar Tacuchi Villanueva, abogada encargada del saneamiento físico-legal, indicó que asumió funciones en la quincena de octubre del año pasado y que, al iniciar el trabajo, no encontró documentación útil del proyecto. Según precisó, el diagnóstico comprende 8 tramos, desde la captación hasta la planta y otros sectores de conducción, aducción y red colectora principal.
Tacuchi Villanueva detalló además que, hasta el momento, el equipo ha identificado 9 propietarios en una zona de intervención y 26 personas propietarias de manera preliminar en el tramo Ishanka Yunco, considerado el más largo. Añadió que el proceso incluye contraste de información predial, elaboración de expedientes individuales y verificación de posibles superposiciones o afectaciones sobre comunidades campesinas.
Los pendientes para la transferencia
En la parte administrativa, Luis Alejandro Puja Escobar, contador a cargo de la preliquidación, manifestó que asumió el encargo entre noviembre y diciembre del año pasado y que encontró archivos faltantes y deteriorados. Según explicó, su trabajo se concentra en recabar contratos, compras y sustento físico para que la entidad cuente con respaldo documentario ante futuras acciones de supervisión.
El funcionario afirmó que la preliquidación financiera de la obra alcanza 92.20% de avance al 2025. Sin embargo, ese porcentaje no cierra por sí solo el proceso. Tacuchi Villanueva precisó que todavía no existe una propiedad ya inscrita a nombre del Gobierno Regional, aunque sostuvo que se tramitan 2 expedientes vinculados a pases aéreos en Naranjales y Huancapata, uno de ellos ya con acto resolutivo emitido este lunes.
La exposición deja un dato político y administrativo de fondo: más de una década después de la ejecución atribuida a la empresa JC, el proyecto aún requiere ordenar papeles, identificar propietarios y definir mecanismos como donación o servidumbre de paso antes de su cierre pleno. Lo que ocurra en las próximas semanas marcará si la obra puede ser transferida sin litigios futuros o si seguirá atrapada entre expedientes incompletos y trámites abiertos.
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