La PTAR entra a su hora crítica: Huachog ya no es solo un terreno, es la llave del proyecto

La PTAR entró a su hora más incómoda porque la obra que Huánuco necesita depende ahora de una decisión que nadie ha explicado con suficiente claridad: qué hacer con el humedal de Huachog. Antonio Jara sostiene que la ciudad no puede seguir esperando una planta de tratamiento clave para el saneamiento. Dante Tarazona responde que el Consejo Regional no puede modificar una ordenanza ambiental sin opinión técnica del Minam y la ANA. En medio, el gobernador Antonio Pulgar empuja un proyecto que ya empieza a pagar el costo de una discusión mal cerrada. El conflicto no es, en rigor, PTAR contra ambiente. La tensión real está entre construir rápido y construir con expediente limpio. Jara afirma que existe un estudio de Vivienda que declara apto el terreno y que seguir pidiendo opiniones perjudica a Huánuco, Amarilis y Pillco Marca. Tarazona no niega la necesidad de la planta, pero sostiene que una redelimitación del humedal sin autoridades competentes puede terminar cuestionada. Esa diferencia convirtió a Huachog en la llave política, técnica y legal del proyecto. La disputa estalló después de que Jara y Pulgar señalaran al consejero de Marañón como responsable del atraso. Tarazona respondió que no actúa solo, que preside una comisión de tres integrantes y que el oficio sobre Huachog también fue enviado a otra comisión del Consejo Regional. Su defensa apunta a desmontar una acusación simple: que una sola firma esté frenando una obra de alcance provincial. El problema, sin embargo, es que la ciudadanía sigue sin ver el expediente completo. La obra necesita urgencia, pero no atajos Jara juega la carta de la necesidad urbana. Según el alcalde, la PTAR es indispensable para que Huánuco ingrese al programa de grandes ciudades y resuelva una deuda de saneamiento que alcanza a sectores altos de la capital, Amarilis y Pillco Marca. Desde esa mirada, cada nueva consulta parece una postergación más. El mensaje es directo: sin planta de tratamiento, la ciudad sigue arrastrando un problema estructural. Tarazona coloca la alerta en otro punto del mismo expediente. Según el consejero, el 10 de abril el Consejo Regional ya rechazó derogar la Ordenanza Regional 058-2016, que creó el humedal de Huánuco. Para él, ese antecedente impide tratar Huachog como un terreno disponible sin más trámite. Si la ordenanza existe y protege un ecosistema, cualquier modificación debe sustentarse con competencia técnica y no solo con presión política. El oficio del 23 de junio es el documento que mueve la controversia. Según Tarazona, ese pedido propone modificar la ordenanza y redelimitar el humedal para viabilizar la PTAR. Jara sostiene que los estudios ya están y que pedir más opiniones a estas alturas perjudica a la provincia. Tarazona responde que Vivienda puede evaluar una obra sanitaria, pero la delimitación de un humedal exige intervención ambiental especializada. Setenta y siete mil metros no son un detalle La cifra que vuelve sensible el caso es 7,7 hectáreas. Tarazona afirma que la propuesta permitiría excluir más de 77.000 metros cuadrados del humedal porque serían áreas degradadas o rellenadas por acción humana. Para el consejero, ese razonamiento puede convertir una afectación previa en argumento para legalizar el cambio de uso. La pregunta técnica es si una zona degradada deja de ser humedal o si debe ser recuperada. Ese punto enfrenta dos urgencias legítimas. La ciudad necesita tratamiento de aguas residuales y las autoridades locales no quieren perder la oportunidad de inversión. Pero Huachog tiene una protección regional que no puede borrarse con una decisión débil. Si el expediente está sólido, debería resistir la revisión de ANA y Minam. Si no resiste, avanzar rápido puede dejar una obra vulnerable a impugnaciones, denuncias o paralizaciones. Tarazona citó la Ley 32099 y su reglamento para sostener que la delimitación de humedales requiere evaluación in situ. Según su interpretación, deben intervenir la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio del Ambiente. Jara, en cambio, insiste en que existe un estudio de Vivienda y que el consejero no puede ir contra una provincia. Esa frase resume la tensión: legalidad ambiental frente a presión territorial. El Consejo Regional queda como árbitro incómodo La decisión no recaería únicamente sobre Tarazona, aunque su comisión esté en el centro del debate. Según el consejero, el oficio también llegó a la comisión de Planeamiento, Presupuesto y Asuntos Legales. Ese dato obliga a mirar al Consejo Regional completo, no solo al consejero por Marañón. Si la modificación avanza, será una decisión política colegiada; si se detiene, también deberá explicarse con plazos y documentos. El Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial han construido una narrativa de inversión alrededor de varias obras urbanas. Jara mencionó proyectos como Malecón, Alameda, Viña del Río y Defensa Ribereña, y sostuvo que priorizó Huánuco pese a discrepancias con Pulgar. En esa agenda, la PTAR aparece como una pieza clave. Pero mientras más grande es el paquete, mayor debe ser la obligación de transparentar los expedientes. Tarazona también debe cuidar su propio flanco. Pedir opinión técnica es legítimo, pero una consulta sin plazos puede parecer dilación. Si realmente falta pronunciamiento de Minam, ANA u otra entidad, el consejero debe mostrar los oficios, las fechas y el cronograma esperado. La defensa ambiental gana fuerza cuando se sostiene con documentos visibles, no solo con advertencias públicas. La PTAR puede salvarse con papeles, no con presión La ciudad no necesita escoger entre saneamiento y legalidad ambiental. Necesita una PTAR que pueda construirse sin quedar atrapada en una guerra de recursos, observaciones o denuncias. Para eso, las autoridades deben responder preguntas básicas: quién delimitó Huachog, con qué metodología, bajo qué norma y qué entidad validó esa delimitación. También deben aclarar si el estudio de Vivienda reemplaza o no una opinión ambiental. Jara tiene razón en un punto: Huánuco no puede esperar indefinidamente por infraestructura sanitaria. Tarazona también tiene razón en otro: una obra necesaria no justifica una redelimitación ambiental mal sustentada. La tarea política consiste en unir ambas exigencias. Si el expediente está completo, debe publicarse y defenderse. Si tiene vacíos, deben corregirse antes de que la obra nazca judicializada. El peor desenlace sería convertir Huachog en una pelea personal. Si todo se reduce a Jara contra Tarazona, la ciudad perderá de vista el problema real. La PTAR necesita terreno, licencia social, seguridad jurídica y respaldo técnico. Sin esos cuatro elementos, la promesa sanitaria puede terminar como muchas obras públicas: anunciada con urgencia, defendida con discursos y detenida por documentos que nadie quiso mirar a tiempo. Huachog se volvió la prueba de fuego del proyecto. Si las autoridades logran demostrar que la planta puede ejecutarse sin vulnerar el humedal, la PTAR saldrá fortalecida. Si presionan una modificación sin sustento suficiente, el proyecto puede ganar una votación y perder estabilidad. La ciudad necesita una planta de tratamiento, pero también necesita que la solución no nazca contaminada por dudas legales.