Shihuahuaco bajo sospecha: La nueva ley mueve el candado antes de la tala

La nueva Ley 32643 abrió una grieta sensible en el control forestal peruano: ya no todas las especies protegidas por CITES tendrán verificación árbol por árbol antes de ser aprovechadas. La norma mantiene ese control total para caoba y cedro, pero deja a especies como shihuahuaco y tahuarí bajo una metodología pendiente de aprobación por Serfor. El cambio preocupa porque el primer candado contra la madera ilegal ocurre antes de la tala, cuando el Estado confirma si el árbol declarado realmente existe. El debate no es menor ni meramente técnico. El shihuahuaco y el tahuarí son especies amazónicas de alto valor comercial y sujetas a controles internacionales. Si el Estado reduce o flexibiliza la verificación previa, el riesgo señalado por especialistas es que planes de manejo con árboles inexistentes sirvan para dar apariencia legal a madera extraída de zonas no autorizadas. En el papel, la madera puede quedar limpia; en el bosque, el origen podría seguir siendo ilegal. César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales, cuestionó el cambio y lo calificó como una flexibilización del marco de fiscalización. Según sostuvo, la norma reduce controles sobre especies valiosas y deja abierta una pregunta decisiva: qué porcentaje de verificación exigirá finalmente Serfor. Mientras esa metodología no se publique, la propia ley dispone que la revisión debe continuar al 100%. El árbol que existe en el papel, pero no en el bosque La verificación previa tiene una función simple y poderosa: comprobar que el árbol declarado dentro de una concesión realmente está allí. Si ese paso falla, los documentos forestales pueden terminar respaldando madera extraída en otra zona. Esa modalidad, conocida en el sector como declaración de árboles inexistentes, es una de las rutas más sensibles para el blanqueo de madera ilegal. La Ley 32643 modifica el artículo 46 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Según el material revisado, el cambio establece que la verificación total seguirá aplicándose a caoba y cedro. Para las demás especies CITES, entre ellas shihuahuaco y tahuarí, la revisión se hará mediante una metodología que deberá aprobar Serfor con participación del Ministerio del Ambiente y Osinfor. Ese diseño coloca toda la tensión en una norma pendiente. Si Serfor aprueba un método riguroso, con controles suficientes y trazabilidad clara, el cambio podría ordenarse sin debilitar la fiscalización. Si aprueba un muestreo débil o poco transparente, el sistema puede dejar espacios para que árboles no verificados sostengan permisos de aprovechamiento. La diferencia entre ambos escenarios marcará la credibilidad del control forestal peruano. CITES no es un trámite, es confianza internacional La discusión también tiene impacto fuera del país. Las especies incluidas en CITES requieren controles especiales porque su comercio puede afectar su supervivencia. Los permisos no solo autorizan exportaciones; también funcionan como señal de confianza sobre legalidad y sostenibilidad. Si los compradores o autoridades internacionales perciben que el Perú redujo controles sin garantías, la madera peruana podría volver a quedar bajo sospecha. Ipenza sostuvo que el cambio contradice el esfuerzo previo del Estado para implementar la inclusión del shihuahuaco y el tahuarí en CITES. Según recordó, el país había planteado tareas sobre evaluación poblacional, control de exportaciones, revisión de planes de manejo y fortalecimiento de capacidades. Para el abogado, modificar ahora las reglas de fiscalización va en sentido contrario a esa ruta. La preocupación aumenta por las condiciones institucionales. Ipenza advirtió que, en un país con corrupción, limitaciones técnicas y restricciones presupuestales, reducir controles puede agravar los cuestionamientos. Su alerta no prueba por sí sola un aumento de tala ilegal, pero sí marca el riesgo principal: que el nuevo sistema dependa de una metodología que aún no existe públicamente. La metodología decidirá si la ley protege o abre la puerta El plazo otorgado a Serfor es clave. La Ley 32643 le da hasta 60 días hábiles para aprobar la metodología, con participación del Minam y Osinfor. Mientras tanto, la verificación al 100% debe mantenerse. Ese punto debe vigilarse de cerca, porque el periodo de transición puede convertirse en el primer termómetro de la voluntad estatal para no debilitar la trazabilidad. El caso del shihuahuaco es especialmente sensible porque combina valor comercial, presión extractiva y lento ciclo ecológico. El tahuarí también queda dentro del grupo de especies cuya fiscalización dependerá del nuevo método. En ambos casos, el reto no es solo permitir aprovechamiento legal, sino demostrar que cada permiso corresponde a árboles reales, ubicados y evaluados dentro del área autorizada. La ley no cierra el debate; lo traslada a la metodología. Allí se decidirá si el cambio mantiene controles serios o si reduce la capacidad del Estado para detectar declaraciones falsas. Para los bosques amazónicos, esa diferencia puede medirse en árboles. Para el país, puede medirse en confianza, comercio y credibilidad ambiental. LEYENDA Foto: Flor Ruiz