La emergencia por lluvias en 34 distritos y el escenario de riesgo muy alto por déficit hídrico en 71 jurisdicciones revelan una misma fragilidad: seguimos reaccionando ante los desastres cuando deberíamos estar preparándonos para ellos.
Huánuco enfrenta una paradoja que debería preocuparnos mucho más que cualquier decreto de emergencia. Mientras 34 distritos han sido declarados en emergencia ante el peligro de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño, otros datos colocan a 395,956 habitantes de la región dentro de un escenario de riesgo muy alto por déficit hídrico para 2026-2027. Demasiada agua por un lado y la posibilidad de que falte por otro. En ambos extremos, la población queda expuesta.
Desde Diario Ahora consideramos que estas cifras no pueden convertirse en otra colección de documentos que circulan entre oficinas públicas hasta que la emergencia llegue a la puerta de las familias. El Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM concede 60 días para ejecutar acciones urgentes en 34 distritos de diez provincias. Pero hay un detalle que no puede pasar inadvertido: las intervenciones deberán financiarse con los presupuestos de los propios gobiernos regional y municipales. La emergencia está declarada; los recursos extraordinarios, al menos según la información disponible, no están asegurados.
Ese punto merece atención. Declarar una emergencia sirve para habilitar acciones y reconocer la gravedad de un escenario, pero ninguna norma contiene una quebrada, protege una vivienda o recupera una carretera por sí sola. Lo que determinará el resultado será aquello que las autoridades hagan durante esos 60 días y, especialmente, la capacidad real que tengan para financiar y ejecutar las intervenciones necesarias.
La otra cara del problema resulta igualmente seria. El escenario por déficit hídrico comprende 71 distritos, 164,561 viviendas, 844,887 hectáreas agrícolas y 601,678 hectáreas de pastos bajo riesgo muy alto. Es importante decirlo con precisión: estar dentro de un escenario de riesgo no significa que todas esas personas estén hoy sin agua ni que esas áreas agrícolas hayan sufrido pérdidas. Pero ignorar esas cifras hasta que el riesgo se convierta en daño sería repetir una conducta que Huánuco conoce demasiado bien: actuar cuando ya es tarde.
Para una región con una enorme extensión rural, hablar de agua significa hablar también de cultivos, pastos, economía familiar y permanencia de comunidades en sus territorios. Por eso resulta insuficiente presentar mapas coloreados, comunicados o resoluciones si el ciudadano desconoce qué ocurrirá en su distrito, qué zona será priorizada y qué respuesta concreta existe ante una eventual emergencia.
La prevención tampoco puede aparecer únicamente cuando el pronóstico se vuelve alarmante. Necesita presupuesto, planificación, responsabilidades identificables y seguimiento público. Si las entidades consideran que su capacidad de respuesta está sobrepasada, corresponde que esa advertencia se traduzca en decisiones visibles y verificables, no solamente en lenguaje administrativo.
Huánuco tiene hoy dos alertas sobre la mesa: lluvias intensas y déficit hídrico. Son amenazas distintas, pero dejan una misma pregunta. Cuando terminen los 60 días de emergencia y desaparezcan los comunicados de coyuntura, ¿estaremos mejor preparados que antes?
Esa es la verdadera medida con la que deberán ser evaluadas las autoridades.
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