La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Policía Nacional ejecutarán una intervención preventiva el próximo 2 de mayo en el caserío de Pucaplaya para detener el avance de invasiones sobre las 3,139 hectáreas de la concesión Monteverde. Franklin Espíritu Morales, vicepresidente de la asociación, confirmó que la acción busca llenar el vacío de autoridad generado tras la polémica anulación de su contrato de conservación por parte de la Dirección Regional de Agricultura (DRA).
La incursión multiinstitucional, que incluye a la Defensoría del Pueblo y la Gerencia Regional de Recursos Naturales, tiene como objetivo principal advertir a las autoridades locales sobre la ilegalidad de emitir constancias de posesión en el área. Según la documentación técnica de la asociación, pobladores de los sectores Puca Playa, Torrecirque y Santa Ana han iniciado la quema de vegetación y el roce de bosque primario bajo la expectativa de una titulación informal avalada por el vacío administrativo.
Espíritu Morales sostuvo que la intervención no será solo informativa, sino un cordón de seguridad jurídica ante lo que califica como una "depredación programada". El dirigente precisó que ya se han remitido oficios al Osinfor y a la Contraloría General de la República para que supervisen la actuación de los funcionarios de la DRA Huánuco, quienes habrían anulado la concesión de 2025 sin contar con informes técnicos que sustentaran dicha medida.
Ofensiva legal y control territorial
En paralelo al operativo de campo, la defensa legal de Monteverde prepara la presentación de una medida cautelar ante el Poder Judicial para suspender de inmediato los efectos de la resolución de la DRA. Esta estrategia busca que el área recupere su estatus de protección formal mientras se resuelve el fondo de la controversia, evitando que el proceso judicial se convierta en una victoria pírrica sobre un territorio ya deforestado.
La asociación advirtió que la presión sobre el bosque en Chaglla no es un hecho aislado, sino una respuesta directa a la señal de "tierra libre" enviada por la autoridad agraria regional. La movilización del 2 de mayo pretende frenar el ingreso de maquinaria y ganado que, según reportes de los guardabosques, ya se encuentran en los linderos de la concesión a la espera de consolidar asentamientos permanentes.
El conflicto ha escalado a un nivel sistémico que pone a prueba la coherencia de la gestión ambiental en Huánuco, enfrentando las metas de conservación regional con las decisiones de su propia Dirección de Agricultura. El éxito de la intervención en Pucaplaya definirá si el Estado es capaz de proteger activos ecológicos en disputa o si la burocracia administrativa terminará legitimando la pérdida irreversible de 3,139 hectáreas de biodiversidad.
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