El fiscal especializado en delitos de corrupción de Huánuco, Renato Alejos Vílchez, confirmó que el Ministerio Público ha formalizado la acusación por el caso de las maquinarias de la Dirección Regional de Transportes. El requerimiento fiscal incluye al gobernador regional, Antonio Pulgar Lucas, cuya situación jurídica dio un giro tras la anulación de una resolución de archivo que inicialmente lo había apartado de la investigación.
Según el fiscal Alejos Vílchez, la reincorporación de la autoridad regional en el proceso responde a un nuevo informe emitido por la Contraloría General de la República. El magistrado precisó que, mientras un primer examen de control no halló responsabilidad en el mandatario, un segundo reporte con hallazgos ulteriores obligó a revisar su participación en la presunta adquisición irregular de volquetes y otros equipos pesados.
La acusación marca el cierre de la etapa de investigación y el inicio del control jurisdiccional para determinar si el caso pasa a juicio oral. Este avance ocurre en un contexto de fuerte presión ciudadana sobre la Fiscalía Anticorrupción, que gestiona procesos críticos contra directores sectoriales y alcaldes en los cuatro despachos que operan actualmente en la sede departamental de Huánuco.
Respecto a la situación de Pulgar, el fiscal Alejos Vílchez explicó que el gobernador conserva su derecho a cuestionar los nuevos hallazgos de control y a ejercer su defensa técnica frente a la imputación. "Hubo un informe de Contraloría ulterior donde sí lo comprendieron. Consecuentemente, ese informe también tiene el derecho a ser cuestionado", sostuvo el magistrado para marcar distancia sobre la culpabilidad definitiva.
Sin embargo, el avance de las investigaciones enfrenta una crisis de recursos técnicos que ralentiza la obtención de pruebas científicas. Alejos Vílchez denunció que el Ministerio Público no cuenta con peritos en ingeniería civil y enfrenta cuellos de botella en el área de criminalística. Como ejemplo, citó una pericia de homologación de voz para un caso de cohecho que fue rechazada por la gerencia nacional debido a que la agenda está saturada para todo el año 2026.
Ante esta carencia de presupuesto y personal especializado, los despachos fiscales se ven obligados a buscar peritos externos para otorgar validez oficial a las pruebas. Pese a estas limitaciones, el fiscal subrayó que se han logrado tres sentencias condenatorias recientes, aunque reconoció que la percepción de impunidad persiste entre los usuarios de los servicios públicos que exigen celeridad en casos de alto impacto.
Para transparentar el estado de las denuncias contra autoridades vigentes, la fiscalía programó una conferencia de prensa para el próximo miércoles 20 de mayo. En este espacio, los fiscales provinciales de cada despacho deberán exponer los avances y la situación procesal de las carpetas consideradas "emblemáticas" por la opinión pública, respondiendo a cuestionamientos sobre posibles demoras o falta de resultados tangibles.
El destino del caso que involucra al gobernador Pulgar y la solidez de la acusación por la maquinaria de Transportes quedarán bajo el escrutinio del Poder Judicial en las próximas semanas. La capacidad del Ministerio Público para sostener la carga probatoria, en medio de la falta de ingenieros y especialistas técnicos, definirá si las investigaciones logran quebrar la inercia de los archivos o se estancan en la etapa de control.
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