El Gobierno Regional de Huánuco defendió el uso de obras por impuestos (OxI) como mecanismo para acelerar inversiones en salud, educación, seguridad e infraestructura, en medio de cuestionamientos por su eventual impacto fiscal en próximas gestiones. El gobernador Antonio Pulgar sostuvo que esta modalidad no genera intereses, deuda tradicional ni perjuicio económico; sin embargo, el marco normativo de la Ley N.° 29230 establece que los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) comprometen recursos futuros de la entidad pública.
Durante una conferencia de prensa, Pulgar afirmó que Huánuco pasó de contar con S/ 273.528 de capacidad CIPRL en 2023 a S/ 842.165.626 en 2024 y S/ 1.440.018.000 en 2025. Según explicó, estos montos no son acumulativos, sino topes anuales definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que calcula la capacidad de cada entidad para asumir proyectos bajo OxI. El gobernador indicó que el nuevo límite correspondiente a 2026 debería conocerse en junio.
La autoridad regional rechazó que el mecanismo deje “endeudada” a la región y comparó su funcionamiento con una compra en cuotas sin intereses. En una nota de prensa, el Gorehco agregó que “no habrá afectación económica” y que las obras por impuestos “no representan endeudamiento ni gasto adicional”. No obstante, según el marco normativo de OxI, el Tesoro Público emite los CIPRL para reconocer la inversión privada y luego recupera esos montos mediante descuentos a las transferencias futuras que corresponden a la entidad pública.
El impacto fiscal no aparece de inmediato
La diferencia central está en el momento en que se refleja el costo. Según los criterios presupuestales aplicables a los CIPRL, OxI permite ejecutar obras sin exigir un desembolso inmediato del presupuesto anual de la entidad; pero, una vez emitidos y utilizados los certificados, el repago se realiza con cargo a recursos futuros. En términos fiscales, no es una operación clásica de crédito público, aunque sus efectos pueden comportarse como un servicio de deuda.
Pulgar sostuvo que en 2026 no se descontó “ni un solo centavo” por la compra de patrulleros, debido a que la entrega ocurrió cerca del cierre del año fiscal. Esa explicación coincide parcialmente con la dinámica del mecanismo: los descuentos no siempre se reflejan en el ejercicio inmediato. Sin embargo, de acuerdo con los lineamientos del MEF y ProInversión, la obligación se activa cuando los certificados son reconocidos, registrados y aplicados contra las transferencias que recibirá la entidad en ejercicios posteriores.
El gobernador señaló que su gestión ha priorizado proyectos vinculados a necesidades urgentes. Mencionó la compra de 23 patrulleros, maquinaria pesada por alrededor de S/ 175 millones, cableado estructurado por S/ 14 millones y establecimientos de salud por S/ 26 millones. La nota de prensa del Gorehco añadió la adquisición de 103 ambulancias, la entrega de más de 70 mil mobiliarios para instituciones públicas y maquinaria pesada destinada a mejorar la capacidad operativa de municipalidades provinciales.
La discusión está en el uso intensivo
El punto crítico no es la legalidad del mecanismo, sino su intensidad y priorización. De acuerdo con la normativa de OxI, cada entidad tiene topes anuales para evitar un sobrecompromiso fiscal; aun así, el uso acumulado de varios convenios puede reducir el margen presupuestal de futuras autoridades. En la práctica, una parte de las transferencias que debería recibir la región puede quedar destinada al pago de certificados ya emitidos.
Pulgar aseguró que los proyectos son aprobados por el Consejo Regional y revisados por entidades como ProInversión y la Contraloría General de la República. Sin embargo, el propio marco de transparencia del mecanismo exige publicar convenios de inversión, adendas, avances mensuales, conformidades de recepción y registros actualizados en Infobras. Esa información permitirá conocer cuánto se comprometió, en qué plazos y bajo qué condiciones.
La normativa también advierte riesgos asociados a la selección de empresas, capacidades técnicas insuficientes, patrimonios inflados, sobrecostos, demoras en liquidaciones y priorización de obras visibles por encima de inversiones estructurales. En ese escenario, el control no solo depende de la aprobación formal del proyecto, sino de la calidad del expediente, la supervisión técnica, la competencia entre postores y la trazabilidad pública de cada desembolso.
La discusión sobre OxI en Huánuco queda abierta entre dos planos: la urgencia de cerrar brechas en salud, educación, seguridad e infraestructura, y la necesidad de no reducir en exceso el margen fiscal de los próximos años. La publicación del nuevo tope CIPRL en junio, el detalle de los convenios firmados y el avance real de las obras permitirán medir si el mecanismo opera como herramienta excepcional de inversión o como una carga presupuestal heredada para futuras gestiones.
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