El gobernador regional, Antonio Pulgar, advirtió que la minería ilegal viene expandiéndose a un ritmo alarmante en varios distritos y provincias de la región. Señaló que esta situación ya se anticipaba, especialmente en zonas de difícil acceso para las fuerzas del orden, donde la limitada presencia policial ha favorecido su avance. En ese sentido, el gobernador señaló que la problemática se ha agravado en los últimos años como consecuencia de las decisiones adoptadas por el Congreso de la República.
Explicó que, según reportes de una organización ambiental, la minería ilegal en la región habría pasado de representar aproximadamente 18 % a 37 % en los últimos años, lo que evidencia un crecimiento significativo de esta actividad en territorios con alta presencia de recursos auríferos.
Pulgar afirmó que la expansión de esta economía ilícita se ha visto favorecida por mecanismos vinculados al proceso de formalización minera. En ese sentido, cuestionó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo creado por el Estado para facilitar la regularización de pequeños mineros.
El gobernador sostuvo que dicho proceso, en la práctica, habría sido utilizado por operadores ilegales para continuar extrayendo minerales bajo la apariencia de formalización. “Los famosos REINFO que han pedido ampliar son lo peor que puede suceder”, afirmó, indicando que muchos de estos procesos terminan siendo utilizados como cobertura para operaciones que siguen siendo ilegales.
Además, durante sus declaraciones insinuó que algunas decisiones políticas impulsadas desde el Congreso habrían contribuido a este escenario, aunque no precisó nombres. Sus afirmaciones abren nuevamente el debate sobre la efectividad de las políticas de formalización minera en el país.
Crecimiento minero ilegal
El gobernador también informó que las autoridades han detectado maquinaria pesada utilizada en operaciones ilegales, especialmente en la provincia de Puerto Inca, donde se habrían identificado al menos 28 equipos destinados a actividades extractivas ilícitas.
Según explicó, estos equipos no corresponden a operaciones artesanales sino a estructuras con mayor inversión económica. De acuerdo con su versión, detrás de muchas de estas actividades existirían operadores que financian maquinaria de gran capacidad para explotar oro en zonas de difícil control estatal.
Ante este escenario, Pulgar indicó que el gobierno regional ha respaldado operativos para frenar estas actividades y aseguró que se han tomado decisiones radicales respecto al destino de la maquinaria incautada. Señaló que se dispuso destruir parte de estos equipos para evitar que vuelvan a ser utilizados en actividades ilegales, en lugar de recuperarlos para otras instituciones públicas.
La minería ilegal, según indicó, no se limita únicamente a Puerto Inca. También se reportan incrementos en Aucayacu, Marañón y Huamalíes, territorios donde el valor del oro y la dificultad de fiscalización facilitan la expansión de esta actividad.
Asimismo, el gobernador advirtió que se estaría registrando un desplazamiento de mineros ilegales desde otras regiones, lo que incrementa la presión sobre los ecosistemas amazónicos y los bosques de la región.
Frente a esta situación, informó que se vienen coordinando acciones con las fuerzas del orden. En algunos operativos participan la Marina de Guerra, la Policía Nacional y el Ejército, con el objetivo de realizar intervenciones conjuntas en las zonas afectadas.
Recursos limitados
Pulgar también cuestionó las limitaciones presupuestales para enfrentar este problema. Si bien indicó que el Gobierno central habría triplicado los recursos destinados a combatir la minería ilegal, explicó que aún existen procedimientos administrativos que retrasan su ejecución.
Según detalló, las autoridades nacionales solicitan previamente planes específicos de gasto antes de liberar recursos, lo que —según su opinión— dificulta una respuesta inmediata frente a invasiones mineras que avanzan rápidamente en territorios vulnerables.
Mientras tanto, el impacto ambiental continúa siendo uno de los principales motivos de preocupación. La minería ilegal genera deforestación, contaminación y destrucción de ecosistemas, especialmente en zonas amazónicas donde los bosques están siendo afectados por la extracción aurífera.
Pulgar señaló que en varios sectores ya se observan daños visibles en el territorio y reiteró que la región continuará brindando apoyo logístico para las intervenciones, incluyendo el desplazamiento de vehículos, personal y recursos operativos.
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