Perú lidera una articulación regional con Bolivia, Colombia y Ecuador para enfrentar la tala ilegal mediante una agenda conjunta centrada en control, trazabilidad y cooperación técnica. La iniciativa fue expuesta durante el Segundo Taller Regional realizado en Lima, donde el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) planteó mecanismos permanentes de coordinación frente a un delito que, según indicó, trasciende fronteras.
El SERFOR informó que el encuentro, desarrollado en la sede de la Comunidad Andina, reunió a autoridades y especialistas de los cuatro países con el objetivo de intercambiar experiencias y definir acciones comunes. La entidad, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), señaló que el espacio apunta a consolidar una respuesta regional frente al comercio ilegal de madera.
Durante su participación, el director ejecutivo del SERFOR, Erasmo Otárola Acevedo, sostuvo que la tala ilegal requiere una respuesta articulada. Según manifestó, fortalecer el intercambio de información y garantizar la trazabilidad de los productos forestales son elementos clave para mejorar el control en la región.
¿Puede la región coordinar una respuesta efectiva?
Otárola propuso la creación de un Comité Técnico Andino de Autoridades Forestales. Según indicó, este espacio permitiría armonizar criterios y avanzar hacia una cooperación más operativa entre los países involucrados.
El titular del SERFOR precisó que la institución cumple un rol técnico dentro del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR). De acuerdo con su exposición, esta función está orientada a promover la legalidad y sostenibilidad del sector forestal.
En el taller, Perú presentó herramientas como el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS) y la Guía de Transporte Forestal digital. Según Otárola, estos instrumentos buscan asegurar el origen legal de la madera y reforzar la fiscalización.
El SERFOR indicó que continuará promoviendo alianzas regionales en esta materia. El avance de estas iniciativas, según lo expuesto en Lima, dependerá de si los países logran traducir los acuerdos técnicos en acciones concretas frente a un mercado ilegal que opera a escala regional.
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