Diresa juega su última carta: Convertir el laboratorio en freno al desalojo

La cuenta regresiva del desalojo de la Diresa ya no se juega solo en el expediente civil ni en la deuda que reclama la Beneficencia. El nuevo punto de presión está dentro del laboratorio regional, donde la entidad sostiene que se procesan muestras de alta complejidad para toda la red sanitaria de Huánuco. Gustavo Barrera Sulca busca convertir ese dato en la última carta para frenar la diligencia del 10 de julio, mientras la Beneficencia mantiene sobre la mesa su derecho a recuperar el inmueble. El conflicto cambió de escala porque la Diresa ya no solo pide tiempo ni ofrece alquiler. Con un oficio técnico enviado a autoridades regionales, fiscales, policiales, Defensoría, EsSalud, colegios profesionales y Beneficencia, la institución intenta demostrar que una intervención sin protocolo puede afectar servicios esenciales. La pregunta dejó de ser únicamente cuánto debe pagar Salud por el local. Ahora también es quién responde si el lanzamiento interrumpe diagnósticos, vigilancia epidemiológica o custodia de muestras biológicas. La Beneficencia aparece como propietaria del inmueble y como actor clave de cualquier salida. Barrera cuestiona la deuda cercana a S/4 millones atribuida a la Diresa, porque, según su versión, fue calculada sobre S/45 mil mensuales durante siete años y sin contrato vigente. Marco Durand, desde la Defensoría del Pueblo, reconoce que judicialmente el caso estaría avanzado, pero sostiene que aún puede evitarse el desalojo mediante una transacción extrajudicial con contraprestación económica. El edificio ya no es el centro del caso La Diresa intenta desplazar el foco desde la ocupación del predio hacia la continuidad sanitaria. Según el informe técnico, el Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública atiende muestras de 389 instituciones prestadoras y articula una red de 96 laboratorios locales. Ese dato coloca el conflicto más allá de las oficinas de Dámaso Beraún: una diligencia en esa sede podría afectar una cadena regional de diagnóstico que llega a hospitales, centros de salud y otros establecimientos. El documento firmado por Barrera sostiene que el laboratorio procesa diagnósticos vinculados a más de 108 enfermedades bajo vigilancia epidemiológica. Allí se mencionan tuberculosis, VIH, sífilis, hepatitis B, dengue, chikungunya, zika, sarampión, tos ferina, leptospirosis y brucelosis. La Diresa también advierte manejo de fluidos, secreciones, tejidos, biopsias, cultivos bacteriológicos y otros materiales que, según la entidad, requieren condiciones especiales de manipulación. La posición de Barrera choca con la lectura política del alcalde Antonio Jara, quien ha marcado distancia de la decisión final. Jara sostiene que la municipalidad no administra los bienes de la Beneficencia ni recibe dinero de sus alquileres. También cuestiona que la Diresa haya esperado hasta el tramo final del proceso para buscar una salida. Barrera, en cambio, insiste en que la emergencia sanitaria obliga a reconsiderar cualquier intervención inmediata. Jara se aparta, pero el costo político lo alcanza Jara ha insistido en que el problema no depende directamente de la municipalidad. Su argumento es legal y administrativo: la Beneficencia tiene sus propios bienes, sus propias reglas y su propio directorio. Sin embargo, la Diresa acudió a la municipalidad porque existen representantes vinculados al gobierno local dentro de ese directorio. Por eso, aunque Jara intente apartarse, el caso ya lo roza políticamente. La Defensoría también coloca presión institucional sobre todos los actores. Durand sostiene que la Beneficencia no puede ser ajena a una necesidad de salud pública, pero tampoco desconoce su titularidad sobre el inmueble. Su salida apunta a una transacción: permanencia temporal, contraprestación económica y discusión separada de la deuda. Esa fórmula no resuelve el fondo, pero evitaría una intervención con alto costo público. La Beneficencia queda ante una decisión incómoda. Si ejecuta el desalojo, deberá sostener que puede recuperar el inmueble sin afectar el laboratorio regional. Si acepta una salida temporal, podría ser cuestionada por postergar un derecho ya reconocido judicialmente. En ambos casos, el informe técnico de la Diresa sube el costo de decidir sin explicar protocolos, plazos y garantías. Las cifras que elevan la presión sobre la Beneficencia El informe técnico usa números concretos para reforzar el argumento sanitario. Según la Diresa, durante 2025 el laboratorio procesó 38.201 análisis biológicos. En 2026 registra 2.986 muestras para virus del papiloma humano, con 412 resultados positivos. También reporta 1.739 dosajes prostáticos, con 263 positivos, y 6.127 muestras PAP, con 58 resultados positivos. En tuberculosis, el documento señala 706 pruebas por cultivo bacteriológico, con 58 casos positivos identificados. También registra 1.642 diagnósticos por pruebas moleculares Ultra y XDR, con 308 positivos y 22 casos resistentes a medicamentos antituberculosos. La Diresa presenta esos datos para sostener que el laboratorio no puede cerrarse, desmontarse o moverse como una oficina administrativa común. La advertencia se vuelve más sensible porque el informe menciona brotes activos. Según la Diresa, existen tres casos confirmados de sarampión en Mariano Dámaso Beraún, un caso confirmado de tos ferina en Monzón y 357 casos de dengue en 17 distritos endémicos. También reporta 1.026 casos de enfermedad de mano, pie y boca. La continuidad del laboratorio aparece, así, conectada con alertas sanitarias abiertas. La deuda sigue ahí, pero ya no explica todo El conflicto económico no desaparece. La Beneficencia, según lo señalado por Barrera, reclama una deuda acumulada que bordearía los S/4 millones. La Diresa responde que no puede reconocer ese monto sin mandato judicial, peritaje o procedimiento formal. En ese punto, la entidad sanitaria intenta separar dos discusiones: pagar un alquiler temporal para evitar el desalojo y discutir la deuda por una vía legal distinta. Esa separación puede ser la única ruta para desactivar la crisis inmediata. Barrera ha señalado que hubo propuestas de S/20 mil, S/30 mil e incluso la posibilidad de acercarse a S/45 mil mensuales, con respaldo del Gobierno Regional. La Beneficencia, sin embargo, rechazó la fórmula inicial y mantiene la recuperación del inmueble como escenario posible. La Defensoría plantea que ambas partes todavía pueden firmar un acuerdo antes de la diligencia. El problema es que el viernes no encontraría solo una institución ocupando un local. Barrera anunció que trabajadores de la Diresa pernoctarán dentro de la sede para evitar el traslado forzado. Esa decisión eleva el riesgo de tensión con policías, personal judicial y servidores de salud en el mismo espacio. Si además existe material biológico bajo custodia, el desalojo deja de ser un acto operativo y pasa a requerir conducción sanitaria. ¿Quién tiene la razón? El caso llegó a su punto más delicado porque todas las partes tienen una parte de razón y una parte de responsabilidad. La Beneficencia puede reclamar su propiedad. La Diresa no puede permanecer indefinidamente sin reglas claras de pago. El Gobierno Regional debe responder por una salida real. Y el juzgado no puede ignorar que una diligencia sobre una sede sanitaria requiere más que una orden de lanzamiento. La decisión inmediata debería separar urgencia de solución definitiva. Un acta temporal permitiría suspender la diligencia, ordenar el traslado del laboratorio y discutir la deuda sin presión de fuerza. Sin ese documento, Huánuco quedará ante una escena difícil: una entidad sanitaria atrincherada, una Beneficencia decidida a recuperar su bien y un laboratorio convertido en el centro de una crisis que ya excedió el inmueble.