El retraso en la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Regional ha paralizado la priorización de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), etapa inicial de un proceso de cuatro fases, según indicó el consejero por Huacaybamba, Rafael Céspedes Gamarra. El expediente, precisó, supera los 30 días de evaluación establecidos en el reglamento interno, lo que podría generar responsabilidades administrativas y penales para los miembros de la comisión.
Céspedes Gamarra señaló que la comisión —integrada por tres miembros— no cumplió con emitir dictamen dentro del plazo reglamentario de 30 días, pese a que los documentos fueron ingresados “hace más de un mes”. Según manifestó, dos dictámenes ya excedieron ese límite, lo que atribuyó a la “lentitud” en la conducción del presidente de la comisión, quien debía convocar mesas técnicas con al menos 3 días de anticipación.
El consejero indicó que, ante la demora, optará por emitir un dictamen en minoría —figura que, según precisó, no se ha utilizado en los últimos 4 años— con el objetivo de acelerar la priorización. “No quiero tener procedimientos administrativos o penales más adelante”, afirmó, al señalar que la responsabilidad podría recaer sobre toda la comisión si no se cumple el plazo.
Retrasos en la etapa clave del proceso
De acuerdo con Céspedes Gamarra, la priorización es solo la primera de 4 etapas del mecanismo OxI, seguida por la revisión de la Contraloría General, entidad que evalúa aspectos técnicos y de costos antes de la ejecución. El consejero precisó que la comisión no evalúa precios, sino únicamente la priorización, mientras que los detalles técnicos corresponden a especialistas y órganos de control.
El retraso impacta directamente a 9 alcaldes de centros poblados de Huacaybamba, quienes —según indicó— esperan la entrega de vehículos de aproximadamente 3.5 toneladas para atender emergencias. Estos proyectos fueron anunciados en septiembre de 2024 y forman parte de compromisos asumidos por el Ejecutivo regional, pero hasta marzo de 2025 no han superado la primera etapa.
¿Qué responsabilidad recae en la comisión?
El consejero sostuvo que la convocatoria a mesas de trabajo es atribución del presidente de la comisión, y cuestionó que este haya priorizado actividades de fiscalización fuera de la provincia, incluso en fechas cercanas al 20 de marzo, cuando se había acordado atender los expedientes antes de esa fecha. Según relató, en una reunión previa participaron solo él y su equipo técnico, debido a la ausencia de los otros dos miembros.
Por su parte, Céspedes reconoció que la consejera secretaria, identificada como Candy, habría señalado una posible vulneración del procedimiento, aunque insistió en que la responsabilidad principal recae en la falta de convocatoria oportuna. Añadió que las observaciones técnicas ya fueron levantadas por especialistas, lo que permitiría avanzar con la aprobación.
El consejero recordó que en 2024, bajo otra presidencia de comisión, los dictámenes se emitían dentro de los plazos establecidos, lo que —según indicó— contrasta con la situación actual. En ese contexto, el desenlace dependerá de la sesión que se convoque en los próximos días, mientras los plazos continúan corriendo y los proyectos permanecen en espera.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.