El contratista Sofonel Galindo denunció públicamente que el consorcio LP mantiene pagos pendientes por servicios prestados en una obra de saneamiento rural en Leoncio Prado y Concepción, jurisdicción vinculada a la municipalidad de Lauricocha. Según indicó, la deuda corresponde a facturas emitidas en febrero y marzo, y afecta a 27 trabajadores que aún no habrían cobrado el 100% de sus remuneraciones.
Galindo señaló que entre los afectados hay operarios provenientes de Chanchamayo, Huancavelica y Huancayo, quienes —según su versión— continúan esperando el pago por una relación de confianza. El contratista afirmó que la demora lo ha colocado en una situación crítica, porque sus trabajadores dependen de que el consorcio cumpla con cancelar las valorizaciones pendientes.
De acuerdo con su testimonio, el 9 de abril sostuvo una reunión con Marcos Sipión, a quien identificó como uno de los socios del consorcio. Galindo aseguró que en esa cita se le ofreció realizar un primer depósito al día siguiente y completar el pago el lunes posterior, pero hasta la fecha no se habría concretado ningún abono.
Documentos y promesas incumplidas
El denunciante mostró órdenes de servicio, conformidades y facturas a crédito emitidas desde febrero. También sostuvo que los trabajos fueron ejecutados con informes y conformidades de residencia, lo que, según dijo, debía permitir la cancelación de los pagos pendientes.
Galindo agregó que incluso compraron materiales cuando hicieron falta durante la ejecución de la obra. Según manifestó, la falta de pago generó presión entre los trabajadores y derivó en la paralización de actividades, luego de varias conversaciones sin resultado con representantes del consorcio.
Evalúan acudir a la Contraloría
El contratista indicó que fue convocado por la contadora del consorcio para una nueva conversación. Sin embargo, advirtió que, si no se alcanza un acuerdo y no se cancela el 100% de la valorización, acudirá a la Contraloría para denunciar el caso.
“Detrás de mí están mis personales, todos ellos trabajan porque necesitan y tienen familia”, expresó Galindo. El desenlace dependerá ahora de si el consorcio LP concreta el pago ofrecido o si el conflicto escala a una instancia de control.
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