La Contraloría General de la República identificó deficiencias críticas en la ejecución de S/ 67.6 millones destinados a infraestructura educativa y servicios sanitarios en las provincias de Leoncio Prado y Puerto Inca. El operativo, que se extenderá hasta el 24 de abril, ha puesto al descubierto que millonarias inversiones en laboratorios universitarios y redes de salud no están prestando servicio efectivo a la población debido a fallas en equipamiento y planificación.
El hallazgo más grave se concentra en la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), donde la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica recibió una inversión de S/ 54.3 millones que, desde 2023, no logra concretar la implementación de sus laboratorios. Según el reporte técnico, áreas estratégicas como hidroenergía y electrónica industrial carecen de equipos básicos, afectando directamente la formación académica de más de 250 estudiantes huanuqueños.
En el sector Salud, la situación es igualmente precaria. Durante la inspección al Centro de Salud de Puerto Inca, los auditores constataron que la ambulancia del establecimiento carece de equipamiento médico esencial para emergencias. Además, se detectó un manejo inadecuado de residuos biocontaminados, un factor que eleva el riesgo sanitario para pacientes y trabajadores en una zona donde el acceso a servicios de alta complejidad es limitado.
Infraestructura sin servicio real y retrasos técnicos
César Aguilar Surichaqui, contralor general, sostuvo que estas intervenciones buscan garantizar que los recursos públicos se traduzcan en beneficios tangibles, algo que no ocurre en la Facultad de Zootecnia de la UNAS. En dicha sede, la construcción de galpones de investigación registra un retraso del 35 % y carece de factibilidad para energía trifásica, una omisión técnica que impide el uso de la infraestructura de S/ 13.3 millones ya ejecutada.
Esta deficiencia en la gestión estatal no es un hecho aislado. En la provincia de Dos de Mayo, los usuarios del Centro de Salud de La Unión han denunciado esperas prolongadas bajo temperaturas extremas y falta de personal asistencial. La precariedad observada por la Contraloría en la selva encuentra un eco en la sierra, donde la ciudadanía demanda una fiscalización que pase de la advertencia técnica a la sanción administrativa efectiva.
El panorama de desconfianza institucional se agudiza con la reciente denuncia del excandidato Rodolfo Espinoza ante la Fiscalía. En declaraciones recogidas por este diario, Espinoza alertó sobre presuntas irregularidades en 193 actas electorales observadas en Huánuco, cuestionando la transparencia en el procesamiento de votos. Esta tensión política añade presión a un escenario regional marcado por la percepción de una gestión pública lenta y desconectada.
Fiscalización y control ciudadano en agenda
Clever Calixto, presidente del Comité Central de Juntas Vecinales, anunció que desde mayo se aplicarán multas de hasta S/ 2,750 a quienes incumplan el horario de recojo de basura en el sector La Quinta. Esta medida intenta mitigar la acumulación de desechos en una ciudad que ya genera 250 toneladas diarias, pero cuya logística municipal sigue bajo cuestionamiento vecinal.
El resultado final de este operativo multidisciplinario será determinante para establecer responsabilidades en la UNAS y en las redes provinciales de salud. Lo que queda pendiente es determinar si el Ministerio Público actuará sobre los informes de control y si las entidades intervenidas lograrán subsanar las omisiones técnicas antes de que el deterioro de la infraestructura obligue a nuevas y más costosas reinversiones estatales.
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