ANGR rechaza devolver Salud y Educación a Lima ante críticas por gestión regional

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) rechazó que las funciones de Salud y Educación regresen a la administración central y exigió respetar la descentralización como política permanente del Estado. El pronunciamiento, fechado el 30 de agosto y difundido también por el Gobierno Regional de Huánuco, abrió una disputa sobre la capacidad de las regiones para administrar servicios esenciales. La organización atribuyó al ministro de Salud, Luis Dyer, haber señalado en Pucallpa que “la descentralización no funcionó” y que ambos sectores “tienen que regresar a Lima central”. Esa declaración no ha modificado el reparto legal de competencias. La política formal vigente incluso apunta en sentido contrario: el Ejecutivo aprobó el 1 de julio el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales de 2026, que incluye a los ministerios de Salud y Educación. La controversia surgió tras la inspección de hospitales en Ucayali La reacción ocurrió después de que Dyer recorriera establecimientos sanitarios de Ucayali y cuestionara sus condiciones. Durante la inspección al Hospital Regional de Pucallpa, pidió acelerar los trabajos y sostuvo que las autoridades regionales debían comprobar directamente las carencias denunciadas por pacientes y trabajadores. Según la Agencia Andina, el Gobierno Regional de Ucayali se comprometió a trasladar servicios hacia instalaciones temporales en 45 días. Dyer anunció que retornaría para verificarlo. También advirtió falta de insumos y equipos, aunque situó el abastecimiento de medicamentos entre 90 % y 95 %. El cuestionamiento tiene un antecedente documentado. La Contraloría determinó en el Informe n.° 023-2025-2-5354 que el Gobierno Regional de Ucayali aprobó planes y un expediente técnico de saldo de obra sin culminar la constatación física y el inventario. El expediente era incompleto e inconsistente y posteriormente fue observado por el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS). Según el órgano de control, los hechos ocasionaron una consecuencia económica adversa de S/2 206 280,32 y retrasaron el reinicio de la obra. La baja ejecución debilita la defensa de las regiones La ANGR sostuvo que la descentralización ha acercado el Estado a la ciudadanía y cerrado brechas territoriales. Sin embargo, los indicadores oficiales muestran dificultades en la gestión regional de inversiones. El Índice de Gestión de las Inversiones Públicas del MEF, correspondiente al segundo trimestre de 2026, otorgó a los gobiernos regionales un resultado general de 0,496, ubicado en el nivel medio. En el subíndice específico de ejecución, el puntaje cayó a 0,397 y fue clasificado como desempeño bajo. El Gobierno nacional obtuvo 0,444 en esta última dimensión y se mantuvo en el nivel medio. El resultado tampoco permite concluir que gastar más garantice mejores servicios. Ucayali encabezó el índice regional con 0,592 y alcanzó 0,579 en ejecución, pero su hospital regional continúa acumulando retrasos y observaciones. La ejecución financiera debe contrastarse con el avance físico, la calidad de la infraestructura y su utilidad. En Huánuco, el contraste es directo. El gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, reconoció el 3 de agosto que su administración permanecía penúltima, con 28,8 % de ejecución en proyectos. La gestión proyectó llegar a 58 % al cierre de agosto, mientras su gerente general anunció una meta distinta de 70 %. El GORE difundió ahora el pronunciamiento de la ANGR. PRONIS y PRONIED no eliminan la responsabilidad regional La ANGR argumentó que decisiones sobre infraestructura y contratación de personal especializado continúan en manos del Gobierno nacional. Añadió que PRONIS y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) concentran grandes inversiones. La responsabilidad, no obstante, es compartida. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales encarga a las regiones administrar sus políticas de Salud y Educación, organizar establecimientos sanitarios, supervisar servicios y ejecutar infraestructura y equipamiento. Los ministerios mantienen la rectoría, las políticas nacionales y determinadas inversiones de gran escala. Pucallpa muestra esa cadena: la Contraloría atribuyó al Gobierno Regional de Ucayali la aprobación del expediente deficiente y PRONIS lo observó posteriormente. La intervención nacional no borra las obligaciones regionales, ni las competencias transferidas liberan al Ministerio de Salud de su función rectora. La política oficial todavía mantiene la transferencia de competencias La Constitución define la descentralización como una política permanente y obligatoria. La Ley de Bases de la Descentralización la considera irreversible, pero también dinámica, gradual y sometida a evaluación. Una declaración ministerial no basta para retirar competencias fijadas por ley ni acredita una recentralización en marcha. El Decreto Supremo n.° 100-2026-PCM, aprobado con el voto del Consejo de Ministros, mantiene para este año la transferencia de funciones desde 16 sectores, entre ellos Salud y Educación. Si la frase atribuida a Dyer fue literal, entra en tensión con esa política formal, pero todavía no constituye una decisión del Ejecutivo. En Ucayali, el primer resultado verificable llegará con el plazo de 45 días ofrecido para trasladar los servicios. En el plano nacional, la controversia solo cambiará el reparto vigente si el Gobierno presenta una propuesta normativa. Hasta entonces, el pronunciamiento de la ANGR es una defensa preventiva de las competencias regionales ante los cuestionamientos por su gestión.