El costo de la Alameda Perú en Tingo María se elevó de S/ 6 millones en 2021 a cerca de S/ 19 millones en su culminación, lo que representa un incremento de aproximadamente 280%, según señaló el ingeniero Linder Teodoro Leandro. La obra, inaugurada por el gobernador regional Antonio Pulgar, ha sido cuestionada por el aumento sostenido de su presupuesto en un plazo de tres años, pese a que el expediente técnico inicial establecía un monto significativamente menor.
El proyecto, que comenzó con un expediente valorizado en S/ 6 millones en 2021, fue actualizado a S/ 9 millones en 2022 y luego a S/ 15 millones 915 mil en 2023, hasta alcanzar casi S/ 20 millones al cierre de su ejecución. Según explicó Leandro, este crecimiento progresivo responde a deficiencias en la formulación inicial y a la incorporación de nuevas partidas durante la ejecución, lo que evidenciaría una planificación incompleta desde la etapa de preinversión.
El especialista indicó que, en condiciones técnicas normales, una obra pública debería registrar incrementos de entre 10% y 15%, pero no multiplicar su costo hasta en casi tres veces. “¿Cómo puede ser posible que una obra se inicia con seis millones y se termina con cerca de veinte millones?”, cuestionó, al advertir que este patrón no sería aislado, sino replicado en otras intervenciones del Gobierno Regional.
Fallas técnicas y contratos bajo cuestionamiento
Leandro atribuyó el incremento a errores en la elaboración del expediente técnico, donde no se habrían considerado todas las partidas necesarias desde el inicio. Según detalló, los consultores habrían planteado proyectos “incompletos”, lo que obligó a sucesivas modificaciones presupuestales durante la ejecución, elevando el costo total en varios millones de soles.
El ingeniero también advirtió sobre el uso predominante de contratos a precios unitarios, modalidad que permite a los contratistas cobrar por cada actividad adicional ejecutada. A diferencia de los contratos a suma alzada —donde el monto es fijo—, este esquema facilitaría incrementos continuos del presupuesto conforme aparecen nuevas necesidades en obra.
En ese contexto, señaló que los gastos generales pueden alcanzar entre 15% y 20% del total de la obra, incluyendo supervisión y personal técnico. Sin embargo, afirmó que en la práctica muchas obras que reportan entre 20 y 25 ingenieros en planillas terminan ejecutándose con apenas 2 profesionales en campo, lo que abre interrogantes sobre el destino de esos recursos.
Impacto y cuestionamientos a la supervisión
El caso de la Alameda Perú se suma a otras obras mencionadas durante la entrevista, como el puente Aucayacu o el complejo deportivo de Paucarbamba, donde también se registran ampliaciones presupuestales y retrasos. Según el periodista que condujo la entrevista, estos proyectos continúan recibiendo inyecciones de recursos pese a no haber sido concluidos, lo que refuerza la percepción de un patrón en la gestión regional.
Leandro cuestionó además el rol de la Contraloría General de la República, al señalar que las revisiones se concentran en partidas técnicas, pero no en la verificación del personal contratado ni en el uso efectivo de los recursos humanos. “Debe pedirse si esos ingenieros tienen contratos y si han recibido pagos mensuales”, precisó, sugiriendo que parte del presupuesto podría no estar siendo fiscalizado de manera integral.
La obra, además, enfrenta críticas por su funcionalidad. Según lo señalado en la entrevista, pese a la inversión cercana a los S/ 20 millones, las zonas aledañas a la Alameda Perú continúan inundándose durante lluvias intensas, lo que evidenciaría la ausencia de obras complementarias en el diseño inicial. El caso abre una interrogante mayor: si el incremento presupuestal responde a mejoras reales o a deficiencias estructurales que podrían repetirse en futuras gestiones regionales.
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