El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, afirmó que los mineros ilegales dejarán de contar con la protección legal del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) desde el 1 de enero de 2027, siempre que el Congreso apruebe el proyecto de ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE). El anuncio lo hizo en entrevista con Ampliación de Noticias de RPP.
Según el titular del sector, uno de los principales cambios de la iniciativa es eliminar el resguardo que hoy ampara a operadores que, bajo la condición de informales, estarían realizando actividades de minería ilegal. "El Reinfo hoy día, tal como está, tiene un paraguas legal que protege sobre todo a los mineros ilegales. No vamos a hablar de los mineros informales que quieren trabajar bien y vamos a ayudarlos para que se formalicen", señaló Shinno.
El ministro sostuvo que, una vez retirada esa protección, quienes desarrollen actividades ilegales podrán ser investigados por delitos como extracción ilícita de minerales y contaminación ambiental. "Si le cortamos esa protección legal a partir del primero de enero, ya van a poder ser investigados por extracción ilícita, contaminación al medio ambiente y otras actividades ilícitas que están cometiendo", manifestó.
Un régimen de consolidación, no una ampliación del Reinfo
Shinno remarcó que la propuesta del Ejecutivo no representa una ampliación del Reinfo, sino un nuevo mecanismo denominado régimen de consolidación, con un periodo de 18 meses para avanzar en la formalización minera. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo ante el Congreso y deberá ser debatido en el Parlamento, donde ha recibido observaciones de representantes de los gremios de pequeña minería y minería artesanal.
De acuerdo con el ministro, el régimen simplifica los procedimientos para que pequeños mineros y mineros artesanales cumplan con los requisitos del Estado. El proceso, agregó, deberá considerar las diferencias entre la minería aluvial, que se desarrolla principalmente en la selva, y la minería filoniana o de socavón, característica de las zonas andinas. "Con un proceso mucho más simplificado sí podemos lograr que en 18 meses acabe la formalización", afirmó.
La iniciativa también crea el Organismo de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), que conducirá el proceso de formalización y supervisión durante cinco años. Esta entidad asumiría las funciones que hoy desarrolla la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas y, posteriormente, transferiría sus responsabilidades a los gobiernos regionales.
Mayor fiscalización a plantas procesadoras y seguimiento financiero
Otro de los cambios del proyecto MAPE es reforzar la fiscalización de las plantas de procesamiento de minerales, consideradas por el Gobierno un punto clave para controlar el origen del mineral y su trazabilidad. El ministro indicó que entidades como OEFA, Osinergmin y Sunafil participarían en la supervisión de estas instalaciones, especialmente de aquellas que procesan 25 toneladas o más.
Asimismo, la iniciativa plantea que el Banco de la Nación abra cuentas corrientes a los mineros en proceso de formalización, con el objetivo de hacer seguimiento a sus operaciones financieras. Según Shinno, la medida busca evitar que la falta de acceso al sistema financiero impida identificar el origen y destino del dinero que movilizan los operadores mineros.
El cronograma que fija la propuesta del Minem
De acuerdo con el material difundido sobre la iniciativa, el Reinfo concluiría el 31 de diciembre de 2026 y el régimen de consolidación funcionaría entre el 1 de enero de 2027 y el 30 de junio de 2028. El objetivo declarado es que los operadores completen las exigencias para ingresar al régimen ordinario.
El proyecto también contempla incentivos para que los titulares de concesiones mineras suscriban contratos de explotación por tres años con mineros informales. Entre esos beneficios figuran la condonación de penalidades y la reducción del pago por derecho de vigencia de sus concesiones. Además, el Minem podría reservar durante un año determinadas áreas de concesiones extinguidas que coincidan con las zonas declaradas por los mineros del régimen de consolidación; durante ese periodo, solo los comprendidos en ese régimen podrían solicitar esas áreas para continuar sus operaciones.
La propuesta deja pendientes de reglamentación varios aspectos operativos. Según el material difundido, el Poder Ejecutivo deberá aprobar un reglamento en un plazo de 120 días calendario desde la publicación de la ley, y en ese instrumento quedarían por precisar los cambios que necesitarán entidades como el OEFA y la Sunafil para cumplir sus funciones bajo el nuevo régimen.
Las observaciones al proyecto
El abogado del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), César Ipenza, consideró que la medida constituye una ampliación encubierta del Reinfo. "Aunque digan que están cerrando el Reinfo, esa no es la realidad", advirtió, según El Búho. El especialista sostiene que el país lleva 23 años intentando formalizar esta actividad sin resolver el problema de fondo y que crear otro proceso no garantiza que los mineros cumplan las condiciones necesarias para operar legalmente.
El OMI también cuestiona que el proyecto permita a los mineros continuar sus actividades mientras tramitan los permisos necesarios y advierte que la propuesta no precisa cómo se controlará la compra, el almacenamiento y el uso de explosivos. A ello se suma que no detalla los cambios que requerirán el OEFA y la Sunafil. Sobre las plantas de beneficio, el proyecto establece que las que procesen más de 25 toneladas métricas de mineral al día serán fiscalizadas por el OEFA, Osinergmin y la Sunafil durante cinco años, pero no precisa cómo se controlará a las de menor capacidad.
Desde otra óptica, CooperAcción sostiene que la Ley MAPE concentra sus medidas en plazos, registros, fiscalización, trazabilidad y apoyo técnico, pero no modifica las reglas que mantienen a los mineros artesanales y pequeños productores sujetos a los dueños de las concesiones. Para la organización, sin cambios en ese punto, la formalización seguirá entrampada.
El investigador de CooperAcción, José de Echave, señala que los mineros que quieren formalizarse no pueden operar sin un contrato de explotación o cesión, y que esos acuerdos dependen de los titulares de los derechos mineros, que no tienen obligación de otorgarlos. De acuerdo con las cifras que maneja la organización, 22 millones de hectáreas, equivalentes al 17% del territorio peruano, están concesionadas; el 1% de los titulares concentra más de la mitad de esa extensión y unas tres millones de hectáreas se destinan a exploración, explotación, plantas de beneficio, prospección o cierre de minas.
Con la ley aún en manos del Parlamento, el plazo del 1 de enero de 2027 para el fin de la protección legal del Reinfo depende de su aprobación. El Ejecutivo sostiene que el nuevo mecanismo permitirá fiscalizar a los operadores y diferenciar a los mineros informales que buscan formalizarse de quienes realizan actividades ilegales.
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