La Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó al Ministerio Público evaluar la ampliación de las diligencias de investigación y acelerar las actuaciones destinadas a esclarecer los hechos reportados por un medio de comunicación sobre presuntos cobros ilícitos atribuidos a funcionarias de la institución en el procedimiento de selección y nombramiento de magistrados.
Según el pronunciamiento difundido este jueves 29 de octubre, el organismo presidido por María Teresa Cabrera Vega pidió a la Fiscalía de la Nación, en el marco de su autonomía constitucional y atribuciones legales, impulsar oportunamente las actuaciones necesarias, identificar a las personas involucradas y establecer el alcance de los hechos denunciados.
La JNJ sostuvo que considera indispensable que el Ministerio Público profundice y acelere las diligencias para esclarecer lo reportado. En el mismo documento reafirmó su compromiso con la transparencia, la integridad institucional y la confianza ciudadana.
Disposición a colaborar con la investigación
El organismo reiteró su disposición de colaborar con el Ministerio Público y de proporcionar, en el marco de sus competencias, la información y documentación que le sean requeridas, a fin de determinar las responsabilidades individuales que correspondan y salvaguardar la legitimidad de las funciones constitucionales encomendadas.
La JNJ es un organismo constitucionalmente autónomo e independiente, sometido a la Constitución, a su ley orgánica y a las demás leyes sobre la materia. Tiene como misión nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial, así como a los jefes de la ONPE y el Reniec.
El rol institucional y los controles internos
De acuerdo con la información difundida por el propio organismo, esa función contribuye al fortalecimiento de la administración de justicia y de la institucionalidad democrática mediante procesos justos y transparentes orientados a contar con profesionales idóneos y competentes.
En el marco de sus atribuciones, la JNJ también recordó a los jueces y fiscales la obligación de presentar y mantener actualizada su declaración jurada ante la entidad, en virtud de la Ley N.° 30155. La norma exige consignar domicilio real, correo electrónico personal e institucional y números de teléfono, y advierte que la no presentación o actualización de esa declaración constituye una falta conforme a la legislación vigente.
El organismo aprobó además la conformación de sus comisiones permanentes para el periodo 2026 mediante la Resolución N.° 025-2026-JNJ. La Comisión de Procesos Disciplinarios es presidida por Gino Ríos Patio e integrada por Víctor Chanduví y Germán Serkovic; la Comisión de Selección y Nombramiento la preside Víctor Chanduví e integran María Cabrera Vega, Germán Serkovic y Cayo Galindo.
La Comisión de Evaluación Parcial de Desempeño es presidida por Francisco Távara e integrada por Jaime de la Puente Parodi y Cayo Galindo, mientras que la Comisión de Evaluación y Ratificación la preside Jaime de la Puente e integran Cayo Galindo y Francisco Távara.
Competencias y plazos del organismo
La JNJ realiza, en coordinación con la Academia de la Magistratura (Amag), la evaluación parcial de desempeño de jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años y seis meses, y ratifica mediante voto público y motivado a los magistrados de todos los niveles cada siete años.
La solicitud al Ministerio Público se produce en el contexto de las diligencias que la Fiscalía debe impulsar para identificar a las personas involucradas y establecer el alcance de los hechos denunciados, según el pronunciamiento del organismo autónomo.
El antecedente de la reforma al artículo 142
La actuación de la JNJ se produce en un contexto de debate sobre los límites de sus competencias. En diciembre de 2025, el organismo presentó un proyecto de ley para que las resoluciones que emita en materia disciplinaria contra jueces y fiscales no puedan ser revisadas por el Poder Judicial, según informó Infobae.
La iniciativa planteaba una reforma al artículo 142 de la Constitución Política del Perú, a fin de que, además de las decisiones de la JNJ sobre nombramiento y ratificación de magistrados, se incorporen las resoluciones sobre sanción disciplinaria contra magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. El proyecto contemplaba una excepción: la revisión judicial mediante proceso de amparo procedería cuando en la aplicación de tales resoluciones se advierta vulneración de derechos humanos.
De acuerdo con la exposición de motivos citada por ese medio, el proyecto nacía en respuesta a la “constante interferencia judicial, principalmente a través de acciones de amparo, medidas cautelares y procesos contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones de la JNJ en materia de nombramiento y sanción disciplinaria”. El organismo sostenía que sus atribuciones se veían “paralizadas o desnaturalizadas” por decisiones judiciales.
El conflicto institucional en el sistema de justicia
El pronunciamiento también se enmarca en una disputa institucional más amplia que involucró a la JNJ, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y la Junta de Fiscales Supremos, según el análisis del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).
Ese conflicto se intensificó tras la decisión de la JNJ de anular su propia resolución de destitución contra Benavides y ordenar su reposición en el cargo de Fiscal de la Nación. La medida fue rechazada por la Junta de Fiscales Supremos, lo que generó un enfrentamiento inédito que puso en debate los límites de competencia entre órganos constitucionales.
La JNJ fue creada tras la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en 2018, como parte de una reforma judicial que buscó garantizar mayor transparencia, meritocracia e independencia en el sistema de justicia. Según el IDEHPUCP, desde su instalación enfrentó múltiples intentos de debilitamiento, incluidos procesos de inhabilitación contra sus integrantes, propuestas legislativas para eliminarla y presiones políticas abiertas.
El mismo análisis recuerda que estándares internacionales protegen la independencia y autonomía funcional de jueces y fiscales. Las Directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales señalan que los Estados deben garantizar que actúen sin intimidaciones ni injerencias indebidas, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que el diseño institucional del Ministerio Público debe asegurar su autonomía.
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