El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, supervisó un megaoperativo de interdicción contra la minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, en la región Madre de Dios. La diligencia, que se desarrolla en el marco de las acciones articuladas del Ministerio Público para proteger las áreas naturales, busca contrarrestar los delitos que afectan la biodiversidad.
Según informó la Agencia Andina, las acciones de interdicción, lideradas por las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), se iniciaron el martes 12 de agosto y, hasta la fecha, permitieron destruir aproximadamente 150 objetivos utilizados para la minería ilegal, entre maquinarias, combustibles, zarandas, dragas y otros implementos empleados para la extracción ilícita de minerales en el área.
Despliegue interinstitucional
Durante la supervisión, el titular del Ministerio Público verificó el despliegue operativo de los fiscales especializados y el trabajo conjunto con el Ministerio del Ambiente, la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la Marina de Guerra del Perú, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y otras entidades que brindaron apoyo para el desplazamiento, control y ejecución de las interdicciones.
La visita permitió constatar las condiciones del área natural protegida y sus zonas de influencia, así como el impacto que generan las redes criminales transnacionales en los bosques, cuerpos de agua y biodiversidad de Madre de Dios.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental viene desarrollando de manera permanente acciones contra la minería ilegal en Tambopata. En anteriores operativos ejecutados en esta zona se identificaron balsas, motores, sistemas de succión, campamentos, combustible y otros implementos vinculados a la extracción ilegal de minerales, disponiéndose su destrucción conforme a la normativa vigente.
Presión sobre la reserva
La Reserva Nacional de Tambopata constituye uno de los principales espacios de conservación de la biodiversidad amazónica y enfrenta amenazas asociadas a actividades extractivas ilegales. Un monitoreo satelital desarrollado por Conservación Amazónica (ACCA) reportó que entre 2025 y los primeros meses de 2026 se perdieron más de 500 hectáreas de cobertura forestal por actividades vinculadas a la minería ilegal en el área natural protegida.
El estudio identificó nuevos focos de extracción de oro, campamentos clandestinos y maquinaria pesada operando dentro de la reserva, principalmente en el corredor del río Malinowski y en sectores como Isla Córdoba, Isla Correntada y la zona conocida como A4. Se estima que alrededor de mil personas participarían actualmente en estas actividades ilícitas.
Para especialistas en conservación, el retorno de estas actividades refleja que las acciones de interdicción no han logrado contener de manera permanente el ingreso de redes criminales a la reserva. Sidney Novoa, director de tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica (ACCA), advirtió que el avance de la minería ilegal cerca de puestos de control incrementa el riesgo para los guardaparques.
“Es especialmente preocupante que una parte importante del avance de la minería ilegal se esté registrando dentro de la reserva y en zonas cercanas a puestos de control. Esto incrementa significativamente el nivel de riesgo para los guardaparques que cumplen la labor de proteger la Reserva Nacional Tambopata y evidencia la necesidad de adoptar medidas urgentes y de mayor alcance para prevenir posibles situaciones de violencia o confrontación en el territorio”, indicó Novoa.
Trayectoria del fiscal de la Nación
Gálvez Villegas fue elegido fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029 en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos el 23 de marzo. Según informó lalupa.pe, el cargo ya lo venía ocupando de manera interina desde septiembre de 2025, tras la destitución de Delia Espinoza. Su juramentación se realizó el 27 de marzo, conforme a la resolución publicada en el diario oficial El Peruano.
Su trayectoria profesional incluye roles como fiscal supremo titular desde diciembre de 2015 y fiscal adjunto supremo titular desde marzo de 2003 hasta diciembre de 2015. Previamente fue vocal superior titular entre abril de 2002 y marzo de 2003, y fiscal provincial penal de julio de 1997 a abril de 2002.
En su formación académica, Gálvez Villegas posee un Doctorado en Políticas Públicas y una Maestría en Administración y Gestión Pública del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Además, cuenta con un Doctorado en Derecho y Ciencia Política, una Maestría en Derecho Civil y el título de abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú, respectivamente.
Cuestionamientos y contexto institucional
La llegada de Gálvez al cargo ocurrió en medio de cuestionamientos. Según Infobae, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) advirtió que la elección se dio en un escenario donde varios candidatos tenían investigaciones o cuestionamientos en curso. El gremio señaló que la situación no tiene precedentes en la historia reciente del Ministerio Público.
“Resulta preocupante que las candidaturas recayeran en fiscales supremos con serios cuestionamientos legales”, indicó el CAL.
El nombre de Gálvez fue incluido en investigaciones por el caso “Cuellos Blancos del Puerto” y vinculado a la organización conocida como “Los Gánsters de la Política”. Sin embargo, según Infobae, el Congreso decidió archivar las denuncias en ambos casos.
Pese a las críticas, el nombramiento fue oficializado. El CAL, por su parte, exhortó a las autoridades a garantizar la independencia de jueces y fiscales, al advertir que la democracia atraviesa un momento delicado.
Con este nuevo megaoperativo, el Ministerio Público reafirma su compromiso de fortalecer la persecución de los delitos ambientales mediante el despliegue de las FEMA y el trabajo coordinado con las instituciones competentes, en defensa de las áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la biodiversidad del país.
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